Andalucía
Retira los coches oficiales a los directores generales y reduce el sueldo a los directivos
Martínez Aguayo, junto al portavoz del Ejecutivo, ayer, en San Telmo
24 Julio 12 – - F. Martí
SEVILLA-Dos años después de aprobar el plan de reordenación del sector público empresarial, la Junta ha comprobado cómo las medidas tomadas en su día no fueron suficientes. Al margen de la polémica integración del personal de los entes instrumentales en las agencias públicas –decisión de la que no ha habido marcha atrás y que ha motivado una bajada generalizada de sueldos para evitar despidos–, la necesidad de cumplir el objetivo de déficit y las dificultades de todas las administraciones para acceder a la financiación obligan a nuevos ajustes. Y la «administración paralela» de la Junta, tantas veces señalada por sindicatos de funcionarios y el PP, es un campo propicio para reducir costes.
Así, uno de los pasos aprobados ayer en el Consejo de Gobierno es fortalecer la coordinación de los entes instrumentales con la Consejería de Hacienda y Administración Pública, encargada de velar por el cumplimiento de las exigencias del Ministerio. A partir de ahora, se centralizará la remisión de la información económica y financiera que pasará por la Intervención General, órgano que depende del departamento de Carmen Martínez Aguayo. Desde ahí se remitirá después a la Administración General del Estado.
No son las únicas medidas. Este proceso de «intervención» incluye la elaboración de planes económico-financieros en los que se especificarán medidas de racionalización de gasto y optimización de ingresos. Lo mismo que han hecho las comunidades autónomas, adaptados a cada sociedad pública. Aclara que éstas últimas deben de ser coherentes con el Plan Económico Financiero de la Junta. Una de las principales empresas públicas afectadas por esta decisión es la RTVA, que arrastra importantes pérdidas y que, según la nueva normativa estatal, habrá que privatizar –opción descartada por el Ejecutivo de Griñán– o comprometerse a no tener déficit y establecer un techo de gasto.
Hay otras dos decisiones que afectan de lleno a la «autonomía» de estas empresas. La limitación de las retribuciones de los directivos y la reducción de vehículos oficiales.La primera de ellas se había anunciado hace meses, pero en la práctica no se cumplía. La nueva norma señala que el sueldo íntegro del personal directivo del sector público andaluz con funciones ejecutivas de alto nivel o alta dirección no podrá superar, en cómputo anual, las siguientes equivalencias de la Administración autonómica: entidades de más de 100 millones de euros de presupuesto o plantillas superiores a 500 trabajadores cobrarán –por todos los conceptos, excepto antigüedad– lo equivalente a un viceconsejero o asimilado. Entre 50 y 100 millones o 50 trabajadores, como un director general. Más de 5 millones o más de 10 empleados, lo que un subdirector o coordinador general. Para dimensiones inferiores, la equivalencia será el salario de un jefe de servicio.
Ahora sí nadie ganará más de lo que percibe el presidente de la Junta ni un consejero autonómico, 63.808 y 62.800 euros respectivamente con el último recorte aprobado. El techo lo marcan los viceconsejeros, que ganan al año 59.564,07 euros. Ése tendrá que ser el sueldo, por ejemplo, del director de la RTVA, que este año tenía asignados unos 120.000 euros. Los directivos del ente autonómico también tenían nóminas superiores a las de Griñán.
Además, después de numerosas peticiones de la oposición, la Junta reduce su parque móvil. Sólo el presidente, consejeros y viceconsejeros –y asimilados, como los consejeros del Consejo Consultivo o directores de empresas públicas con un presupuesto superior a 100 millones– tendrán coche oficial. Dos vehículos en cada una de las once consejerías –para el consejero y el viceconsejero–, más los organismos que aún tengan derecho. En total, se pasa de alrededor de 200 a 30 o 40 vehículos. Los directores generales se quedan sin chófer.
Ahora tocará negociar con los sindicatos para reubicar a los conductores sobrantes. Los coches no se venderán –la Consejería organizó una subasta con escaso beneficio–, sino que se reasignarán. Estarán al servicio del personal como «parque móvil de incidencias». «En cada consejería habrá vehículos para atender la necesidad de despliegue en el territorio que puedan tener los distintos servidores públicos de cualquier órgano directivo», explicó Aguayo. No irán a recoger a los directores generales a sus casas, pero sí estarán a su servicio. El ahorro previsto será de tres millones de euros, mientras que por las limitaciones salariales será de 2,7 millones. Gestos estéticos en época de crisis que entrarán en vigor el 1 de enero de 2013.
