SAF, Sindicato Médico y APIA denuncian por “prevaricación” a la Secretaria de Administración Pública de la Junta. Europa Press. 23 de Octubre.

Por “excluirlos” de la Mesa General de Función Pública

SAF, Sindicato Médico y APIA denuncian por “prevaricación” a la Secretaria de Administración Pública de la Junta

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), formada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Asociación de Profesores de Instituto y Afines (APIA) han presentado una denuncia penal ante el juzgado de instrucción contra la secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Lidia Sánchez Milán, por un posible delito de “prevaricación” y otro de “incumplimiento manifiesto de una decisión de autoridad superior”, al haber sido “excluidos” de la Mesa General de Función Pública de la Junta.

   En una nota, la Faspi ha explicado que se ha formulado ya la denuncia ante el juzgado de instrucción y ha precisado que la denuncia en cuestión tiene como fundamento un posible delito de “prevaricación”, regulado en el Código Penal, y de otro de “incumplimiento manifiesto de una decisión de autoridad superior, dictada dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales necesarias”.

   Agrega que los hechos denunciados se encuadran en el tipo contenido al artículo 404 del Código Penal, que “castiga el dictado de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos y el hecho de que las autoridades o funcionarios públicos se negaran abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de formalidades legales”.

   La Faspi considera que en este supuesto, “no puede resultar más claro que la actuación de la denunciada intenta evitar el mandato contenido en el propio certificado, emitido por la autoridad competente, que le habilita para formar parte de la Mesa General de la Función Pública”.

   Ésta es la segunda medida en una semana tomada ante los tribunales por esta federación andaluza, integrada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

   Faspi presentó el pasado martes un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la no inclusión de Faspi en la Mesa General de Negociación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, constituida el 5 de octubre de 2012.

   En este recurso Faspi exige la suspensión cautelar de la constitución de la mesa y de cualquier acuerdo adoptado.

   La federación ha recordado que tras las elecciones sindicales, celebradas en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, durante los años 2010 y 2011, “la Faspi ha obtenido el respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo con los requisitos de representación que la legislación vigente exige para forma parte, con todos los derechos, de la Mesa General“.

   Ha explicado que esta circunstancia “ha sido puesta en conocimiento de la Presidencia de la Mesa, hasta en tres ocasiones, en las que se reitera la obligación de ser convocada a formar parte de la citada Mesa General, dada la trascendencia de los asuntos a tratar, y el hecho de que los acuerdos y negociaciones que pudieran llevarse a cabo no serían conformes a la legalidad vigente, al no encontrarse presentes los representantes legítimos de los trabajadores, con el fin de hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva”.

   “La actitud insistente de la Presidencia de la Mesa, personificada en la denunciada que, en todo momento se niega a convocar a los legítimos representantes de los trabajadores, supone un atentado al derecho a la libertad sindical, que no puede, ni debe quedarse en el mero ámbito “administrativo“, sino que por su trascendencia le hace merecedor de una sanción penal”, asevera la Faspi.

   En este sentido, considera “obvio” el propósito de la Presidencia “al evitar que organizaciones sindicales no afines a los postulados de la Administración participen en un debate tan importante como es el del mayor recorte social y económico que han sufrido los empleados públicos en Andalucía en toda su historia”.

   Insiste en que esta circunstancia “ha motivado que Faspi no tenga otro camino que el de los tribunales para hacer valer sus derechos y, principalmente, los de sus representados”.

“PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN”

   La Federación andaluza ya advirtió de los “perjuicios de difícil reparación” que pueden acarrear su “exclusión” de esta negociación, pues “se podrían adoptar acuerdos vinculantes que afectarían de forma indefectible a los funcionarios públicos, sin haber sido negociados con los sindicatos más representativos de dicho personal”.

   Además, recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que “además, también estarán presentes en estas mesas generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieren obtenido el 10 por ciento de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate”.

   La Faspi recuerda la necesidad de la figura del funcionario “como garante de la legalidad en la Administración” y denuncia que se haya convertido en “el centro de la diana de numerosos ataques, llegando ahora a recortar sus derechos más básicos como la elección de quienes les representen”.

La Junta de Griñán cobija a 26.000 ‘enchufados’ en empresas públicas. El Economista. 23 de Octubre.

La Junta de Griñán cobija a 26.000 ‘enchufados’ en empresas públicas

Carlos Pizá (Sevilla) 23/10/2012 – 6:27

• Los 130 entes de la administración paralela andaluza no se fiscalizan regularmente
• El ajuste para 2013 supondrá despidos que PSOE e IU no concretan

José Antonio Griñán, presidente de Andalucía. Foto: Archivo

Andalucía ha creado una administración en negro, en B. Una administración paralela y no fiscalizada de manera regular de más de 130 consorcios, agencias, empresas, fundaciones o institutos impulsados por los Gobiernos del PSOE de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en las dos últimas décadas.Comunidades autónomas low cost o cómo desparasitar la administración pública.

Ahí trabajan un mínimo de 26.000 personas que los sindicatos de funcionarios denomina enchufados, pues nunca han pasado pruebas de selección para acceder a esos empleos. La gran mayoría de ellos están vinculados a PSOE, UGT y CCOO.

Se trata una Junta de Andalucía bis sobre la que el Ministerio de Hacienda ha puesto la lupa, merced a la exigencia de los planes de reequilibrio para cumplir los objetivos de déficit y merced a la entrega de fondos a Andalucía vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Fondos cuya llegada está condicionada al cumplimiento estricto de ese plan.

El aspecto fundamental que hace insostenible este coloso público social y económicamente, más aún con un 34 por ciento de paro en la Comunidad, es el volumen, coste y origen de su plantilla. Sobre esto último, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) es claro: los sucesivos procesos electorales autonómicos y locales que han determinado la hegemonía del PSOE andaluz durante 30 años han provocado procesos masivos de relevos de altos cargos y cargos de confianza que han acabado en este conglomerado público. Empresas, fundaciones y consorcios creados ad hoc para cobijarlos en un trabajo público.

Números secretos

En cuanto a qué cantidad de personas trabajan en esa amalgama pública, nunca la consejería de Hacienda lo ha hecho público, y sigue sin hacerlo hasta el 31 de este mes, cuando tendrá que remitir el volumen, coste y distribución de las funciones concretas de este personal al ministro Cristóbal Montoro en cumplimiento del plan de reequilibrio, como la Junta reconoce en el acuerdo del consejo de Gobierno del 24 de julio para ejecutarlo.

Sólo cabe hacer elucubraciones. Fuentes del SAF señalan que los más de 130 entes integran a esas 26.000 personas citadas, aunque las cifras ofrecidas por otras fuentes sindicales y de la Administración en los últimos meses elevan el número hasta los 35.000.

Sólo la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), dependiente de la consejería de Medio Ambiente, tiene cinco mil trabajadores. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (antigua DAP, integrada en la misma consejería) agrupa a dos mil más.

Sueldos fuera de convenio

A ellos se suman otros 1.600 en la RTVA (Canal Sur) o 1.500 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Y, así, suma y sigue hasta alcanzar algún punto entre esos 26.000 y 35.000. La ausencia de una relación de puestos de trabajo pública y transparente impide saber cuántos son, qué hacen, cómo se distribuyen sus categorías laborales y qué convenios colectivos, privados, rigen su trabajo. Una opacidad que se arrastra desde hace décadas.

Precisamente la Faffe es uno de los escasísimos ejemplos en los que se ha dado a conocer, quizá por un descuido, el convenio colectivo de 2007-2009. Por ejemplo, las distintas categorías (seis) del puesto de director de esta fundación -que en esos años estaba en manos de un exalto cargo del PSOE de Cádiz- igualaban o superaban el sueldo del presidente de la Junta, con 79.000 euros de remuneración bruta más pluses en el caso más alto. Los sueldos de otras categorías llegaban a duplicar lo que, en escalones equivalentes, cobraban los funcionarios de carrera de la Junta en ese momento, según el SAF.

Otros salarios muy comentados han sido los del director general de la RTVA, Pablo Carrasco (125.000 euros); el del exdirector general de Invercaria (sociedad pública de capital riesgo de la Junta), de 118.000 euros; o el de la gerente de la agencia pública que gestiona el Hospital de Poniente de Almería (más de 90.000 euros). Hay cientos de ejemplos más de nóminas desorbitadas para el sector público.

