Condenan a Rivas, Mellet y Ponce a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa, ABC DE SEVILLA 6 Noviembre.

SEVILLA / CASO MERCASEVILLA

Condenan a Rivas, Mellet y Ponce a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa

MERCEDES BENÍTEZABCDESEVILLA / SEVILLA

Día 06/11/2012 - 16.21h

ABC

Rivas, Mellet y Ponce, los condenados por el caso Mercasevilla por cohecho

JUAN FLORES

Ángel Márquez, juez en el caso Mercasevilla, leía este martes la sentencia que juzgaba a Mellet, Rivas y Ponce

El juez Ángel Márquez ha condenado al exdelegado de Empleo, Antonio Rivas y los directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet yDaniel Ponce a pagar una multa de 600.000 euros por un delito decohecho al pedir una comisión a los empresarios de La Raza a cambio de la escuela de hostelería. Si no pagan la multa tendrán que ingresar en prisión por espacio de doce meses, tal y como ha solicitado la Fiscalia Anticorrupción. El fallo no será firme hasta que se pronuncie el TSJA ya que los abogados de los tres condenados han anunciado su intención de recurrir al Alto Tribunal. La sentencia, que se acaba de hacerse pública, condena a los tres a 21 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

«Rivas tiene un interés desmedido en la concesión de esta subvención»

En cualquier caso la sentencia recoge que al jurado le ha quedado probado que "Rivas tiene un interés desmedido en la concesión de esta subvención, ya que varios testigo tales como el propio consejero Antonio Fernández y Juan Lanzas ratificaron que Rivas carecía de competencias y aún así estuvo en contacto con Mellet en varias reuniones pese a que Rivas ni tramitaba ni gestionaba este tipo de subvenciones, limitandose su competencia a la posible concesión u otorgamiento de cursos de formación". Y también que en la grabación existen día referencias a la intervención de Rivas y ello pone de relieve que "las sospechas de los afectados recaían sobre Rivas pues había sido el interlocutor en todo el tema de la subvención".

El detallado fallo asegura que Rivas fue quien ideó el soborno "concertandose con Mellet y a través de este con Daniel Ponce aceptaron realizar la petición de dinero que les planteaba aquel, en beneficio propio o de terceros", lo que califica como una actuación conjunta. El juez considera que el mal causado a la administración se ha potenciado por "la repercusión pública que era de esperar dada la condición pública de los acusados".

El juez estima que el ejercicio de silencio de Mellet (que se negó a declarar) "aunque no pueda ser valorada como prueba puede ser una oportunidad perdida de debilitar o desvirtuar la prueba existente, coadyuvando a otorgar credibilidad a las declaraciones del contrario". Y sobre la multa, ha valorado la situación económica de los mismos de la que se desprende que "son propietarios de inmuebles y vehículos" y los signos externos que han mostrado a lo largo del juicio. O la situación de Rivas que percibe retribuciones de distintos organismos.

El fallo, de más de cuarenta folios también deduce testimonio contra la que fuera secretaria de Rivas, Consuelo Velázquez, por falso testimonio en el juicio.

El juez ha rebajado las peticiones del fiscal que solicito hasta 900.000 euros de multa.Y tampoco ha accedido a la petición de la acusacion de la fundación Mercasevilla que pedía otra multa de 900.000 euros por la responsabilidad civil. La sentencia se produce sólo unos días después de que un jurado popular considerara a todos ellos culpables y absolviera a la funcionaria Regla Pereira.

Los empleados públicos de Cádiz se unen para protestar por los recortes, Diario de Cádiz 6 noviembre

Los empleados públicos de Cádiz se unen para protestar por los recortes

Han creado un plataforma sin ideología política y abierta a cualquier persona o colectivo que quiera pertenecer a ella · Sienten que han pisoteado su dignidad

PILAR HERNÁNDEZ MATEO / CÁDIZ | ACTUALIZADO 06.11.2012 - 01:00

Imagen de una de las concentraciones llevadas a cabo por los empleados públicos de Cádiz.

Los empleados públicos sienten que con los últimos acontecimientos y recortes planteados por el Gobierno se ha pisoteado su dignidad como trabajadores. Por este motivo, funcionarios y laborales de Cádiz han creado una plataforma para protestar ante esta situación. 