Lo grave es el problema de financiación. Y la Junta no quiere acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico impulsado por el Gobierno central, aunque no descarta que tenga que ser «rescatada». «Sería presuntuoso por mi parte hacer afirmaciones más rotundas», dijo Aguayo. A la consejera de Hacienda le gustan otras fórmulas como avales o mutualizaciones. Unos «hispabonos» que le permitieran conservar más autonomía. El modelo aprobado por el ministro Cristóbal Montoro «busca invadir competencias», según aseguró.Políticamente lo rechaza pero la situación económica, con los mercados cerrados, no dejará alternativa.
Mientras tanto, reafirmó su compromiso con la estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit, cifrado en el 1,5 por ciento del PIB para las comunidades autónomas.
Un día de playa en García Morato. El Mundo. 24 de Julio.
RECORTES | ‘Parodia carnavalesca reivindicativa’, según CCOO
Trabajadores del hospital, durante la protesta. | Efe
CCOO convoca una protesta en la que los trabajadores se quedan en bañador
Europa Press | Sevilla
Actualizado martes 24/07/2012 17:46 horas
Alrededor de un centenar de trabajadores del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se han concentrado este martes en una nueva jornada de protesta por los recortes del Gobierno central y la Junta, si bien en esta ocasión el personal sanitario ha aparecido ataviado con bañadores, neveras, sombrillas, toallas y fiambreras,entre otros enseres, “para escenificar día de playa en Puerto Morato”.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Sanidad de CCOO Sevilla, Enrique Amieva, se ha referido así a esta peculiar forma de protesta, “a modo de parodia carnavalesca reivindicativa”, que ha tenido lugar junto al Centro de Documentación del hospital (entrando por la avenida de Manuel Siurot) y en la que han llegado hasta a bañarse dentro de la fuente que hay a la entrada.
Amieva, que ha explicado que otros 80 trabajadores han preferido estar presentes en la protesta pero sin llegar a vestirse de ‘playeros’, ha explicado que los trabajadores públicos, personal estatutario y funcionarios han perdido entre un 15% y un 25% de poder adquisitivo en los últimos tres años como consecuencia de los recortes.
“Solo en el caso de la sanidad andaluza, el plan decretado ha provocado una disminución de más del 8% de la plantilla por la falta de cobertura de ausencias de los profesionales”, ha advertido este dirigente sindical, al tiempo que ha agregado que cuando se aplique el aumento de jornada, “calculamos la pérdida de puestos de trabajo para al menos 5.500 profesionales sanitarios de todas las categorías del SAS”.
Junta cifra en ocho millones la “carga adicional” de los recortes del Gobierno. Málaga Hoy. 24 de Julio.
Consejo de Gobierno
El Gobierno andaluz modifica varios artículos de su plan de ajuste, entre ellos el que restituye la paga extra de julio a los funcionarios. Aprecia inconstitucionalidad en los últimos recortes de Rajoy.
efe, Sevilla | Actualizado 24.07.2012 – 22:07
Martínez Aguayo y Fernández Vázquez, en rueda de prensa. / Manuel Gómez
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación de varios artículos del plan de ajuste, entre ellos los que restituyen la paga integra de julio a los funcionarios, para adaptarlo a los nuevos recortes del Gobierno, medidas que suponen para Andalucía una“carga adicional” de 8 millones de euros. La consejera de Hacienda y Administración Pública,Carmen Martínez Aguayo, ha explicado en rueda de prensa que los cambios se deben a losnuevos recortes aprobados por el Gobierno central, en los que la Junta aprecia “causas de inconstitucionalidad” en varios de sus artículos. “En el estudio que hemos hecho del decreto-ley del Gobierno entendemos del análisis inicial que existen causas de inconstitucionalidad en diferentes artículos del mismo”, ha esgrimido la consejera.
En concreto, se ha referido a los que hacen mención a la negociación colectiva, a los “pesos” sindicales y a las capacidades de la comunidad sobre la incapacidad temporal, lo que en opinión de Aguayo “vulnera” competencias de la comunidad autónoma. Por ello, ha afirmado que, a la espera del estudio jurídico definitivo, no se descarta la posibilidad de otro recurso al Tribunal Constitucional (TC).