Estos y otros casos lacerantes, unidos a la precariedad financiera de la Junta, le obligaron a aprobar, dentro del plan de reequilibrio, la reducción de sueldos de todos los cargos directivos de las empresas públicas y entes asimilables. Desde el 1 de enero de 2013, ninguno cobrará más, incluidos todos los conceptos excepto la antigüedad, que un viceconsejero (59.500 euros).

Junto a ello, y una vez recibida la primera fase de la petición de liquidez al FLA (2.115 millones sobre 4.906), la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha avanzado un presupuesto “difícil” para el año que viene que obligará a las empresas públicas a gestionar menos recursos y, por tanto, a ajustar sueldos y plantillas. ¿Con ERE? Quizá, la consejera no se pronunció sobre ello porque, dice, no puede decidir por otros departamentos.

Sin embargo, esto es sólo una excusa, ya que la consejería que dirige, según el decreto que regula su estructura y competencias, atribuye a su secretaría general de Administración Pública, “la planificación y racionalización de los recursos humanos del sector público”; “la emisión de informes en relación a la creación, alteración y supresión de las entidades públicas”. A su vez, la dirección general de planificación de los servicios públicos es la que planifica las estructuras organizativas de los entes instrumentales y la que elabora los informes “sobre la determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal directivo y resto del personal” de las entidades instrumentales. Es, pues, la máxima autoridad en cuanto al coste de los recursos humanos públicos.

Y, ¿a cuánto asciende ese coste? Los sueldos de los entes del gigante público andaluz no están contemplados en el capítulo 1 del presupuesto, que ya representa casi un tercio de las cuentas totales de la Junta en 2012 -9.853 millones, el 30,7 por ciento-. Y no se conocerán hasta que la Junta no remita a Hacienda el desglose, momento en el que quizá se hagan públicos por primera vez en los más de 30 años de historia de la Junta.

El presupuesto de estos entes procede de transferencias de otros capítulos del presupuesto, que suman en total unos 3.300 millones. ¿Qué parte de ellas corresponden a sueldos? El SAF calcula que como mínimo mil millones al año, aunque es una estimación extrapolando a grandes rasgos las remuneraciones de los funcionarios. Pero los convenios de estas empresas se saltan al alza con mucho las tablas retributivas funcionariales.

Diferencias PSOE-IU

Hasta 37 de esos 130 entes públicos, recogidos en las cuentas de la Junta, sí desglosan su coste de personal: 877 millones. ¿Cuánto más suponen los 90 restantes?

Para curarse en salud, algunas consejerías ya están procediendo a recortar gastos de personal en las agencias que le competen. Es el caso de la de Fomento (que dirige IU), que ha cesado a 30 directivos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa). O la de Salud, que ha eliminado otros 71 directivos de 374 en el Servicio de Salud (SAS).

Las medidas concretas a desarrollar para racionalizar la amalgama pública son estos días objeto de debate público por parte de todos los agentes políticos y sociales. Los dos principales, los socios de Gobierno, discrepan de forma clara. Mientras el PSOE entiende que con el proceso de reordenación iniciado en 2011, más los ajustes presupuestarios para 2013, es suficiente, desde IU se quiere ir más allá y con otras fórmulas.

Los izquierdistas quieren poner en marcha un segundo proceso de reordenación, a lo que se opone tajantemente -hace unos días en el Parlamento- la consejera de Hacienda. Y, en paralelo, piden extender el modelo de despido de directivos y anulación de sus cesantías y privilegios como han hecho en el citado caso de Epsa.

La patronal andaluza CEA, que vive de las subvenciones públicas para formación en gran parte (más de la mitad de su presupuesto anual), ha sido más prudente: pide eliminar solo las empresas que compitan con el sector privado. Y el PP pide una reforma a fondo del conglomerado, aunque no propone fórmulas concretas para acometerla.

Max Estrella "La mentira, un instrumento en la política andaluza, y algo más" Por Andalucía Libre 20 Octubre

La mentira, un instrumento en la política andaluza, y algo más.

• Sábado, 20 de Octubre de 2012 13:18
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Creo que fue Pepe I de Andalucía –Pepote en los ambientes- el que dijo que los socialistas convertirían Andalucía en la California de Europa; años después, el padre de Paula e Iván –infatigable lector de periódicos, gracias a lo cual se entera de algunas cosas- modernizó el mensaje con aquello de la Andalucía 2.0, situándola a la cabeza –sin segundas- del desarrollo tecnológico; en esta legislatura, el Presidente del Parlamento, incombustible dirigente socialista desde que se inventó la política, o incluso desde antes, en un manifiesto lapsus freudiano, proclamó que “el pueblo andaluz, un gran pueblo, supo ver que el poder político, la política, era la palanca para salir del atraso y del subdesarrollo” –sobre todo para algunos, añadiría yo. En la misma línea, por supuesto, Pepe II –más conocido por José Antonio- ha dicho que “los aumentos del empleo más significativos en estos años se han producido en los sectores manufactureros de alta tecnología. Mientras que en España, entre 2007 y 2011, se ha reducido la ocupación en este sector en un 24%, en Andalucía ha crecido el 6%” (¡Olé, todos llevan el paso cambiado menos mi niño!).

Y frente a tales mentirijillas –llamémosles declaraciones, que es como gustan llamarlas ellos-, que podrían reproducirse por millares, la realidad andaluza es la siguiente, por poner sólo algunos ejemplos: La tasa de paro mayor de España: más del 33%, con un desempleo femenino del 34%, que supera en 10 puntos la media nacional; segundo lugar por la cola en PIB per cápita; a la cola de España en camas hospitalarias por habitante; a la cabeza de Europa en fracaso escolar; los salarios más bajos de España, el mayor índice de mileuristas, a la cabeza en el ranking de pobreza -un 40% de los andaluces son pobres-, etc, etc, etc.

Este es el fruto de tres décadas de gobierno socialista.

Luego están las mentiras a la defensiva, en descarada huida hacia adelante, proferidas normalmente al ser sorprendidos con las manos en la masa, y con la intención de convencer –casi siempre con éxito- a jueces y tribunales. Éstas alcanzarían la calificación de cínicas, pero por la condición estólida de los sujetos suelen quedar rebajadas a bufonadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, tarea imposible en este tema, recuerdo algunos casos que me han hecho reír mucho: Revienta la presa de la empresa sueca Bolidem, en Aznalcóllar. Un torrente de aguas tóxicas asola los campos aledaños a los cauces de los ríos y arroyos hasta las marismas del Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía tapa bocas empezando por la propia empresa propietaria de la explotación minera que recibe del erario público 5000 millones de pesetas y se larga (toma el dinero y corre). Los dueños de los terrenos afectados son comprados –sí, los dueños, no los terrenos- a precios inconfesables. Inaprovechable para cualquier uso, la zona afectada se convierte en “¡corredor verde!”; el Consejero políticamente responsable, señor Viera –hoy senador del PSOE, aforado para protegerse de una rara especie de juez a la que le importa la Justicia- se felicita por el desastre y manifiesta sin pudor: “lo hemos dejado mejor de como estaba”.

La Junta de Andalucía reparte 19.000 millones de euros a los sindicatos UGT y CCOO y a la CEA, en la VII “concertación social”, eufemismo que esconde una realidad llamada vulgarmente “corromper y dejarse corromper”. Parte de ese dinero es justificado mediante cursos que no se dan y trabajos que no se realizan. Pepe II, lo explica sutilmente: “en  Andalucía hemos aprendido a abordar los problemas desde el diálogo y el espíritu de colaboración. De este modo, hemos hecho, de la concertación con empresarios, sindicatos y Gobierno el instrumento más eficaz para elaborar nuestras políticas económicas y sociales y anudar con fuerza el lazo social”. Por su parte, el Presidente de la CEA, un poco más burdo, dice que no son partidarios de las subvenciones, y que ese dinero no son subvenciones porque luego (se) lo reparten. Los otros dos, los delegados regionales de Tocho y Mocho, simplemente toman el dinero y corren (al bar).

La Autovía del 92 se cuartea al día siguiente de su construcción. El dinero del cemento se había ido en maletines, Pacheco dixit. El hermano del Director General de Carreteras es pillado con las manos en la masa, es decir con un maletín lleno de billetes, y éste declara que no sabía nada, que se enteró por los periódicos de la trama corrupta.