La plataforma se creó en una asamblea general de trabajadores en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, celebrada el pasado 6 de septiembre, y, a día de hoy, ya se han unido los empleados públicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la Subdelegación de Gobierno, el Ministerio de Agricultura, la Jefatura Provincial de Tráfico y los trabajadores de la Junta de Andalucía. Pero, según anuncian los coordinadores de la plataforma, el número de personas que se adhieren "va aumentando cada día", ya que están contactando con otros organismos, como el Ayuntamiento de Cádiz, Diputación y Universidad, entre otros. Consideran que "todos deberíamos formar parte de la plataforma, ya que es la única forma de poder unirnos los compañeros de la administración estatal con la regional, provincial y local, y así tener la fuerza necesaria, que nunca hemos tenido". 

Los miembros de esta Plataforma de Empleados Públicos Contra los Recortes -que así se llama- quieren aclarar que esta formación nace "sin ideología política y abierta a cualquier colectivo, organización y persona física o jurídica que quiera pertenecer a ella, venga a sumar fuerzas y acepte las normas básicas de la misma". 

Entre los principales motivos para crear la plataforma, los empleados públicos destacan que "han pisoteado nuestra dignidad como trabajadores, sumado al mermo de nuestras ya de por sí paupérrimas nóminas y la continua y progresiva privatización de nuestros servicios públicos, algo que cuando la ciudadanía se dé cuenta de la magnitud que está tomando, será tarde. Y todos deberán pasar por caja para cualquier asunto con la administración". 

Continúan diciendo que les han "injuriado públicamente", ya que "les han hecho ver al resto de ciudadanos que somos 'una casta de privilegiados' por tener un empleo estable, cuando eso es mentira". Para demostrarlo, alegan la reciente aprobación del hecho de poder despedir a empleados públicos. Además, señalan que "no sólo existen 'fijos' en la administración pública, lo son también muchos trabajadores de empresas privadas, y nunca se debería hablar de privilegio. El que un trabajador pueda tener un empleo estable no es un privilegio, eso es un derecho de todos los trabajadores". 

A esto añaden que les han quitado la paga extra de Navidad "cuando la práctica totalidad de los compañeros tienen hechas sus cuentas anuales". Siendo, además, "una paga que disfrutan todos los trabajadores menos los empleados públicos y, paradoja de la vida, aprobada y mantenida por un dictador desde 1944, con peores recesiones, crisis e incluso posguerra incluida, para que incomprensiblemente, 68 años después, en un estado democrático, de derecho y de mal llamado bienestar social nos la quiten para pagar sus propios despilfarros". 

"Pero no solo han visto necesario expropiarnos un mes de nuestro sueldo, han ido más allá incluso con la bajada de nómina en una media del 5%. También nos han congelado el sueldo para el año próximo, nos han reducido en un 75% la acción social y nos quebrantan la nómina durante la incapacidad temporal. Pero aún siguen, amparándose en la crisis, y van más allá de lo económico. También nos recortan días de libre disposición, vacaciones, nos amplían el horario laboral, amortizan las plazas de los compañeros que se jubilan y un largo etcétera", comentan indignados. 

Consideran que por el simple hecho de ser empleados públicos están "doblemente castigados" por la crisis "que nunca hemos iniciado", ya que, "aparte de lo que sufrimos como trabajadores y empleados públicos, también lo hacemos con los recortes como cualquier ciudadano". 

Para luchar contra todo esto, ven necesario unirse y "que la ciudadanía entienda que luchamos por nosotros y por ellos. Por nosotros porque como trabajadores estamos desprestigiados y vapuleados constantemente por los gobiernos de turno; y por ellos, porque desde dentro, desde nuestras posiciones como empleados públicos, estamos viendo como poco a poco están desmantelando lo público, hacia lo privado. Lo que hoy es gratuito, mañana será de pago y para cualquier consulta o trámite a llevar a cabo en la administración, si no frenamos esto a tiempo, será mediante el pago de tasas". 

Como medida de protesta, están llevando a cabo una serie de acciones. Entre ellas, lo que han llamado "viernes negros". Consiste en que todos los viernes, los empleados públicos que forman parte de la plataforma van vestidos de ese color y realizan concentraciones. Inicialmente lo hacían en sus respectivos centros de trabajo, pero han conseguido permiso para concentrarse conjuntamente todos los trabajadores de los centros cercanos y, de 10 a 10.30 horas, cortan el tráfico. Se están planteando poner en marcha otras iniciativas, como paros parciales de 15 minutos y encierros en los edificios, que tendrán que aprobar en la próxima asamblea. 

Los días 9, 16 y 30 de noviembre habrá nuevas concentraciones en avenida Amílcar Barca, plaza de Asdrúbal, avenida de Vigo y plaza de la Constitución. El 23 de noviembre realizarán una manifestación todos los empleados públicos de forma conjunta, marchando unos desde el centro y otros desde extramuros, uniéndose todos en Comisaría, donde leerán un manifiesto. 

