La Junta «coló» a 1.821 empleados nuevos con la «ley del enchufismo»

La Junta «coló» a 1.821 empleados nuevos con la «ley del enchufismo». ABC de Sevilla. 5 de Marzo.

Andalucía / función pública

La Junta «coló» a 1.821 empleados nuevos con la «ley del enchufismo»

A.R.vegaabcdesevilla / sevilla

Día 05/03/2013 – 23.42h

La Cámara de Cuentas revela que enordó la plantilla de sus empresas con la reordenación

Protesta de funcionarios de la Junta contra el enchufismo (abc)

Cuando la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo,puso en marcha en abril de 2011 la polémica reconversión de la gigantesca red paralela de agencias, empresas y entes vinculados a la Junta, esgrimió dos argumentos para desactivar las protestas de los funcionarios. Sus bazas fueron el ahorro del dinero público y la mejora de la eficacia gracias a lo que denominó la «desburocratización de los procesos».

El informe de fiscalización de la Cuenta General de 2011 hecho público ayer por la Cámara de Cuentas de Andalucía hace tambalearse el primero de sus robustos axiomas. La auditoría pone de manifiesto que, después de la conocida popularmente como «ley del enchufismo», la plantilla de empleados de las entidades empresariales de la Junta no sólo no descendió sino que se vio incrementada en 1.821 empleados en sólo un año.

Con la crisis esquilmando los ingresos y la deuda lastrando las cuentas públicas, el Gabinete de José Antonio Griñán aumentó un 8,69 por ciento el personal «debido a la reestructuración del sector público de la comunidad autónoma», según expone el órgano fiscalizador, que recopila por primera vez datos precisos acerca de la dimensión real de la administración paralela.

Plantilla media

Basándose en la información recabada entre las distintas entidades de la Junta durante 2011, la Cámara de Cuentas revela que el número de empleados ligados a todo el extenso entramado empresarial alcanzó los 27.666 tras la cuestionada reordenación. De los cuales, 22.784,5 trabajaban para las 57 entidades empresariales donde su principal accionista es la Administración autonómica. Los 4.881 restantes estaban contratados por 25 fundaciones públicas de las 29 que reconoce la Consejería de Hacienda. El órgano fiscalizador eleva la cifra hasta 35.

A diferencia de las empresas, la plantilla media de las fundaciones retrocedió en 342 empleados (-6,55%). El órgano fiscalizador argumenta que «esta evolución encuentra su explicación, fundamentalmente, en la reducción de personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo», la denominada Faffe, cuyos 1.556 empleados se integraron en la agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El estudio de la Cámara de Cuentas arroja otros datos llamativos que ponen en entredicho el recurrente mantra de la austeridad y el ahorro. Las subvenciones y transferencias de la Junta a sus agencias y sociedades mercantiles en 2011 crecieron en 332,13 millones de euros con respecto al año anterior, pasando de los 1.336,2 a 1.668,3 en doce meses.

La administración paralela estaba compuesta en 2011 por 34 consorcios, pero la Junta sólo ofreció las cuentas de diez, que arrojaban unas pérdidas de 3,46 millones de euros.

La plantilla de las empresas de la Junta creció en 1.800 personas en 2011. El Economista. 5 de Marzo.

La plantilla de las empresas de la Junta creció en 1.800 personas en 2011

• El presidente del ente alerta del ritmo de aumento de la deuda.
• La Cámara ve complejo cobrar 700 millones pendientes desde antes de 2007.
• El cierre anticipado del ejercicio 2011 no afectó al déficit, de 5.000 millones.

Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

 La Cámara de Cuentas critica, un año más, que los presupuestos del Gobierno andaluz no recogen todo el entramado de empresas, fundaciones y consorcios públicos.

La Cuenta General de la Junta de Andalucía del ejercicio 2011, realizada por la Cámara de Cuentas, refleja entre otros muchos aspectos cuál fue uno de los primeros efectos de la aprobación en ese año de la ley de reordenación del sector público andaluz, la denominada ley del enchufismo. La plantilla de las empresas públicas (las 57 sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por la Junta) aumentó en 1.821 personas, tras la creación de una de las múltiples agencias nacidas al amparo de esa ley, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, dotada con 1.530 personas procedentes de dos fundaciones cuyo personal se integró en esa nueva agencia.