¿Y quién no se ha reído con la comedia bufa “La comisión García”, que la Compañía de Comedias de las Cinco Llagas ha estado representando en Sevilla? Que risa cuando el otrora primera cabeza de Andalucía –el que no sabía que su hija Paula era apoderada de una empresa a la que le estaba dando 10 millones de euros- dijo eso de “me enteré por los periódicos”. Muletilla socialista. O la Consejera del ramo, que dijo que el informe de la Intervención General sobre los ERE lo guardó en un cajón y no le dijo nada a su jefe Pepe II, para evitarle el disgusto, pobrecillo. O el enmano de Pepe I, que se llevó 8 millones de euros y dijo: “me han arruinado”.

He expuesto una secuencia de acontecimientos ocurridos en un lapso temporal de 25 años. Quiero decir que todas esas mentiras groseras (lo cual no les resta importancia) han sido suficientemente desenmascaradas por la realidad, con la ayuda del tiempo. Sin que de ello se hayan derivado consecuencias para los mentirosos y los intereses que defienden. ¿Qué ocurre, pues?

Es inevitable, cuando uno se encuentra ante tamaña desvergüenza, llegar a la convicción de que la mentira es políticamente rentable; que es un instrumento eficaz en la política. Y que frente a ella, conocer no sirve de nada. En mi opinión no es el conocimiento lo que puede vencer a la mentira en la política, sino acabar con la impunidad con que opera. Si los mentirosos acabaran en la cárcel e inhabilitados para el ejercicio de las funciones públicas, la mentira empezaría a tomar el camino del exilio. No sé si en esto discrepo de Jean-François Revel, que en su obra “El conocimiento inútil” (de obligatoria lectura) viene a decir que los dos antídotos contra la mentira política son la información y la democracia; en lo demás estoy absolutamente de acuerdo y expongo algunas de las claves para entender el problema, reproduciendo sus palabras.

Revel distingue entre la mentira simple y la mentira compleja. La primera es empleada como medio de acción, como práctica corriente en la esfera política, por los partidos, los sindicatos, las administraciones y otros centros de poder. Los dirigentes, por supuesto, mienten; se mueven entre la futilidad de las palabras y la ingravidez de lo irreal.

En la mentira compleja entra en juego la ideología, que funciona como una máquina para destruir la información, incluso a costa de las aseveraciones más contrarias a la evidencia.

De modo que la mentira no es ya un simple coadyuvante, sino una componente orgánica del sistema, una protección sin la cual no podría sobrevivir. El problema fundamental es entonces que el sistema reposa sobre la mentira.

Esto es propio de los sistemas con déficit democrático, de los regímenes totalitarios (y este que padecemos comparte muchos de los rasgos característicos), donde la mentira no es solamente una de las armas del poder político o de los intereses corporativos, sino que tapiza la vida pública en su totalidad. Es el barniz que disimula el foso que se abre entre el dominio exclusivo del partido único (o hegemónico) y su evidente incapacidad para gobernar la sociedad.

En este tipo de régimen la mentira no es sólo un ardid intermitente: es la afirmación permanente de lo contrario de lo que todo el mundo puede comprobar.

Hasta la misma palabra que los define, “de izquierdas”, es una mentira. Al principio designaba a los defensores de la libertad, del derecho…Hoy es ostentada por la mayoría de los regímenes despóticos, represivos, en los cuales, además, todos los que no pertenecen a la clase dirigente viven en la pobreza o en la miseria.

Quienes no aceptan la mentira son víctima del mecanismo sectario que Revel denunciaba en la Francia de hace 20 años: confundir con la extrema derecha a todos los ciudadanos que no son asimilables a la “sensibilidad” de izquierdas. Tachar de nazi a quien esté en desacuerdo, sobre un punto cualquiera, con un “hombre de izquierdas”.

Añadimos, pues, la mentira sistémica como otro de los rasgos que caracterizan el régimen socialista andaluz como un régimen neototalitario o despótico. La mentira es incompatible con la democracia, del mismo modo que la verdad lo es con el totalitarismo.

Visto que aquí el conocimiento es inútil y la democracia débil, ¿daremos algún día con el antídoto?

IULV-CA Como siempre "NI CONTIGO NI SIN TI"

IULV-CA pide un “segundo proceso” de reordenación del sector público. Europa Press. 22 de Octubre.

Para eliminar externalizaciones y subcontratas

IULV-CA pide un “segundo proceso” de reordenación del sector público

Foto: EUROPA PRESS

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha asegurado este lunes que el problema del sector público andaluz “no se arregla presupuestariamente”, sino que hace falta en estos momentos caminar hacia “un segundo proceso” en relación al ya iniciado de reordenación, pero que, en este caso, vaya dirigido a buscar la “eficiencia” de las empresas públicas.

   En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el vicepresidente de la Junta y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, Castro ha explicado que el proceso de reordenación del sector público que se realizó supuso una importante reducción de entes instrumentales, pero fue un proceso de reordenación“numérico”.

“No fue acompañado por la misma sistemática de un proceso de medidas de organización y funcionamiento de dichas entidades instrumentales”, ha señalado Castro, quien ha insistido en que lo que se ha hecho hasta el momento son medidas “economicistas y de recortes”, pero que los procesos de eficiencia y eficacia“estaban aparcados en ese primer proceso de renovación”.

En este contexto, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha manifestado que su formación defiende ahora la puesta en marcha de un segundo proceso de reordenación, donde los criterios de eficacia y eficiencia estén presentes en diferentes aspectos, poniendo como ejemplo las externalizaciones y las subcontrataciones de la Junta.

Por su parte, Valderas ha asegurado que la Administración andaluza tiene que hacer una “importante reflexión” en lo que se refiere al sector público, consensuada con los agentes sociales. No obstante, ha subrayado que dicha reflexión tiene que atender a unos criterios de “eficacia y eficiencia” para que sirva de un mejor modo a los andaluces.

LA PRIORIDAD, LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

El líder de IULV-CA ha querido dejar claro que el mantenimiento y la creación de empleo, junto con la defensa de los servicios públicos, serán los objetivos básicos de los Presupuestos de la Junta para 2013, pese a que se trate de unas cuentas “de cortos recursos”. “Todas las políticas estarán orientadas a la creación de empleo”, ha insistido.

Asimismo, ha destacado la importancia de exigir un debate a nivel  nacional sobre la puesta en marcha de la Renta Básica, impulsado desde Andalucía, y la creación en la Comunidad de una red de solidaridad que haga frente a la pobreza y a que “ningún andaluz pueda encontrarse en la indigencia”.

Otras de las políticas prioritarias para IULV-CA en los Presupuestos de la Junta serán, según ha explicado el líder de la federación de izquierdas, la vivienda y su rehabilitación, la creación de un banco de tierras y la puesta en marcha de instrumentos financieros públicos.

Finalmente, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 ha dicho que suponen “una soga al cuello” para los Presupuestos de la Junta porque no cumplen con el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por ello, ha valorado positivamente que IU federal vaya a interponer una enmienda a la totalidad, que también pida el cumplimiento con Andalucía de la inversión por población.

IULV-CA anima a “otras estructuras de la Junta” a seguir el ejemplo de EPSA “eliminando privilegios injustificables”. Europa Press. 22 de Octubre.

“Recortes por arriba”

IULV-CA anima a “otras estructuras de la Junta” a seguir el ejemplo de EPSA “eliminando privilegios injustificables”

Elena Cortés
Foto: EUROPA PRESS

SEVILLA, (EUROPA PRESS)

   IULV-CA, socio del PSOE-A en el Gobierno andaluz, ha animado a “otras estructuras de la Junta” a seguir el “ejemplo” de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) a la hora de“administrar con máxima eficiencia unos recursos limitados” y de “aplicar la transparencia a cualquier rincón oscurecido del presupuesto eliminando privilegios injustificables”.

   Así lo recoge el último boletín interno del Consejo Andaluz de IULV-CA, máximo órgano de la federación entre asambleas, titulado “EPSA: Recortes por arriba”, en el que valora la decisión de Cortés de reducir el número de altos directivos y de eliminar “blindajes impropios de una empresa pública” a través de “cesantías e indemnizaciones” que considera “privilegios injustificados”.

   Dicho documento, consultado por Europa Press, destaca que cuando Cortés asumió el cargo de consejera de Fomento y Vivienda “encontró en el organigrama de la EPSA, una estructura directiva sobredimensionada y carente de eficacia para dar respuestas a las demandas que la gente requería de la Junta en materia de suelo y vivienda y, también, en materia de ética y transparencia”.