La consejera ha lamentado también que el decreto ley del Gobierno del PP supone un“mayor coste” para la Junta, que ha cifrado en 8 millones de euros, al establecer una “mayor carga” en el pago del IVA por cerca de 100 millones y supone menores ingresos de 59,8 millones en políticas de dependencia. Ha justificado los cambios en la idea de evitar el “solapamiento” por la aplicación de medidas retributivas adicionales al personal del sector público, sobre todo en los salarios.
La idea inicial del Gobierno andaluz era detraer de julio a diciembre a los 261.000 trabajadores de la Administración andaluza los complementos de esa paga, pero la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de suprimir la extra de Navidad ha hecho cambiar de planes a la Junta para evitar un “doble castigo” en las retribuciones. Sin embargo, el grueso de los recortes salariales en el capítulo 1, el de gasto de personal,permanece igual, lo que permitirá ahorrar a la Administración autonómica 747 millones de euros de un total de 2.700 millones que recoge el plan de ajuste.
Además de restituir para el 2012 la paga extra de julio, los cambios suponen la adecuación a las medidas del Gobierno central sobre la incapacidad laboral transitoria, de forma que las bajas laborales entre el primer y tercer día estarán cubiertas por el 50 por ciento del salario y será a partir del día 21 cuando se cubran con el cien por cien. Respecto al régimen de vacaciones, Aguayo ha indicado que se aplicaratambién la normativa básica estatal con lo que “desaparecen” tres de los seis llamados “moscosos” (días de permiso de libre disposición) de los empleados públicos.
Los días de vacaciones quedan así fijados en 22 jornadas hábiles, mientras que lospermisos y licencias pasan a regularse por un listado tasado que, en el caso de los relativos a asuntos particulares, quedan reducidos a tres. El decreto aprobado por la Junta se refiere también a las retribuciones y sustituciones del profesorado de centros sostenidos con fondos públicos, ya que la norma estatal hace un cambio en los módulos de pago de estos docentes.
El nuevo decreto aprobado será convalidado en el pleno del Parlamento que celebra este miércoles una sesión extraordinaria entre otras cosas para debatir también los nuevos recortes del Gobierno del PP y su incidencia en Andalucía. Sobre la posibilidad de recurrir a un rescate, la consejera ha afirmado: “No necesitamos ayudas, sino que no siembren dudas sobre nuestras comunidad”. Ha asegurado que Andalucía es capaz de financiarse en los mercados, pero criticó que las declaraciones del Gobierno lo estén “dificultando”. Aguayo ha solicitado un mecanismo de “auxilio” y no un fondo de liquidez como el creado, ya que éste “busca invadir competencias de las comunidades”.
Daniel Cela 
Actualizado 24/07/2012 14:25
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación del plan de ajuste andaluz para evitar que los recortes salariales a los funcionarios se solapen con las medidas de ahorro recientemente aprobadas por el Gobierno Central. La Junta mantiene la paga extra de julio a los empleados públicos, después de que el Gobierno halla fulminado íntegramente la paga extra de Navidad . Para los funcionarios el resultado final es que perderán más dinero en sus nóminas que con la aplicación en solitario del plan de ajuste andaluz, y para la Junta de Andalucía supone una carga adicional de ocho millones de euros más respecto a lo previsto.
La pérdida de masa salarial de los empleados públicos con el plan de ajuste rondaba el 5%, y con la eliminación de la paga de Navidad perderán el 7,14% de sus salarios. En términos absolutos, la eliminación del plus íntegro de diciembre suma 453,1 millones, 159 millones más del ahorro que estimó la Junta en su plan de ajuste recortando las pagas de julio y diciembre (293 millones de euros).Sin embargo, esa diferencia no beneficia a la Administración andaluza porque tiene que asumir un incremento del IVA de 100 millones y porque recibirá menos ingresos porla reducción del presupuesto de Dependencia por parte del Estado de 59,8 millones de euros. El margen final son nueve millones que la Junta suplirá con otras medidas a lo largo del año.
El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado otras medidas para reducir el déficit. Es el caso de la flota de vehículos oficiales que estará disponible para el presidente, los consejeros, viceconsejeros y delegados de Gobierno de las provincias. Solo estos altos cargos (entre 30 y 40) tendrán un coche asignado. El resto de vehículosdejan de pertenecer a cargos intermedios de la Administración pero siguen a disposición de ésta última pero tampoco pueden ponerse a la venta. Además, de aquí al 1 de enero de 2013, todas las empresas públicas tendrán que adaptar el salario de los altos cargos a los del Consejo de Gobierno.