Afirman que no saben si con la creación de esta plataforma conseguirán parar "los atropellos a nuestro colectivo, pero lo que sí sabemos es que seguir como estábamos, desunidos, descoordinados, sin hacer nada y sentados tras la mesa, eso sí que está demostrado que no vale para nada".

Sobre la mal llamada Administración paralela, diario de Cádiz 4 Noviembre

Sobre la mal llamada Administración paralela

La Junta está abocada a emprender un inevitable régimen de adelgazamiento en sus agencias y empresas públicas, pero el esfuerzo para deshacerse de esa grasa sobrante recaerá sobre los equipos directivos de esas entidades.

Rafael Salgueiro | Actualizado 04.11.2012 – 10:32

LA Junta de Andalucía ha de afrontar un inevitable adelgazamiento en sus agencias y empresas públicas, de cuya realización se van a responsabilizar sus órganos directivos. Esto es inevitable, además de conveniente, porque ha decaído el soporte presupuestario de sus funciones e incluso la propia justificación de tales funciones, innecesarias en no pocos casos. Pero con demasiada frecuencia se oyensugerencias de privatización que no siempre están bien reflexionadas, quizá porinsuficiente conocimiento de su naturaleza, funciones o posible interés para el mercado ya que la forma empresarial es una mera naturaleza jurídica, si bien buena parte de esas entidades han adoptado la forma de Agencia Pública. Y quizá también por el recuerdo de pasadas privatizaciones de grandes empresas públicas estatales, olvidando que éstas ofrecían sobre todo servicios dirigidos al mercado: Endesa, Ence, Telefónica, Repsol o Campsa por citar las más conocidas, pero apenas tienen parangón en las creadas por las comunidades autónomas.

El primer inconveniente es que buena parte de ellas constituyen un “medio propio instrumental” y/o “servicio técnico” de la Administración, lo que les faculta pararealizar trabajos para la Administración mediante un encargo, sin que sea necesario acudir al procedimiento de concurso que rige para los contratos con empresas privadas. El importe de esos encargos, por precisarlo, se establece mediante unas tarifas aprobadas, siendo muy frecuente el uso de las “tarifas TRAGSA” en el ámbito de las actuaciones medioambientales, agrícolas, forestales y otras; y la contrapartida luce en el presupuesto de la consejería correspondiente. A su vez estas entidades pueden contratar a terceros, pero no libremente sino con sujeción a un procedimiento de contratación aprobado y público, que naturalmente está sometido a los principios de la Ley de Contratos del Sector Público muy particularmente en lo que atañe a publicidad, concurrencia y criterios de selección de ofertas.

Es evidente que no se puede privatizar ese carácter instrumental, que sería quizá lo valioso, y no tengo muy claro que la Administración deba o pueda comprometerse formalmente a un determinado volumen de contratos con la entidad privatizada, más allá de los que estuvieren vigentes en el momento de la privatización; desde ese momento es un concursante privado normal y corriente.

Pero aún considerando valioso, que lo es, el conocimiento mutuo entre la Administración y la entidad y la experiencia de ésta sirviendo a su propietario, nos encontramos en un escenario prolongado de contención al límite de los presupuestos de inversión, de modo que no es precisamente un buen negocio tener al sector público español como cliente principal y en ocasiones único.Esa contención de las inversiones y de determinadas subvenciones de carácter finalista se tradujo en un crecimiento de las subvenciones de explotación y, en su caso, de las transferencias de financiación ya que era la única manera de podermantener el aparato en funcionamiento. Pero ni siquiera con su nueva naturaleza agencial es posible mantener esta parte de la estructura administrativa con la envergadura que había alcanzado. Los presupuestos de 2013 son elocuentes y obligarán a una acción decidida de sus administradores en reducción de empleo. No va a ser bastante con la contención de gastos corrientes ni tampoco con el despido de directivos sobrantes, ya que no hay suficiente número de ellos. Y aprovecho para señalar dos cosas: que el comportamiento absolutamente inmoral de determinados directivos de la Empresa de Suelo, de ser cierto, no es algo generalizado en la totalidad de las entidades y que es una ligereza tratar de “parientes y enchufados” a la totalidad de los empleados, puesto que entre ellos hay muchísimas personas sumamente competentes y con vocación de servicio público que ingresaron tras el debido proceso de selección de personal. Ambas afirmaciones las sustento en mi propia experiencia personal.