   IULV-CA recuerda que ello provocó en julio una primera reducción a la mitad en el número de altos directivos en EPSA, pasando de “ocho directores de área a tres, manteniendo el cargo de director y subdirector”, si bien advierte de un “obstáculo importante para continuar reduciendo (recortando) la estructura directiva, en tanto que había que suprimir (recortar) censantías e indemnizaciones que la Consejería consideraba privilegios injustificados”.

   Ante esta situación, Cortés “impulsó una modificación del Estatuto del Directivo y eliminó (recortó) estos blindajes, impropios de una empresa pública y agravio para el resto de trabajadores de EPSA”, que además supone un “importante ahorro del dinero de los andaluces, cuyo fin debe ser paliar los efectos de la crisis en las capas más humildes de la sociedad, objetivo último que debe perseguir esta empresa pública destinada a proveer de suelo y vivienda a quienes no tienen todavía esa necesidad solucionada”, subraya el documento.

   El boletín informativo de IULV-CA pone en valor que el nuevo cese aprobado en octubre de “30 directivos intermedios de los servicios centrales de EPSA, en un proceso de racionalización y eficiencia que la dirección política de la empresa considera que aún no ha concluido” y que está “abierto a la participación de los trabajadores, a quienes la Consejería reconoce una extraordinaria labor como piezas fundamentales para la transformación de una empresa imprescindible para hacer políticas de justicia social en materia de vivienda y suelo”.

   En opinión de la federación de izquierdas, estos ajustes adoptados en la Consejería de Fomento suponen un “ejemplo en el que podrían mirarse otras estructuras de la Junta” y obedecen a un “principio ético imprescindible en la función pública: administrar con la máxima eficiencia unos recursos limitados y aplicar la transparencia a cualquier rincón oscurecido del presupuesto eliminando privilegios injustificables”.

MANIFESTACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES CONTRA LOS RECORTES EN CÁDIZ, Viernes 26 a las 10:00 horas

MANIFESTACIÓN VIERNES DIA 26 – CONVOCA: PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRA LOS RECORTES 

Salida desde Plaza de la Constitución y desde Plaza Asdrúbal, por la Avenida, hasta la comisaría de la Policía Nacional donde nos encontraremos, y vuelta al lugar de origen de nuevo por la Avenida.

Y LOS SINDICATOS CADA UNO A LO SUYO

Una nota de la sección sindical de la UGT Andalucía denuncia los modos antisociales de la dirección. Por Andalucía Libre. 19 de Octubre.

Una nota de la sección sindical de la UGT Andalucía denuncia los modos antisociales de la dirección

Viernes, 19 de Octubre de 2012 10:44

Una nota de la Sección sindical de UGT Andalucía denuncia el comportamiento de la dirección andaluza de UGT en la negociación con sus trabajadores. En concreto la acusan de imponer condiciones de trabajo que modifican sustancialmente las condiciones pactadas anteriormente y de amenazar con un despido según la norma vigente en la reforma laboral en caso de que sus criterios no se acepten.

La nota dice que “bajo las órdenes de la UGT de Andalucía, que parece que quiere evitar a toda costa la negociación colectiva ofrecen individualmente a cada trabajador/a  modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo, – si es que quieren permanecer en ésta, nuestra empresa,- de lo contrario saldrán por la puerta con 20 días con un tope de 12 mensualidades.”

Igualmente denuncia que esta imposición no vale para algunos de los empleados de UGT que se van a ir a la calle, “sí o sí”.

Vean la nota completa:

CSI-F quiere “trabajar” con el Gobierno para que un eventual rescate no implique recortes a los funcionarios. Europa Press. 18 de Octubre.

CSI-F quiere “trabajar” con el Gobierno para que un eventual rescate no implique recortes a los funcionarios

Foto: EUROPA PRESS

Asegura que los funcionarios “ya han pagado parte de las condiciones encubiertas del rescate”

   MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El sindicato de funcionarios CSI-F y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) han acordado “trabajar al más alto nivel con las instituciones europeas y el Gobierno español para evitar que un eventual rescate vuelva a incidir sobre las condiciones laborales de los empleados públicos”.

   El presidente de CSI-F, Miguel Borra, y el secretario general de la CESI, Klaus Heeger, han mantenido este jueves una reunión en Madrid en la que han analizado las consecuencias de la crisis económica sobre los empleados públicos de los diferentes países de la UE y, en concreto, las particularidades del sector español.

   CSI-F considera en un comunicado que “ha llegado hora de pasar página a los recortes y afrontar la reforma que necesita la Administración”. Así, reclama al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas “que negocien junto a los representantes sindicales un pacto de Estado y un Plan de Recursos humanos realista y acorde a los servicios que merecen nuestros ciudadanos”.

  Ambas partes coincidieron en que los empleados públicos españoles “ya han pagado parte de las condiciones encubiertas del rescate” en forma de una rebaja salarial, tres congelaciones salariales consecutivas, la retracción de paga extra, pérdida de días de libre disposición, la reducción del sueldo por baja médica y una pérdida de poder adquisitivo de más del 30%.

   “Además, en el último año, se ha producido la destrucción de más de 220.000 puestos de trabajo y la Administración es ya el tercer sector que proporcionalmente arrastra una mayor pérdida de empleos, detrás de la Construcción y las Industrias Extractivas”, indica CSI-F.

   Por otro lado, CSI-F ha anunciado que aún no ha decidido si secundará o no la huelga general. Según ha adelantado el presidente del sector de la Administración General del Estado del sindicato, Francisco Camarillo, los órganos de gobierno de CSI-F se reunirán la próxima semana para consensuar su postura ante la huelga.

   Asimismo, Camarillo ha recordado que el sindicato no apoya el referéndum sobre los recortes que la Cumbre Social viene pidiendo al Gobierno desde hace meses “porque cree que tiene unas motivaciones diferentes”.

NOTICIAS DEL FIN DE SEMANA, 21 de Octubre.

La Junta denuncia a cuatro ex directivos de EPSA por cobrar pluses indebidos. Malaga Hoy. 21 de Octubre.

LA ADMINISTRACIÓN PARALELA

La Junta denuncia a cuatro ex directivos de EPSA por cobrar pluses indebidos

Los altos cargos recibieron “privilegios de dudosa legalidad y moralidad”, diseñados a medida para saltarse la ley y recibir cuantiosas retribuciones, según el relato de la Administración.

La Junta de Andalucía ha denunciado ante los tribunales a cuatro ex directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) por el supuesto cobro de salarios y retribuciones indebidas mientras ejercían sus funciones. Estos miembros de la alta dirección de la empresa pública de vivienda denunciaron previamente a la Junta tras ser despedidos en julio en el proceso de reestructuración de los órganos directivos que llevan a cabo los nuevos gestores de EPSA, ahora en la Consejería de Fomento y Vivienda gestionada por Izquierda Unida. Los denunciantes entienden que tras el cese tienen derecho a una indemnización, negada por la Junta.

La Administración andaluza esgrime recientes decretos autonómicos por los que los altos cargos de las empresas públicas no tienen derecho a recibir indemnizaciones y se remite al momento procesal oportuno para explicar las razones por las que se opone a estas pretensiones. Pero lo novedoso en este tipo de conflictos es que la Junta de Andalucía se ha acogido a un instrumento jurídico poco frecuentado, la reconvención, una suerte de contraataque.

Si los denunciantes se presentan como empleados rasos y reniegan de su condición de altos cargos para tener derecho a la indemnización alegando despido improcedente, la Junta desestima ese argumento y les exige, en consecuencia, que devuelvan los ingresos salariales y dietas que recibieron por su condición de altos cargos. Estas reclamaciones han tenido un capítulo previo al judicial en el centro de mediación, arbitraje y conciliación de Sevilla, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Las cuatro vistas celebradas en las últimas tres semanas han concluido sin avenencia, por lo que el asunto acaba de entrar en vía judicial, por las dos partes. Hay un quinto ex alto cargo despedido que también ha denunciado a la Junta, por lo que el itinerario puede repetirse en su caso.

El conflicto ha permitido conocer algunas de las prácticas que se han llevado a cabo en esta empresa pública, una de las más importantes del oscurantista sector público andaluz, de actualidad esta semana por el recorte de 30 de sus directivos intermedios (se quedan en 68) decidido por el departamento que dirige la izquierdista Elena Cortés.