A ellas su sumaron otras 468 personas que aumentaron la plantilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía hasta un total de 5.440. Esta es la agencia, nacida de una antigua empresa pública (Egmasa), que más plantilla soporta.

Descontando la reducción de plantilla en algunas otras empresas, el volumen total de empleo soportado por las 57 empresas públicas de la Junta era de 22.784 personas a cierre de 2011, un 8,69 por ciento más. En ese año, Andalucía aumentó la cifra de parados en 121.100 y alcanzó una tasa de desempleo del 31,2 por ciento (hoy es de más del 36 por ciento), lo que se traducía en 1.248.500 parados.

Críticas

Siguiendo con el análisis del entramado empresarial público, la Cuenta General critica un año más que nueve de esas sociedades participadas mayoritariamente por la Junta no tienen sus cuentas recogidas en el presupuesto de la comunidad. Además, critica que algunas de ellas tienen una actitud “pasiva o discrecional” a la hora de rendir sus cuentas.

Con respecto a las fundaciones dependientes de la Junta de Andalucía, la situación es aún peor: sólo 2 de las 25 consideradas por la Cámara para redactar la cuenta general están incluidas en el presupuesto. Además, el ente fiscalizador pide que se homegeinicen los criterios para considerar a una fundación dentro del perímetro del sector público.

La plantilla de las fundaciones se redujo en 341 personas, hasta 4.881 (un 6,55 por ciento menos), sobre todo por la reducción del personal de la Faffe (que perdió 446 trabajadores, hasta 1.423). Faffe se ha integrado en el Servicio Andaluz de Empleo, pero esta unión se ha paralizado por los tribunales dejando en el limbo a toda su plantilla actual, como también ha ocurrido con el personal de la antigua empresa pública DAPaunque en este último caso ya mediante una sentencia firme.

Por último, en lo que se refiere a los consorcios, la Cámara detalla que el inventario de la propia Junta los cifra en 162, pero que el Gobierno central rebaja a 34 los que hay que considerar a efectos del programa anual de endeudamiento 2011. De esos 34, el ente vuelve a criticar que sólo diez reflejan sus presupuestos en el presupuesto de la Junta, y pide además aclarar los criterios para establecer definitivamente la población de consorcios real.

Grandes cifras

Sobre el global de la cuenta general, el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha alertado del “deterioro de las finanzas” de la Junta de Andalucía por la caída de ingresos y por su elevado endeudamiento. A 31 de diciembre de 2011 el endeudamiento de la Junta andaluza era de 13.898 millones, un 16,87 por ciento más que en 2010, y suponía el 9,56 por ciento del PIB, magnitud que aumentó en 2012 a 19.700 millones (el 12,8 del PIB).

En paralelo, López aseguró que observaba con preocupación la caída de los ingresos, con una recaudación neta inferior en un 14,4 por ciento en 2011 a la de 2010 hasta sumar 24.988 millones. Los pagos realizados sumaron 26.653 millones, un 0,2 por ciento más que el año anterior. El alto cargo señaló no obstante que no se trata de una situación de alarma porque otras regiones están más endeudadas.

Además, el ahorro bruto de la Junta -diferencia entre ingresos y gastos corrientes- fue negativo en 947 millones, y el remanente de tesorería a corto plazo también fue de -606 millones, frente a un resultado positivo de 1.308 millones en 2010. Asimismo, el órgano fiscalizador constata el incumplimiento de la Junta del objetivo de déficit del programa de estabilidad presupuestaria y cerró el año en -4.957 millones, el 3,41 por ciento del PIB, frente al 1,3  para 2011.

Otros detalles relevantes

También recoge el documento una llamada de atención relevante acerca de los 700 millones que la Junta recoge en el presupuesto como pendientes de cobro desde antes de 2007. Pide el ente que se reconsidere esa clasificación a tenor de la antigüedad de esos derechos y la escasa recaudación lograda en los años transcurridos.

En cuanto a la orden de cierre anticipado del ejercicio 2011  a 30 de noviembre de ese año, la Cámara ha consultado a la Intervención General de la Junta sobre su efecto sobre el déficit. La intervención señaló que nulo, ya que los 850 millones de gastos que quedaron fuera de la contabilidad, pero que sí tenían efecto sobre el cálculo del déficit en términos de contabilidad nacional, se declararon y computaron al cierre del ejercicio como obligaciones reconocidas pendientes de imputar al presupuesto.