Andalucía / josé ángel castillo, abogado
Andalucía / josé ángel castillo, abogado
Junto al equipo del despacho de Mariano Aguayo, este letrado representa a los funcionarios de la Junta de Andalucía en su lucha legal contra la polémica reordenación del sector
por davinia garcía@abcdesevilla / córdoba
Día 11/12/2011 – 20.06h
«No cabe meter por la puerta falsa a personas ajenas a la función pública». FOTO: VALERIO MERINO
—¿Cuántos recursos ha interpuesto su bufete contra la reordenación del sector público?
—En la actualidad, tenemos 27 recursos entablados en las distintas salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y en los diferentes juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. Nuestra estrategia pasa por refutar todo lo que consideramos contrario al ordenamiento jurídico y hacerlo por todas las vías posibles. Esto significa que tenemos impugnados los decretos de creación de las nuevas agencias institucionales y aprobación de los estatutos, así como cada uno de los protocolos, que son los actos de aplicación por los cuales las personas que trabajaban en las fundaciones y empresas públicas de la Junta se integran en estas agencias. Hemos actuado tanto por la vía de Derechos Fundamentales, como por la ordinaria.
—¿Cuál es el argumento que sustenta los recursos?
—Estamos cuestionando la integración en las agencias públicas —por vía de estos decretos y protocolos— de los trabajadores con contratos privados. Consideramos que pasan a convertirse de manera ilegal en empleados públicos de la Administración, vulnerando, de manera flagrante, los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y el principio de igualdad en el acceso a la función pública.
—¿En qué situación se encuentran?
—La situación actual es que tenemos ya una sentencia de fondo de la Sección Primera de la Sala de Sevilla que sienta criterio. Concretamente, el fallo que se refiere a la integración de personal del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la Agencia de Instituciones Culturales. Lo que viene a decir es que ese procedimiento vulnera los principios a los que anteriormente hacía referencia. No es permisible ni está admitido por el ordenamiento jurídico. Ni por la Constitución, ni por las normas estatales ni por las propias de la Junta. Se están saltando la Ley de la Función Pública de Andalucía, el Estatuto Básico de la Función Pública Estatal y, repito, la Constitución española.
—¿Y sobre el resto de recursos?
—Estamos a las espera de que los órganos judiciales se pronuncien. Además, tenemos cinco resoluciones —dos de juzgados y tres de la misma Sala de la Sección Primera— que suspenden cautelarmente la integración de estas personas en las agencias. La única que nos falta, sobre la que, de momento, no hay pronunciamiento, es la referente a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).
—¿Qué implican dichas medidas?
—La resoluciones de medidas cautelares se basan en la sentencia de fondo dictada por la propia Sala de Sevilla. Al reconocer la ilegalidad en la citada integración, hace que se suspenda cautelarmente todo lo demás porque se refiere a supuestos similares. En Málaga estamos pendientes de una sentencia de fondo para ver si se acoge o no ese mismo criterio.
—La Junta ha atribuido siempre los «varapalos» de los tribunales a sus intentos de crear cargos de libre designación a cuestiones de procedimiento.
—Discrepo totalmente. Tanto la sentencia como los autos que se están dictando son núcleo duro de la función pública, se está resolviendo sobre su esencia en la Administración andaluza. Lo básico en la función pública son las personas que la integran, que tienen que haber ingresado tras supera unos procesos selectivos que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Es lo único que puede garantizar la independencia, objetividad y preparación técnica.
—Funcionarios y sindicatos temen que los cargos «a dedo» sigan trabajando en su puesto y que la Junta se limite a realizar una nueva modificación de los puestos de trabajo o a la publicación de un nuevo decreto.
—No sé lo que va a hacer la Junta. Sé lo que le han dicho los tribunales que haga, que pare el proceso de integración hasta que se resuelva definitivamente el asunto. En el caso de que lleva a cabo alguna actuación contraria a ese mandato, lo pondremos en conocimiento de los juzgados.Y si no cumplieran los pronunciamientos, se podría ordenar la ejecución forzosa.
—¿Cuándo espera que se resuelvan los procedimientos?
—Estamos muy satisfechos con los tiempos y los ritmos. Ha recaído una primera sentencia y las siguientes creo que se resolverán en los siguientes meses, tanto de los juzgados como de la Sala en procedimientos de Derechos Fundamentales. Eso sí, se dilatarán algo más los ordinarios.
—¿La Junta ha intentado ponerse en contacto con ustedes para intentar llegar a un acuerdo?
—No. En todo caso, es muy difícil el acuerdo. Sólo hay una posibilidad, que retire la reforma que pretende. Incluso el TSJA ha dicho que es una burla y un desprecio al estado de derecho. No cabe meter por la puerta falsa, vulnerando la Constitución y el Derecho, a personas ajenas a la función pública.
—¿Alguno de los pronunciamientos judiciales habla de «enchufismo»?
—Es difícil que la palabra «enchufismo» se traslade a una resolución judicial, pero sin decirla, los dictámenes apuntan claramente a que esas personas han entrado en las empresas y fundaciones sin pasar proceso selectivo alguno. Se ha contratado a quien se ha querido, sin ninguna garantía de que esos empleados sean los mejores, que es lo que se pretende en la función pública. Es escandaloso que personas que entraron en las empresas de la Junta muy pocos meses antes de la reordenación, bajo los principios del derecho privado, en abril pasasen a ser empleados públicos de por vida, cuando hay otras que llevan años preparándose para superar concursos y oposiciones. Es una barbaridad y es lo que estaba pasando.