Los denunciados pertenecieron a la alta dirección de EPSA hasta el pasado mes de julio.Eran 10 y los puestos se han reducido ahora a cinco, tres ocupados por nuevos gestores de IU (incluido director y subdirector) y otros dos que se mantienen. De los ocho salientes, cinco denunciaron a la Junta y, por el momento,la Junta ha denunciado a cuatro.

El caso más llamativo de los que han pasado por el órgano de mediación es el de José Manuel Vergel, que fuera director de Recursos Humanos de EPSA. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva esta redacción, Vergel ingresa en EPSA mediante libre designación sin someterse a proceso selectivo alguno. La propia Junta asevera en el texto de reconvención que “ha sido práctica habitual en la empresa pública durante mucho tiempo que la selección de puestos de alta responsabilidad careciera de criterios objetivos y estuviera reservada a personas designadas esencialmente por su afinidad política”.

En el caso de Vergel su selección viene motivada por su “estrecha vinculación personal y política” con el entonces director de EPSA, Jorge Cara, que ocupó el cargo de 2007 a 2010 y fue subdirector desde 2004. Cara es desde junio secretario general de Formación Profesional en la Consejería de Educación que dirige Mar Moreno.

Vergel y Cara participaban en la dirección del PSOE de Roquetas de Mar. Vergel compatibilizó el cargo en EPSA con la responsabilidad de la Secretaría de Empleo del PSOE de Almería.

La Junta expone que en septiembre de 2007 Vergel “da instrucciones” para que se le prepare un contrato indefinido desde diciembre de 2006, constando una antigüedad cuantificada en 1.285 euros, y estableciendo que, “habida cuenta que el desempeño de cargo de directivo supone su desplazamiento a Sevilla desde el domicilio familiar de Almería, se pacte expresamente el abono de 7.000 euros brutos anuales, distribuidos en doce pagas, en concepto de indemnización por traslado”.

Un año después ordena que se le beneficie con una indemnización por vivienda. De 2007 a julio de 2012 recibe 53.073 euros en vivienda, una cantidad que la Junta, además, considera que responde a un criterio “absolutamente fraudulento”al tener domicilio familiar en Sevilla. El nuevo equipo de EPSA considera queestableció el abono de dichas cantidades para incrementar sus retribucionesy, además, pactó percibirlo en especie “para eludir las limitaciones establecidas legalmente” a partir de 2010, cuando los emolumentos no podían superar el sueldo del presidente de la Junta (68.981).

Vergel pacta incluso mantener estas retribuciones si abandona la alta dirección, “siguiendo una práctica habitual en la empresa de reconocer privilegios de dudosa legalidad y moralidad”, según el escrito de la Junta. Este alto cargo pasó de cobrar 55.977 euros como directivo intermedio a 78.179 euros.

La Junta, además, le achaca “negligencia profesional” en la defensa de los intereses de la empresa. EPSA perdió dos juicios contra dos ex altos cargos (Manuel León y Antonio Barrios) y culpa a Vergel de la estrategia, que pudo estar diseñada para “allanar su posible itinerario judicial posterior”.

La Junta también ha emprendido acciones legales contra otros tres ex altos cargos que han reclamado una indemnización tras su cese. Se trata de José María Salas, ex alcalde socialista del municipio jiennense de La Guardia, Federico Salmerón, ex director de Rehabilitación y Renovación Urbana de EPSA, y Antonio López Jiménez, amigo personal de Jorge Cara.

La política de mantenimiento del empleo público. Malaga Hoy. 21 de Octubre.

La política de mantenimiento del empleo público

La diana del recorte. Dado que no es posible ni conveniente subir impuestos y que el capítulo inversor es mínimo, será el gasto corriente la partida que tendrá que soportar el ajuste

| ACTUALIZADO 21.10.2012 – 05:04

Las restricciones presupuestarias derivadas de la reducción de los ingresos tributarios, y de los compromisos que limitan el déficit y la deuda pública, van a abocar a la Junta de Andalucía a violentar su máxima de “defensa del empleo público”. La Consejería de Hacienda está tratando de cuadrar un proyecto de presupuesto para final de este mes, y la tarea debe ser compleja, pues si bien la Junta de Andalucía ha conseguido que se reponga la autorización de endeudamiento al 15,1% del PIB, la exigencia de cerrar 2012 con un déficit máximo del 1,5% del PIB exigirá recortes adicionales antes de que acabe el año, mientras que el compromiso de seguir reduciendo el déficit hasta el 0,7% del PIB en 2013 será aún más complicado en un escenario de continuidad de la recesión (las previsiones disponibles apuntan a una reducción entre el 1,6 y el 2% del PIB para 2013) y, en consecuencia, de reducción de los ingresos fiscales. Adicionalmente, la petición al Fondo de Liquidez Autonómico de 4.906,8 millones de euros restringe severamente a la Junta de Andalucía la posibilidad de desviarse de los objetivos de déficit establecidos.

En este contexto, y dada la práctica imposibilidad (e inconveniencia) de aumentar los impuestos, la reducción del déficit exige recortar el gasto y, reducida a la insignificancia la inversión, será el gasto corriente el que tenga que soportar el ajuste. Es por ello por lo que inevitablemente habrá de reducirse el empleo público.

Según los últimos datos disponibles, facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y referidos al mes de julio de 2011, el empleo del conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía se elevaba a 499.961 personas, a las que debensumarse los empleados en empresas y otros entes públicos. El 50,8% del empleo público en la región correspondía a la Junta de Andalucía, y el resto a la administración estatal, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades. De la fuente de información referida se deriva que por cada millón de euros producidos en Andalucía hay 1,7 empleados públicos autonómicos (1,3 de media entre las comunidades autónomas), o que éstos significan el 9,1% del empleo regional (7,4% de media en España), lo que nos viene a poner de manifiesto la desproporción del empleo público con nuestra base productiva y laboral. Incluso el coeficiente entre empleo público autonómico y habitantes (30,1 empleados públicos por 1.000 habitantes en Andalucía frente a 28,6 de media en las CCAA) pone de manifiesto un exceso relativo de plantilla, lo que podría traducirse en unos servicios públicos de más calidad que la media española, aunque esta posibilidad no sería compartida por muchos ciudadanos, que probablemente explicarían el mayor peso del empleo público andaluz por su baja eficiencia relativa.

Esto es lo que perciben muchos usuarios de los servicios públicos, que vienen a coincidir en el exceso de plantillas y en la baja intensidad del trabajo de éstas, aunque esta consideración no sea generalizable a toda la administración autonómica, pues junto a departamentos con sobredotación de empleo existen otros con necesidad de personal. En cualquier caso, la posibilidad de ganancias de productividad es bastante generalizada en la administración autonómica, máxime en tiempos en los que la actividad se ha reducido por la crisis, especialmente en los departamentos inversores. En consecuencia, el ajuste del empleo público a las necesidades reales del trabajo no sólo es necesario para reducir el déficit público, sino también para aumentar la eficiencia de la administración pública. 

Sin embargo, el gobierno regional y los partidos que lo sustentan vienen defendiendo históricamente el mantenimiento del empleo público a cualquier precio, lo cual no deja de ser paradójico si observamos el entorno económico. Si las empresas han hecho frente a la reducción de ingresos con ajustes que en muchos casos se han traducido en reducciones de empleo, la Junta de Andalucía ha hecho frente a la caída de los ingresos con diversas medidas de menor racionalidad económica: por una parte, aumentando impuestos, trasladando así la ineficiencia pública a la reducción de la renta disponible de los ciudadanos y, en consecuencia, del consumo y la inversión; por otra, reduciendo drásticamente las inversiones públicas, lo que condiciona negativamente el futuro económico y reduce la actividad y el empleo de las empresas a través de las cuales se aplican las inversiones; por otra, reduciendo intensamente la contratación de servicios externos, lo que ha llevado al cierre a numerosas empresas que vienen trabajando para la administración autonómica y al paro a sus empleados; y, por otra, retrasando el pago a los proveedores hasta provocar la asfixia financiera de empresas eficientes y competitivas, que han tenido que cerrar y despedir a sus empleados. Por todo ello, la defensa a ultranza del empleo público ha tenido unos costes elevados para muchas empresas y familias a las que también representa el gobierno y cuyos intereses debe velar con semejante celo que al de los empleados públicos.

