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- Mariano Aguayo Abogado J. C. SEVILLA Su despacho ha sido el responsable de las principales sentencias contra la Reordenación del Sector Público andaluz
«Hay trabajadores en la Junta absolutamente fuera de la ley»
El despacho de abogados de Mariano Aguayo, radicado en Córdoba, ha conseguido algunas de las principales sentencias judiciales contra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz. Destaca especialmente la que se dio a conocer l semana pasada, que anula la integración del personal procedente de la empresa pública Dapsa en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera ( Agapa), 1.812 empleados que en opinión de Mariano Aguayo trabajan en la Junta«absolutamente fuera de la ley».
— Qué importancia tiene desde el punto de vista jurídico la sentencia de Agapa?
—La trascendencia fundamental es que esta sentencia ha recaído en un asunto que es clave, que es el mecanismo de la integración del personal, con la peculiaridad de que no tiene recurso posterior. Si se incumple habrá que instar a su ejecución definitiva.
—¿En este caso no tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo?
—No. Tanto por el tipo procedimiento como por el momento en que se encuentra. Existen varios procedimientos por parte de los empleados públicos de Andalucía, y éste en concreto no tiene recurso ante el Supremo.
—Cuando se reclame la ejecución del fallo, ¿a efectos prácticos que debería ocurrir?
—Lo que la Junta tendría que hacer es solucionar el problema que ella misma ha causado. Está en el ambiente las dificultades que tiene la Junta de Andalucía para ejecutar las sentencias, porque no sabe exactamente qué hacer ahora con el personal que ilegalmente ha integrado como funcionarios públicos sin haber accedido con los requisitos legales a la función pública.
—Entonces, desde el punto de vista jurídico y laboral, ¿cuál es la situación de los trabajadores que pasaron a formar parte de la Agencia?
—Esos trabajadores de la Junta están absolutamente fuera de la Ley. Al haberse declarado ilegal la integración, no pueden seguir estando donde están. Y siguen cobrando con cargo a la Junta de Andalucía de forma totalmente irregular.
—¿Están próximas a conocerse nuevas sentencias sobre otras agencias que puedan correr la misma suerte?
— Efectivamente, podrían afectar a otros procedimientos que están en la misma situación. La peculiaridad que tiene la de Agapa es que ha sido la primera, y en un organismo que tiene mucha importancia, porque son muchos los trabajadores afectados. Los funcionarios han sido especialmente beligerantes con este tema a la hora de denunciarlo. Las asociaciones que nosotros representamos, tanto la de Córdoba como la de Sevilla, «Al Andalus» y «Defiendo mi derecho», saben que todos l os recursos son i mportantes, pero en el caso de Agapa lo era especialmente.
— ¿Cuál fue el principal fallo de la Junta a la hora de plantear esta reordenación?
—Esta reordenación vulnera los principios fundamentales del Derecho español a la hora de acceder a la función pública, que son los de igualdad, mérito y capacidad, y además con la reordenación pretenden integrar ilegalmente dentro de l a categoría de empleado público a señores que han sido contratados sin los requisitos legales. Eso es absolutamente ilegal.
—¿Cree que hay una estrategia de la Junta para demorar el procedimiento y no acatar las sentencias?
—Más que una estrategia es una realidad. No están acatando de manera pacífica lo que están diciendo los tribunales.
—¿Entiende que se tendría que derogar la Ley de Reordenación del Sector Público?
—Ya no hace falta la derogación porque está declarada ilegal. La cuestión no es de derogación, es de acatamiento. Tendrían que dar marcha atrás y volver al punto inicial, pero como han disuelto las agencias (originales) tienen un problema tremendo. Ellos han creado el problema.