Sin ninguna duda el valor de mercado de estas entidades, en términos generales, vendría dado por la calidad de sus recursos humanos y el valor de los activos que posea, incluyendo concesiones y participaciones societarias, antes que por sucash flow que es una variable básica de valoración. Al margen de sus ingresos provenientes de encargos de la Administración, salvo algunos casos muy concretos, son escasos los provenientes de actividades de mercado, razón por la cual no es de aplicación el criterio de valoración basado en la adquisición de participación en el mercado. Un criterio muy frecuentemente utilizado en los procesos de consolidación sectorial, por ejemplo en el caso de los servicios de telecomunicaciones o en las empresas de suministro de energía y agua.Volviendo a los recursos humanos no es probable que el interés de un comprador privado se oriente hacia el conjunto, sino más bien hacia las personas o equipos más competentes o que mejor se acomoden a su proyección de negocio, y nada le impide hacerles ofertas individuales en lugar de comprar la totalidad de la empresa. En relación con los activos, al margen de los propios para el funcionamiento de la empresa: edificios de oficinas, medios informáticos, laboratorios, vehículos, etc. existe una enorme diversidad, desde puertos deportivos hasta centros de visitantes de espacios naturales, pasando por laboratorios especializados, talleres de inspección de vehículos y un largo etcétera.

Tomemos algunos ejemplos. La ahora Agencia Pública de Puertos es titular de concesiones de puertos deportivos que fueron construidos con recursos públicos, gestionando además algunos espacios logísticos. La privatización que podría tener sentido no es el de la entidad en sí misma, sino la de dichas concesiones, pero el precio que se podría obtener por ello no es más que el que corresponda al descuento de sus beneficios futuros, probablemente decaídos porque la demanda efectiva de atraques es bastante menor que la que se suponía y los armadores desplazaron sus barcos tras la pasada subida de tarifas, lo que al parecer se quiere remediar con una bajada que ya se ha anunciado y que no gusta demasiado a los concesionarios portuarios privados. Pero aún en éstas condiciones sería muy razonable entregar a la iniciativa privada la concesión o al menos la gestión de los puertos deportivos públicos. No tiene mucho sentido que sea un empleado público el encargado de surtir combustible o manejar un lifting y siempre es bueno que haya verdadera competencia entre los oferentes de puertos deportivos (y de los otros).

Canal Sur, por su parte, es imprivatizable porque su valor se limita al que tengan su marca comercial y su porcentaje de audiencia. No desdeño la capacidad profesional que tienen buena parte de sus empleados, que superan en número al de dos emisoras nacionales juntas, pero éstos podrían serperfectamente contratados por las empresas interesadas. Sus ingresos demercado son sólo una fracción de sus costes totales y es inimaginable cualquier sucesión empresarial que pudiera aceptar unas condiciones laborales fuera de la realidad, cuyas sucesivas mejoras gracias a la acción sindical han socavado irreparable la economía de la televisión pública andaluza. Y su capacidad de alcanzar a toda la región ya no es un factor valioso, porque este monopolio ha desaparecido con la tecnología digital. En resumidas cuentas, a cualquier interesado le basta con alquilar la señal a alguno de sus titulares, que se la cederían encantados, y contratar a los especialistas y redactores de Canal Sur que tuviera por conveniente. Y el servicio público no tendría que verse afectado necesariamente, puesto que bastaría contratar horas de emisión pública a los operadores privados.