A pesar de la defensa numantina del empleo público, las restricciones para cuadrar el presupuesto de 2012 ha determinado que la consejera de Hacienda haya abierto la veda al ajuste del empleo en algunas empresas y entes públicos dependientes del presupuesto de la Junta de Andalucía, pero la resistencia del PSOE e IU al posible coste político de la reducción del empleo público ha llevado a algunos centros directivos a reinterpretar la decisión como reducción de directivos de empresas públicas, para satisfacción del PP que aboga también por no tocar el empleo público a excepción de los cargos directivos. Lareducción de cargos directivos será razonable, pero en términos presupuestarios no será determinante para ajustar el presupuesto al compromiso de déficit, y esquivará la necesaria reforma de la administración autonómica. Por ello, es posible que de nuevo se desaproveche la oportunidad de racionalizar el empleo público como ya ocurrió con el controvertido Decreto-Ley de julio de 2010 sobre reordenación del sector público andaluz, que se saldó con mucho ruido y con una cosmética reducción de empresas y entes público.

Los tiempos de crisis son tiempos de cambios y de reformas que no se abordan cuando las condiciones económicas son favorables. Es evidente que en la Junta de Andalucía hay un exceso de empleo público, que existen centros directivos cuyas funciones se superponen con otros entes públicos, que muchos organismos son prescindibles sin que la calidad de vida de los andaluces se vea afectada, quealgunas empresas públicas compiten deslealmente con empresas privadas,que las posibles ganancias de eficiencia en el trabajo público son notables, quela mayor parte de los empleados públicos se encuentran desmotivados o frustrados porque se ha preferido rebajar sueldos y quitar incentivos para que nominalmente se mantenga el empleo,…

En definitiva, es necesario abordar una reforma de la administración autonómica integral con criterios de profesionalidad y racionalidad económica y no determinada por los intereses políticos. Esa reforma debe afectar no sólo a las empresas públicas, sino también a la administración ordinaria y otros muchos organismos, debe favorecer una administración más flexible y adaptativa a los cambios en la demanda, en la tecnología y en la forma de proveer los servicios públicos,… Con el tiempo se hará, pero como casi siempre será tarde y en el camino perderemos los mejores empleados públicos y se habrá lastrado el desarrollo de Andalucía.

Sobre el empleo público. Editorial. Diario de Sevilla. 21 de Octubre.

EDITORIAL

Sobre el empleo público

| ACTUALIZADO 21.10.2012 – 01:00

LAS consejerías de Fomento y Salud de la Junta de Andalucía han eliminado esta semana numerosos cargos directivos de sus estructuras propias y de sociedades de gestión creadas por las mismas. La reestructuración ha sido bien acogida por la opinión pública como muestra de austeridad y ahorro. No obstante, resulta completamente insuficiente si lo que se busca es un ahorro determinante para enjugar el déficit público. Los dos partidos que gobiernan Andalucía en coalición (PSOE e IU) vienen proclamando la idea de que con estas medidas contribuyen a cumplimentar el objetivo de reducción del déficit -compromiso aún más firme e imprescindible después de que la comunidad autónoma se haya acogido al rescate del Fondo de Liquidez Autonómico-, pero la realidad dista mucho de esta visión optimista, teñida en buena parte de populismo y electoralismo. En efecto, el Gobierno andaluz y los partidos que lo sustentan consideran que la defensa del empleo público a cualquier precio es innegociable. Mientras las empresas andaluzas se ven obligadas a afrontar su caída de ingresos mediante ajustes que en muchos casos conllevan reducciones de empleo, la Junta hace frente a sus dificultades financieras con aumentos de impuestos que castigan la capacidad de consumo de los ciudadanos, bajada drástica de las inversiones que incide negativamente en la actividad económica y el empleo y cese de la contratación de servicios externos y retraso en el pago a sus proveedores. Todas ellas son medidas que afectan, para mal, a empresarios y trabajadores de Andalucía cuyos intereses también han de ser representados y defendidos por el Gobierno autonómico. El criterio para una reforma y reordenación del sector público andaluz -muy numeroso en base a cualquier parámetro objetivo con que se examine y desproporcionado con respecto a nuestra base productiva- no puede ser en exclusiva la continuidad del empleo que proporciona en sus numerosos departamentos, sociedades, consorcios, fundaciones y observatorios. Hay un exceso de empleo público, organismos prescindibles, otros que se solapan entre sí y algunos cuya actividad, por la propia crisis, no se corresponde con la dimensión que han adquirido. Urge una revisión a fondo.

Andalucía opta por la reducción de directivos para adelgazar el sector público. Diario SUR. 21 de Octubre.

ANDALUCÍA

Andalucía opta por la reducción de directivos para adelgazar el sector público

El recorte en los entes instrumentales de la Junta, clave de los Presupuestos para 2013, que se prevén muy restrictivos

21.10.12 – 01:24 -
MARÍA DOLORES TORTOSA | SEVILLA.

El Gobierno andaluz ha optado por la reducción de cargos directivos en las empresas o entes públicos para reducir costes antes que el despido de trabajadores, aunque este no esté descartado del todo. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, han sido las primeras esta semana en anunciar medidas de este tipo, pero fuentes de la Junta señalan que no serán las únicas.

Cortés ha programado la supresión de 30 puestos directivos en la Empresa Pública de Suelo (EPSA) que, con un millar de empleados y apenas trabajo por laausencia de inversiones en infraestructuras, pesa como una losa en el presupuesto andaluz. El pasado verano había relevado a otros diez altos cargos. Montero, por su parte, también ha anunciado un recorte del 20% de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (63 de 354 directivos) para ahorrar cinco millones de euros. Para ellounifica la dirección de hospitales y centros sanitarios.

El Gobierno andaluz interpreta ambas medidas como una continuación de la reducción de cargos públicos anunciada por Griñán para aminorar gasto debido a la crisis económica y financiera. Primero tocó a la administración central, con la unificación de consejerías, desapareciendo tres de la pasada legislatura. Luego la periférica, con otra disminución de la mitad de las delegaciones. Y ahora toca al sector público.

Armonización de salarios

La eliminación de puestos intermedios sucede a otras medidas reductoras de emolumentos, entre ellas la armonización de salarios de los puestos directivos tanto de la Administración general como de las empresas públicas y que los de estas no cobren más que el presidente de la Junta, circunstancia que se daba en numerosos casos. Todo ello se recoge en el Plan de Ajuste de Medidas Económicas y Financieras aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de mayo para garantizar que Andalucía no sobrepase el objetivo del déficit público marcado para este año, el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Varias de las medidas responden a los decretos del Gobierno central de aumentar la jornada laboral de los empleados públicos y rebajar sus salarios.

La reducción última de directivos en los entes empresariales de la Junta coincide, no obstante, con las presiones del Gobierno de Rajoy para que las comunidades adelgacen su sector empresarial, sobre todo si como Andalucía se ha acogido al rescate del Fondo de Liquidez Autonómica. En realidad es una de las condiciones, como no se cansa de repetir el Partido Popular en Andalucía.

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado por activa y por pasiva que la Junta no va a emprender otra reestructuración del sector público porque esta ya se acometió en 2010 con lareducción de 111 entes, proceso que culmina a final de este año con la supresión de 95 consorcios locales. Aguayo insiste en que el sector, que da empleo a 24.000 personas, no va a «redimensionarse» otra vez.

Pero al mismo tiempo, la consejera ha anunciado que en las cuentas públicas que prepara para 2013 los entes instrumentales recibirán menos dinero para su financiación, lo que deja en manos de las consejerías de las que dependen las medidas «de restricción presupuestaria» que consideren más oportunas, siempre con la máxima de preservar puestos de trabajo. Elena Cortés ha sido la primera en aplicarse el cuento.

La Junta de Andalucía considera como propios 124 entes instrumentales que dependen de su Presupuesto (agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios). Pero la cifra es mucho mayor a efectos del Ministerio de Hacienda,que incluye las diez universidades y otras fundaciones o empresas participadas por la Junta. En definitiva, también dependen del Presupuesto autonómico.

Transferencias

En el ejercicio 2012 la previsión de financiación presupuestaria de los entes que la Junta considera como propios asciende a 3.322 millones de euros, en concepto detransferencias y subvenciones, según se recoge en la Ley de Presupuestos de este año. No se recoge el montante global del resto.

La consejera ha anunciado un Presupuesto «restrictivo» por la situación económica, que prevé un crecimiento negativo de más del 1% del PIB (aún sin concretar). Pero la gran espada de Damocles para el próximo ejercicio será la obligación de cumplir con un objetivo de déficit público del 0,7% del PIB, si el Gobierno no cede y flexibiliza este margen como desean las comunidades autónomas. El Gobierno andaluz lo ha calificado de «injusto». El incremento de la capacidad de endeudamiento dos puntos hasta el 15% supondrá un respiro de 2.700 millones de euros para el departamento de Aguayo, pero todas las fuentes gubernamentales avisan de lo peor. Serán unas cuentas duras. Si el pasado año fueron las inversiones las que sufrieron el mayor tijeretazo, todas las miradas apuntan esta vez al sector público empresarial.

Hasta ahora solo se ha dado a conocer que el empleo y el sustento de los servicios públicos del llamado estado del bienestar (educación, sanidad y dependencia) serán los luminosos de un presupuesto que se prevé parecido en cuantía al de 2012, que se aprobó en 32.000 millones de euros, pero al que se le sisó 2.700 millones con el plan de ajuste aprobado en mayo.

El empleo es una obsesión para el Gobierno de una comunidad que puede llegar el próximo año al 35% de su población activa en paro, según los analistas económicos. El consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, ha emplazado a las restantes consejerías a centrar sus programas en la creación de empleo.Izquierda Unida quiere que esto se traduzca en más fondos para los planes de políticas activas, como el plan de obras en colegios para parados (plan OLA), el de arreglos de caminos o el de rehabilitación de viviendas. Todos ellos dotados con 200 millones de euros. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, habla de presupuestos «solidarios» en respuesta también a un acuerdo con IU para reforzar el salario social para familias sin recursos.

Si bien la Junta quiere que las políticas de empleo sean la seña de identidad de las futuras cuentas autonómicas, las primeras del Gobierno de coalición PSOE-IU, este se topa con una paradoja, la de no poder asegurar que se puedan preservar los puestos de trabajo de la propia Administración autonómica.

¿De qué otra forma puede recortarse gasto en el sector público? ¿Será suficiente con la reducción o despido de los directivos intermedios? «No puedo contestar por centros que no son de mi competencia», ha dicho Aguayo.El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ya ha advertido de que sería «una contradicción» no predicar con el ejemplo. IU, no obstante, admite como el PSOE, quela finalidad es preservar «el mayor empleo posible», pero no descarta despidos.

Hospitales y hoteles

Hasta el PP, que tiene recurrida a los tribunales las normas de reestructuración del sector público por considerar que se colaba por la puerta de atrás de la función pública a «enchufados» del PSOE, ahora pide que se preserve el mayor empleo posible. «Hay margen para reducir sin afectar a los trabajadores», manifiesta Alicia Martínez, vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP -A.

La consejera de Presidencia ha dado una pista: «No puede tener el mismo tratamiento, por ejemplo, el hospital de la Costa del Sol o el Infoca que otro tipo de servicios que en este momento tienen un porcentaje de carga de trabajo bastante inferior». Y es que el entramado de las empresas públicas entranactividades tan dispares como las de Canal Sur, varios hospitales, el servicio de emergencias sanitarias, la Fundación Baremboin-Said, consorcios de transportes, los metros o el apartahotel Trevenque de Sierra Nevada. (Listado en la web de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas).

¿Cuál es el verdadero tamaño de la Junta?. Málaga Hoy. 21 de Octubre.

¿Cuál es el verdadero tamaño de la Junta?

La Administración paralela le cuesta al ciudadano al menos 2.500 millones de euros al año · Los inventarios de entes del Ministerio y la Consejería no coinciden

Fede Durán / SEVILLA | Actualizado 21.10.2012 – 05:04

Adelgazar, adelgazar, adelgazar. El verbo más pronunciado en Bruselas es el más temido en Andalucía. Porque el sujeto de la frase es la Junta, atrapada en un discurso imposible que dice que gastar menos con el mismo bastidor es perfectamente viable. El Gobierno español, fiel recadero del alemán, impuso un plan de austeridad a todas las comunidades autónomas: antes del 1 de enero de 2013, los deberes deben estar hechos. El pulpo andaluz es imponente: 380 entes que deberán convertirse en 269, según el inventario del Ministerio de Hacienda. Y ahí comienzan los problemas.

Porque esa lista incluye, por ejemplo, a las universidades. Porque los cálculos de la Junta e incluso de los sindicatos difieren. Porque los Presupuestos, que son la verdadera brújula de control, sólo incorporan a los destinatarios de transferencias de financiación (18 agencias públicas empresariales, nueve sociedades mercantiles, diez consorcios y una fundación).

La Junta se movió rápido: el 17 de febrero de 2011 aprobaba la ley de reordenación del sector público de Andalucía, a la que seguirían un puñado dedecretos y resoluciones. Se creaba la Agencia del Conocimiento, que absorbía a tres entidades; la de Servicios Sociales y Dependencia, que se zampaba dos fundaciones; Amaya, que fusionaba Egmasa y la Agencia del Agua; la Agencia de Obra Pública, que asumía el hueco de Ferrocarriles de la Junta y Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Extinciones puras y duras, sin recolocaciones o digestiones, había pocas: apenas tres sociedades mercantiles.

Presionado por IU, los sindicatos y su propio pasado, el Ejecutivo andaluz es muyreacio a asumir recortes de personal, así que de momento insiste más en la nomenclatura. Buenos ejemplos son el de la Faffe, con alrededor de 1.200 trabajadores integrados ahora en el SAE; el de la antigua Egmasa, donde parte de sus casi 5.000 efectivos pertenecen hoy a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua; o el de las más de 70 oficinas comarcales agrarias engullidas por las delegaciones provinciales de Agricultura. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha esbozado ya el próximo movimiento: borrará del mapa 95 consorcios, las denominadas unidades territoriales de empleo y desarrollo local y tecnológico, abriendo así una oscura grieta laboral. UGT-A denuncia que unos 800 trabajadores han sido despedidos en vez de incorporarse al SAE como estaba previsto. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) rebaja la cifra a 70.

Asumidas las dudas sobre las hechuras del Polifemo, sí es factible, por el contrario, tasarlo económicamente. Los Presupuestos de 2012, los de las 18 agencias, diez consorcios, nueve empresas y una fundación, iluminan casi todo: unas partidas agregadas (globales) de 3.625 millones de euros, un coste para el ciudadano de 2.564 millones (el dinero destinado a la Administración paralela vía transferencias y subvenciones), unos gastos de personal de 877 y un desfase entre beneficios y pérdidas de 8,4, aunque ésta sea una cifra maquillada por las transferencias y otros trucos contables.

El pastel presupuestario está desigualmente repartido. Entre las agencias gana la de Servicios Sociales y Dependencia (1.178,1 millones); seguida del Ente Público Andaluz de Infraestructuras (373,2); la Empresa Pública del Suelo (268,4); la Amaya (257,2); RTVA (219,6); la agencia IDEA (187,9); las agencias públicas empresariales sanitarias de la Costa del Sol (154,9), Almería (134,4) y el Alto Guadalquivir (125,5); la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (98,8); la Agencia de Cooperación Internacional (58,7); la APE sanitaria del Bajo Guadalquivir (53); la Agencia de Puertos (51,4); las de Instituciones Culturales (39,5); Obra Pública (19,3); Energía (10,9); y Conocimiento (9,7).

La Fundación para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) presupuestó 42,1 millones en 2012; mientras que los consorcios sumaron 120,4 y las sociedades mercantiles (Extenda, Inturjoven, Cartuja 93, Promonevada, Sogefinpa, Cetursa, la Empresa Pública de Gestión de Activos, la de Turismo y Deporte y la Escuela de Salud Pública) concentraron 209,2.

Pero la clave está en otros números, los de las plantillas. La Junta es la gran empleadora de la región, con casi 260.000 efectivos entre funcionarios y laborales.Aunque de nuevo las cifras bailen en función de a quién se pregunte, el departamento de Aguayo recuenta 22.485 funcionarios y 23.289 contratados adscritos a laAdministración General de la Junta. Sanidad y Educación suponen 200.000 profesionales más, y la cuenta definitiva se redondearía con los de Justicia. En losPresupuestos de 2012, los gastos de personal ascendían a 9.853 millones, un 0,9% más que en 2011, lejos del espíritu de contención proclamado por los guardianes de la Eurozona. Ilustra mejor el peso de la cifra su valor relativo: la Junta se gasta en su ejército de trabajadores casi un tercio de sus recursos anuales.