Veiasa constituye un caso singular. Titula y ejerce el monopolio de las ITV en Andalucía (en Extremadura sucede lo propio), amén de ofrecer servicios de metrología que es para lo que fue concebida. Actualmente es el mejor ejemplo académico de apropiación de rentas de monopolio que cabe imaginar: no existen competidores privados en el territorio, su servicio es obligatorio por Ley para todos los propietarios de vehículos y sus precios no se fijan en función de sus costes reales de prestación del servicio. Por ello en 2011 ha tenido unos ingresos elevados, casi 95 millones de euros, y unos beneficios ordinarios de casi26 millones, lo cual es una señal clara de que las tarifas públicas podrían reducirse sustancialmente como primera providencia. En su origen el papel de Veiasa en las ITV había de ser subsidiario de la acción privada, de ahí lasunidades móviles de inspección destinadas a zonas en las que se creía que el tamaño de la población y las distancias (p. ej. el Andévalo) no iba a atraer a la iniciativa privada; digo creencia porque nunca se les preguntó antes de encargar la primera unidad móvil… El servicio se articuló mediante concesionarios territoriales privados, aunque tengo mis dudas del porqué de una restricción territorial que no se aplica, por ejemplo, en las revisiones de calderas y ascensores. Lo mejor hubiera sido dejar que el servicio fuese prestado libremente por talleres debidamente acreditados y con un contraste externo de su debidahonestidad en la inspección, pero no se hizo así en ningún lugar de España, lo que nos ha permitido comprobar este verano que La escopeta nacional sigue apuntando en Cataluña, con el grotesco intento de anular un concurso previo para “abrirle territorio” a una nueva concesión de ITV. En todo caso, hace pocos años la Junta decidió que un servicio tan principalísimo (y tan rentable) debía estar en manos públicas, por lo que procedió al rescate o a la no renovación de concesiones. ¿Podría privatizarse este monopolio de 1.259 empleados?Probablemente sí, al menos algunas de sus actividades, pero evitando dar lugar a la creación de un monopolio privado fraccionando la venta y eliminado las barreras de entrada a este sector para nuevos concurrentes. Y, desde luego,señalando sólo unas tarifas máximas que animen la oferta de servicios más económicos. La competencia es siempre muy beneficiosa, por eso ahora tenemos teléfonos inteligentes en lugar de una “patata con antena”.

Finalmente, deben considerarse las particulares características de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, antes Egmasa. Este medio propio instrumental ha gestionado gran parte de las inversiones realizadas por la extinta Consejería de Medio Ambiente, bien mediante la realización de proyectos técnicos y contratación de su ejecución (plantas de RSU, por ejemplo, y numerosas obras) o bien mediante ladisposición de sus medios técnicos y profesionales aplicados a muy diversas actividades, incluyendo la participación minoritaria en proyectos empresariales medioambientales y la presencia, luego limitada, en proyectos y concursos fuera de Andalucía. La Agencia gestiona los medios terrestres del Plan Infoca -de ahí su elevado volumen de empleo-, cuyos sindicatos lograron año tras año elevar el período de contratación con la excusa de que “los incendios se apagan en invierno” (si no llueve y si hay dinero para trabajos forestales, que ya no lo hay). La Agencia asumió también la construcción y gestión de los numerosísimos centros de visitantes que complementan los Espacios Naturales, mostrando previamente lo que se va a ver después y ofreciendo productos para su venta. El problema es que estas instalaciones se realizaron en tiempos de bonanza y ahora se han hecho económicamente insostenibles. Quizá el sector privado pueda interesarse por algunas de ellas, pero no es tampoco imaginable una privatización profunda de esta Agencia por las razones antes descritas; al margen de que no es fácil para mí concebir cómo buena parte de sus actividades podrían ser privadas porque son intrínsecamente públicas.

En definitiva, no habrá soluciones fáciles para esta mal llamada “Administración paralela”, en primer lugar porque afectarán a personas que se quedarán sin empleo ya que no basta con reducir el gasto material; en segundo lugar porque los socios del gobierno estarán muy vigilantes, aunque tendrán que hacer lo propio en entidades de su negociado; en tercer lugar porque los dos sindicatos orgánicos están refugiados en estas entidades, una vez rechazados por los trabajadores de la Administración General en las pasadas elecciones sindicales. Y en cuarto lugar porque no se si habrá la suficiente comprensión mediática, social y política necesaria para que la Junta de Andalucía pueda actuar con rigor en la solución de un problema que conoce perfectamente.

La destrucción de empleo en el sector público se ceba con los temporales. El Pais 2 noviembre

La destrucción de empleo en el sector público se ceba con los temporales

La proporción de trabajadores eventuales en la Administración baja al 20,6%

En el último año se han destruido 228.900 puestos de trabajo públicos

MANUEL V. GÓMEZ Madrid 2 NOV 2012 -

La destrucción de empleo en España ha llegado a la Administración. Y la pauta que sigue es la misma que mantuvo el sector privado al comienzo de la crisis. Los primeros en caer están siendo los empleados temporales. Desde que Ayuntamientos, ministerios, comunidades autónomas y empresas públicas han comenzado sus ajustes de plantilla, tres de cada cuatro puestos de trabajo eliminados (228.900 en total) estaban ocupados por trabajadores eventuales. La consecuencia inmediata es que la temporalidad ha caído drásticamente en este sector. Si hace un año rozaba el 25%, en el tercer trimestre de 2012 se ha hundido hasta el 20,6%, según la última encuesta de población activa, el porcentaje más bajo desde 2001.