¿Es posible ir más allá, descender al detalle, saber a ciencia cierta cuál es la cuña de la tarta laboral que se queda la Administración paralela? En realidad, todavía no, al menos si la idea es ceñirse al presente. El desbarajuste es tal que la propia Junta acordó el pasado 24 de julio reclamar información relativa a los“puestos de trabajo, tipos de contratación, estructura retributiva y medidas de ajuste en materia de gasto de personal”. Aunque daba tres meses de plazo a agencias, consorcios, fundaciones y empresas para concretar, aún no hay novedades al respecto. Aquello fue una confesión implícita de incompetencia -el titán que no controla a sus huestes-, pero existen otras vías de investigación.

La más útil es el Registro Mercantil Central, que combina los últimos datos disponibles de un puñado de agencias y empresas. La antigua Egmasa contaba con 4.971 empleados (personal laboral) a cierre de 2010; Canal Sur Radio y Canal Sur TV agrupaban a 1.727 en 2011; la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol a 1.662 (2010); la Agencia Pública del Suelo a 753 (2010); Inturjoven a 393 (2010); Cetursa Sierra Nevada a 353 (2011); la Agencia Pública de Obra Pública a 129 (2010); la Escuela Andaluza de Salud Pública a120 (2010); y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones a 84 (2011).

Las dimensiones del conflicto son monstruosas. La Junta tendrá que:

1. Aclarar por qué no supo controlar el crecimiento de su brazo paralelo una vez se oficialicen los datos de su tamaño real,
2. Justificar el mantenimiento del empleo (IU presionará en esa dirección)pese al imperio del déficit bajo control, y
3. Asumir lo que decida el Tribunal Supremo sobre la supuesta ilegalidad de los protocolos de integración del personal laboral, donde no se han respetado, según el TSJA, los principios de publicidad, capacidad, igualdad y mérito en el acceso a las plazas provisionadas.

El callejón no tiene salida. Francisco Iglesias, secretario de Acción Sindical del CSIF, advierte que “la Junta no puede conservar el entramado actual. Hay que elegir más selectivamente al personal laboral. Hay que eliminar duplicidades. No se trata de recortar puestos de trabajo sino de reasignar funciones. Salud, educación y dependencia son intocables y hasta mejorables, pero actualmente no hay carga de trabajo y hay trabajadores que asumen funciones que no les corresponden”, sintetiza. José Manuel Mateo, secretario general del SAF, va más allá: “Nuestro objetivo es derribar la Administración paralela porque le quita competencias y trabajo a los funcionarios. Es verdad que hay ciertos servicios que pueden derivarse porque la Junta no los tiene previstos en las relaciones de puestos de trabajo, pero la mayoría están duplicados y triplicados. Habría que estudiar cuáles son esos servicios imprescindibles a los que no alcanza el funcionario y entonces ofrecérselos a una agencia mejor administrativa que privada”. Mateo considera que la Junta tendrá que tragarse el sapo del personal laboral si el TS falla en su contra. “Ganan hasta tres veces más que un funcionario y muchos son ex altos cargos del PSOE. A ver qué hace con esos 30.000 contratos”.

Presuntamente antes de noviembre, la Junta quitará el precinto a la cuna y enseñará al mundo su criatura: peso y altura, dieta, constantes vitales. Lo que suceda después es un misterio.

PCA apoya “aligerar la estructura burocrática” del sector público andaluz “reduciendo directivos, pero no empleados”. Europa Press. 20 de Octubre.

Reunión del Comité Central en Humilladero (Málaga)

PCA apoya “aligerar la estructura burocrática” del sector público andaluz “reduciendo directivos, pero no empleados”

José Manuel Mariscal
Foto: EUROPA PRESS/ARCHIVO

Respalda la huelga general y propone conceder el próximo 28 de febrero el título de Hijo Predilecto a título póstumo a Manuel García Caparrós

   HUMILLADERO (MÁLAGA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Partido Comunista de Andalucía (PCA) se ha mostrado este sábado partidario de“aligerar la estructura burocrática” del sector público andaluz reduciendo para ello el número de directivos, “pero no de empleados” en el seno de aquellas empresas que se encuentren “más saturadas de burocracia”.

   Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, quien ha participado en la reunión del Comité Central de este partido que se ha desarrollado en la localidad malagueña de Humilladero, y en la que los comunistas andaluces han aprobado un informe en el que definen las líneas de acción que, en su opinión, deberían servir a la Junta de “criterios” a tener en cuenta para la elaboración de sus presupuestos de 2013.

   Una de dichas políticas, ha señalado Mariscal, es la de la “defensa del mantenimiento del servicio y el empleo público” y el rechazo a cualquier “recorte en sanidad o servicios sociales”, si bien ello no les impide apoyar una reducción del número de directivos en empresas de dicho sector en las que hay “muchos capitanes y pocos soldados”.

   El líder del PCA ha puesto en este sentido como ejemplo la labor que está llevando a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), para aligerar la estructura directiva de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) a través de la eliminación de cargos directivos.

   Se trata, ha explicado Mariscal, de reducir la “red clientelar creada por los socialistas” en sus años de gobierno de la Junta, y reducir un sector con empresas en las que “hay mucha saturación”, todo ello sin llevar a cabo eliminaciones de entidades públicas como las anunciadas este viernes por el gobierno de la Comunidad Valenciana que dirige Alberto Fabra (PP), una decisión que en Andalucía sería vista por el PCA “no como una línea roja traspasada, sino como una bomba atómica”.

   Además, el secretario general de los comunistas andaluces ha detallado que el mencionado informe, que ha recibido el respaldo de 45 votos frente a nueve abstenciones, aboga también por materializar la concesión de una “renta social”, como defiende IU, y por “dotar de contenido” la labor de la Junta contra los desahucios.

   Igualmente, el PCA ha vuelto a reclamar la creación de una “banca pública” y ha abogado por reformar el sistema impositivo de la comunidad para “mejorar la recaudación” aumentando los tributos a los que “más tienen”.

RESPALDO A LA HUELGA GENERAL

   Por otro lado, el Comité Central del PCA también ha aprobado el apoyo del partido a la jornada de huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre, y para la que se pondrán “a las órdenes de los sindicatos”.

   En ese sentido, los comunistas, según Mariscal, han respaldado la idea de UGT y CCOO de convertir dicha jornada en un día de “paro cívico” más que de huelga, para que“paren el consumo y toda actividad, y no sólo los trabajadores”.

TÍTULO DE HIJO PREDILECTO PARA MANUEL GARCÍA CAPARRÓS

   Por último, el PCA ha aprobado también en su Comité Central instar a la Junta de Andalucía a conceder, de cara al próximo 28 de febrero, el título de Hijo Predilecto a título póstumo al malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando participaba en una manifestación por la autonomía andaluza.

IULV-CA avala la reducción de “decenas” de cargos directivos en las empresas públicas “sobredimensionadas”. Europa Press. 19 de Octubre.

García: “Es lo normal y racional”

IULV-CA avala la reducción de “decenas” de cargos directivos en las empresas públicas “sobredimensionadas”

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El diputado de IULV-CA Ignacio García ha avalado la reducción de “decenas” de cargos directivos que se ha producido en los últimos días en empresas públicas de la Junta “sobredimensionadas”, destacando que en los próximos meses se va “repensar” la situación del sector público andaluz, a través de una reflexión “obligada” para servir de la forma “más eficaz” al conjunto de la sociedad andaluza.

   En un comunicado, García ha recordado que si el miércoles la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunciaba el cese de otros 30 directivos de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), este jueves fue la consejera de Salud, María Jesús Montero, la que comunicó que reducía en un 20 por ciento los directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro de la reestructuración de la Administración autonómica.

   García ha hecho hincapié en que el camino emprendido por IU de reestructuración de la administración pública andaluza tiene como objetivo “mejorar la gestión” con “la optimización de los recursos”. A su juicio, estas iniciativas se corresponden con el planteamiento de Izquierda Unida en la Junta, consistente en mantener el trabajo priorizando los recursos disponibles.

   Asimismo, el diputado de IULV-CA ha señalado que la medida emprendida por Cortés el pasado miércoles “no es aislada”, ya que el pasado mes julio la consejera ya redujo a la mitad el equipo directivo de EPSA, pasando de diez a cinco el número de altos directivos y de ocho direcciones de área a tres, manteniendo los cargos de director y subdirector.

   Además, en agosto, la consejera decidió eliminar cesantías e indemnizaciones del cuerpo directivo mediante una modificación de su estatuto del directivo intermedio, lo que supuso, en palabras de Elena Cortés, “la eliminación de unos privilegios injustificados”.