El uso —y, en muchas ocasiones, el abuso— de la contratación temporal ha dejado de ser coto exclusivo del sector privado desde hace bastante tiempo. Las tasas de temporalidad en las Administraciones superaron el 20% en el año 2000. Incluso siguieron creciendo en los primeros años de la crisis, cuando las empresas destruían empleo y las Administraciones públicas lo creaban. Tanto es así que entre julio y septiembre de 2009, se produjo un hito en el mercado laboral español: la temporalidad en el sector público (26,2%) superó la del privado (25,9%). Nunca había ocurrido y nunca ha vuelto a ocurrir.

Desde hace un año, el hundimiento del mercado laboral ha entrado en una nueva fase. La Administración ha comenzado a triturar empleo y se ha sumado al sector privado, hasta entonces el gran pagano de la crisis. La cadencia seguida es la misma en los dos ámbitos. La destrucción arranca por los trabajadores temporales. Hay sectores como el de la sanidad pública en el que hay empleados que encadenan más de una docena de contratos al año.

La eliminación de empleos fijos en la Administración se intensificará

La supresión de estos puestos de trabajo es relativamente sencilla, basta con esperar a que finalice el contrato. Y, además, es más barato. No renovar a un trabajador temporal supone una indemnización de nueve días por año trabajado en 2012 (el año que viene subirá a 10 días). El despido de un empleado fijo le cuesta a un empresario, al menos, 20 días por año trabajado, y además necesita demostrar que hay una causa, algo que hasta las últimas reformas laborales no era fácil.

Teniendo en cuenta esto, se entiende que la erosión del empleo fijo, el de mayor calidad, solo comienza cuando se ha agotado el colchón que suponen los trabajadores temporales. Desde que comenzó la crisis financiera, en el verano de 2007, se han evaporado casi dos millones de empleos eventuales de un total de 3,2 millones. Este fenómeno es el que explica la caída de la tasa de temporalidad en el conjunto del mercado laboral de más de un 30% hace cinco años al 25% actual.

Por motivos como este, la temporalidad ha sido identificada como la gran lacra del mercado laboral español desde hace años. Controlarla y rebajarla hasta niveles homologables con los del resto de Europa (en la zona euro se sitúa en el 15,8%), es uno de los objetivos que se han enunciado en las últimas reformas laborales. Sin embargo, ninguna lo ha conseguido. Al menos no por la vía deseada: la creación de empleo fijo.

Se suprimen contratos de obra y no se están cubriendo las bajas

El ajuste de plantilla en la Administración se está realizando a base de no cubrir bajas y reducir interinos. Por esta vía, se han eliminado unos 40.000 empleos eventuales de un total 173.300. También se ha recurrido a la eliminación de servicios, lo que ha propiciado que desaparezcan otros 40.000 trabajadores que tenían el llamado contrato de obra.

No obstante, las Administraciones y las empresas públicas también eliminan empleos fijos, 55.500 en el último año. Lo más probable es que conforme el número de asalariados con contrato temporal baje (617.500 en septiembre) la destrucción se traslade al empleo indefinido. De hecho, varias de las medidas que ha adoptado el Gobierno persiguen facilitar el ajuste por este lado.

En el decreto de recortes de julio, se congeló la convocatoria oposiciones para cubrir vacantes, por lo que conforme se jubilen funcionarios se amortizarán esas plazas. Además, esta misma semana se ha aprobado el reglamento que, completando la reforma laboral, facilita en el sector público la aplicación de despidos colectivos, una medida que afecta mayoritariamente a los trabajadores fijos.

Las empresas públicas autonómicas, en peligro de extinción. La Información. 1 de Noviembre.

empresas con problemas financieros

Las empresas públicas autonómicas, en peligro de extinción

jueves, 01/11/12 – 09:56

Lourdes Velasco.

Madrid, 1 nov.- Los ajustes presupuestarios están llevando a las administraciones autonómicas a deshacer el camino de expansión emprendido en los 90, reduciendo a la mínima expresión el número de fundaciones y empresas públicas, lo que implica en la mayoría de los casos el despido de trabajadores.

Pese a que el punto de partida de unas autonomías y otras son diferentes, casi todas se han subido a la ola de redimensionar lo público para cumplir con el compromiso de reducción del déficit y atender así el mandato de la Unión Europea y las recomendaciones delMinisterio de Hacienda.

Al inicio del mes en que la Comunidad Valenciana pretende llevar a cabo expedientes de regulación para prescindir de 3.000 trabajadores públicos, Efe ha recopilado los planes de los gobiernos regionales para remodelar su sector público.

ANDALUCÍA: ADIÓS A 111 EMPRESAS PÚBLICAS

Andalucía está terminando de aplicar el plan emprendido en 2010 para mermar su sector público, un proyecto que afecta a más del 40 % de dicho sector y que permitirá eliminar 111 entes y modificar la personalidad jurídica de otros 16.Supondrá un ahorro de 115 millones hasta 2013.

El proceso ha afectado de algún modo a unos 24.000 trabajadores, y por ahora el Gobierno andaluz descarta una nueva remodelación.

ARAGÓN: EL 70 % DE LAS EMPRESAS EN PROCESO DE VENTA, EXTINCIÓN O FUSIÓN

Casi imposible será reconocer el sector público aragonés después del plan del Ejecutivo autonómico para modificar el 70 % de las 103 empresas en las que el Gobierno regional tiene participación.

De momento, diez empresas han sido liquidadas, cuatro se han fusionado en dos, cinco se han agrupado en una misma gerencia y otras han pasado a manos de los socios promotores, lo que hasta ahora ha supuesto un ahorro cercano al millón de euros.

ASTURIAS: PRIMEROS PASOS PARA REORDENAR LAS EMPRESAS PÚBLICAS

El Ejecutivo de Asturias prevé suprimir el Instituto Asturiano de Estadística y el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones y unificará fundaciones como las dedicadas al fomento de la investigación.

También rebajará de forma “muy significativa” el presupuesto de la radio y televisión autonómicas y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, y venderá sus participaciones en sociedades hoteleras y en la constructora SEDES, en donde ha presentado un ERE.

BALEARES: DE 180 A 75 EMPRESAS PÚBLICAS A FINAL DE AÑO

En Baleares, el Gobierno regional inició hace meses una auditoría técnica para reorganizar las plazas de funcionarios y personal laboral de la comunidad.

El presidente balear, José Ramón Bauzá, asegura que a final de año quedarán solo 75 de las 180 empresas públicas que heredó cuando llegó al poder. Las arcas públicas se ahorrarán así 178 millones.

CANARIAS, CON MENOS TRABAJADORES, AVISA DE DECISIONES “MUY DURAS”

Canarias tiene este año 1.370 trabajadores menos que el anterior y, pese a que ya ha “adaptado” su sector público a los tiempos de penurias, su presidente, Paulino Rivero, pronostica que en 2013 tendrá que tomar decisiones “muy duras” para cumplir con los objetivos de déficit.

Por el momento, su Ejecutivo ha presentado ERE en empresas públicas como Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) y la sociedad de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). También ha habido despidos en la empresa privada que gestiona los informativos de la Televisión Canaria.

CANTABRIA: POCAS EMPRESAS, Y AHORA MENOS

Quedan dos meses para que finalice el plazo que se dio Cantabria para reducir de 45 a 23 sus empresas públicas, y los datos hasta junio demuestran que se ha conseguido un ahorro a las arcas públicas de 28 millones de euros.

CASTILLA-LA MANCHA: LA REIVINDICACIÓN DE LA “TIJERA”

Castilla-La Mancha es, junto con Valencia, la autonomía que más está ajustando su sector público y ya ha rebajado de 25 a 4 sus empresas públicas y espera quedarse con 38 de los 86 entes con que contaba a inicios de legislatura. Ha dejado sin empleo a cerca de 5.000 interinos.

Además, ha prescindido del Consejo Económico y Social y de la Oficina del Gobierno de Castilla-La Mancha en Bruselas.

CASTILLA Y LEÓN, LA COMUNIDAD DE LAS CUATRO EMPRESAS PÚBLICAS

Castilla y León es una de las comunidades con menos entidades públicas, pero pese a ello el proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 reduce de seis a cuatro las empresas -que manejarán este año la mitad del dinero-, y de trece a nueve las fundaciones.

CATALUÑA, PIONERA EN LOS “RECORTES”

Cataluña fue pionera en el adelgazamiento de su sector público, una tarea que el gobierno de CIU comenzó en 2010 con la aprobación de un decreto para suprimir y fusionar organismos, un proceso que se ha acelerado este año pero del que no se han ofrecido datos sobre número de empresas ni empleados afectados.

En cualquier caso, la Generalitat ha rebajado el salario a sus empleados en dos ocasiones, les ha quitado varios complementos, y ha restringido al mínimo imprescindible cualquier cobertura de un puesto de trabajo por jubilación o baja laboral.

Además, estudia fórmulas para garantizar la viabilidad económica de TV3, cuya plantilla teme recortes después de los comicios del 25 de noviembre.

COMUNIDAD VALENCIANA: EL “EJEMPLO A SEGUIR” CON 3.000 DESPIDOS

Alrededor de 3.000 empleados de la administración valenciana van a perder su trabajo en los próximos meses como consecuencia de la reestructuración del sector público empresarial y fundacional con el que se pretende prescindir del 40 por ciento de la plantilla y ahorrar alrededor de 300 millones de euros.

Pese a que habrá 46 entidades menos que al inicio de legislatura, el Ejecutivo de Alberto Fabra mantendrá 30 entidades y gastará entre 85 y 100 millones de euros en los expedientes de regulación de empleo, cantidad similar al ahorro estimado en gastos de personal.

El PP valenciano está convencido de que otras comunidades seguirán el “ejemplo” de reestructuración de su sector público.

EXTREMADURA: ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS A REESTRUCTURAR?

El Ejecutivo extremeño está pendiente de obtener los resultados de un informe que le permitirá impulsar un plan de racionalización y reestructuración de sus 36 entidades públicas.

Por el momento, únicamente ha autorizado la fusión de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT) y el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEx).

GALICIA: EL DESAFÍO DE MANTENER EL EMPLEO PÚBLICO

El presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, presume de tener sus cuentas saneadas y descarta para Galicia la “necesidad” de hacer ajustes tan severos como los de otras autonomías.

Para esta legislatura, ha trasladado un “mensaje de fijeza laboral” tanto a funcionarios como a contratados laborales, y asegura que al igual que en la legislatura anterior, la Xunta intentará mantener en ésta a sus empleados “con carácter general”.

MADRID YA HA AHORRADO 1.100 MILLONES DE EUROS

La Comunidad de Madrid lleva reduciendo el sector público desde 2008 y ya ha eliminado 24 empresas -un tercio de las existentes- y 83 órganos consultivos, consorcios y fundaciones, un 42 % de los que hay, además de prescindir del Defensor del Menor.

Ignacio González anunció en su estreno como presidente la supresión del Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) y la de promoción internacional de la economía madrileña, Promomadrid. Estas medidas han permitido ahorrar más de 1.100 millones de euros.

MURCIA INTEGRA ENTES PÚBLICOS Y DESPIDE AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Ramón Luis Valcárcel ha emprendido con paso firme el camino de reducción del sector público murciano. Ha extinguido figuras como la del Defensor del Pueblo, ha privatizado la gestión de la televisión autonómica y ha eliminado la Entidad Pública del Transporte.

Varias direcciones generales y entes públicos se han suprimido e integrado en otros mayores, como es el caso de la recaudación de impuestos y la gestión cultural y turística.

NAVARRA: 170 PERSONAS MENOS EN CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

La reestructuración del sector público navarro permitirá pasar de 39 a 14 empresas públicas para ahorrar 28 millones de euros al año. Aún no se ha concretado la incidencia en las plantillas, pero los consejos de administración de las sociedades estarán formados por 170 personas menos.

El ahorro vendrá de la reducción de empresas, altos cargos y consejeros, así como de gastos en seguros, viajes, suministros o seguridad.

PAÍS VASCO: LA SITUACIÓN ESTÁ EN EL AIRE

El Gobierno saliente de Patxi López no planteó un tijeretazo a las empresas públicas, pero su Ejecutivo está en funciones. Queda en el aire hasta la constitución del nuevo Gobierno si Euskadi también aplica recortes en su sector público.

LA RIOJA: UN AHORRO DE 4,3 MILLONES

Pedro Sanz pretende ahorrar 4,3 millones de euros con las medidas anunciadas en julio para eliminar entes públicos.

Por el momento se ha dejado sin actividad al Consejo Económico y Social y al Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud, y se han eliminado los servicios autonómicos de empleo, de juventud, y dos sociedades de conocimiento y tecnología y de inspección agroalimentaria.

CEUTA QUIERE DEJAR EN CUATRO SUS EMPRESAS PÚBLICAS

La Ciudad Autónoma de Ceuta emprenderá en los próximos meses la reordenación del sector público empresarial, para lo que pretende reducir de diez a cuatro sus sociedades municipales.

MELILLA, LA EXCEPCIÓN, PRESUME DE ADMINISTRACIÓN “DIMENSIONADA”

Melilla es la excepción que confirma la regla. El Gobierno de Juan José Imbroda descarta reestructurar su sector público y reducir sociedades, ya que cree que la Administración está “dimensionada”. EFE