La desastrosa gestión de la Junta en la cuenca del Guadalquivir

ANDALUCÍA

La desastrosa gestión de la Junta en la cuenca del Guadalquivir
El Ejecutivo andaluz revirtió contratos al Estado, tras devolver las competencias, que están plagados de presuntas irregularidades entre enero de 2009 y octubre de 2011

J. CEJUDO / SEVILLA

Día 22/07/2012 - 21.29h

Entre el 1 de enero de 2009 y el 22 de octubre de 2011 la Junta de Andalucía fue la responsable de la cuenca del Guadalquivir, en las aguas que transcurren por la Comunidad autónoma, sustituyendo en los trabajos a la Confederación Hidrográfica, que le cedió presupuestos y personal. En esos casi tres años, el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán contó con 330 millones de euros entre fondos transferidos por el Ministerio y los cánones y tarifas que debía recaudar y, junto a ello, con más de 450 millones de fondos Feder.

Una vez devueltas las competencias por sentencias del Constitucional y del Supremo, el balance de la gestión realizada en ese periodo no puede calificarse precisamente de ejemplar, ya que estuvo jalonada de presuntas irregularidades, con deudas pendientes, retrasos en las adjudicaciones y modificaciones de obras no reconocidas, a lo que se sumó una reprogramación de fondos de la UE. Fue un tiempo en el que la Juntadejó de invertir en la cuenca 400 millones en materia hidráulica. Parte de ese dinero se destinó a proyectos relacionados con el transporte y la energía.

Según informes oficiales a los que ha tenido acceso ABC, y en los que se analiza la actuación de la Junta en esos tres años, si bien las competencias sobre las aguas fueron devueltas, hay fondos de difícil o imposible recuperación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Al iniciarse el proceso de transferencia del Estado a la Junta, el Gobierno central traspasó a la Comunidad 94 expedientes de actuaciones, y tres años después Andalucía revirtió el 48% de las mismas retrasadas, algunas sin iniciar, y el resto en ejecución. En paralelo, la Junta contrató 136 expedientes de actuaciones nuevas que en la actualidad han recaído en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En definitiva, este organismo se ha encontrado, tres años después, con una situación según la cual existen 185 contratos sin finalizar, y la mayoría de ellos con una incierta situación económica y administrativa. La reversión de los contratos supone un montante aproximado de100 millones de euros sin terminar de ejecutar, muchos de ellos en situación administrativa irregular, dado que se han detectado deudas pendientes; modificaciones de obras no reconocidas o con deudas con contratistas;_y retrasos importantes en las adjudicaciones definitivas, circunstancia que complica la continuidad de muchas de esas actuaciones.

Impagos

A modo de conclusión, para la Confederación la realidad es que durante esos tres años la Junta recibió, entre fondos del Ministerio (Dirección General de Aguas) y los cánones y tarifas que debió recaudar, alrededor de 330 millones de euros y, sin embargo, revirtió al Estadonumerosas actuaciones sin desarrollar o sin pagar.

De estos 330 millones de euros se puede estimar que unos 130 fueron destinados al pago de gastos corrientes y personal y aproximadamente 100 millones fueron invertidos. Sin embargo, los 100 millones de euros restantes no se llegaron a ejecutar. Entre las actuaciones revertidas que cuentan con una situación compleja, y en muchos casos presuntamente irregular, destacan algunas como las conducciones del embalse de Melonares, por importe de más de 41 millones de euros, un expediente que se licitó en 2008 y que la Confederación recibió con la obra aún sin contratar.

Otro caso destacable es el de las depuradoras de los municipios onubenses de Almonte-Rociana y Bollullos par del Condado. El problema está en la deuda de la Junta con el contratista y la obra se revirtió sin estar totalmente ejecutada. También la defensa contra las inundaciones del arroyo Almonázar e integración de zonas degradadas en La Rinconada (Sevilla), donde hay una deuda pendiente con el contratista y los trabajos no se ejecutaron en su totalidad antes de la reversión.

A esto se le suma la restauración ambiental del arroyo Río Pudio (Sevilla), actuación que no ejecutó en un 75% y en la que la Junta dejó deudas pendientes de pago al contratista. Y la reposición de servicios por construcción de un edificio de telecontrol de la balsa de Lebrija (Sevilla) en el tramo final del Bajo Guadalquivir, que en el momento de la reversión aún estaba pendiente la adjudicación definitiva y el contrato.

Fondos Feder

Por otra parte,en junio de 2010, cuando la Junta era responsable de la gestión de las aguas del Guadalquivir, se le asignaron un total de 451,15 millones de fondos Feder (de la UE) en detrimento del Estado. Concretamente, 253,14 millones de la Confederación y otros 198,01 de la Dirección General del Agua. Además, la Dirección General del Medio Natural del Ministerio cedió a la Junta otros 64,86 millones para actuaciones de protección de la biodiversidad.

Un año después (junio de 2011), la Junta solicitó una reprogramación de los fondos Feder, pese a que ya se conocían las sentencias del Constitucional y del Tribunal Supremo por las que se anularon, respectivamente, el artículo 51 del Estatuto andaluz que otorgaba a Andalucía las competencias del río y el decreto de transferencia.

La consecuencia de la reprogramación fue que 300 millones de euros asignados a Medio Ambiente, Entorno Natural, recursos hídricos y prevención de riesgos se destinaron a los apartados de transporte y energía, infraestructuras sociales, desarrollo de la economía del conocimiento, I+D+i, sociedad de la información y TIC.

En total, entre la reprogramación y las cantidades aportadas por el Ministerio que no tuvieron consecuencias prácticas, se calcula que en materia hidráulica la Junta tuvo la posibilidad de invertir en la cuenca más de 400 millones y no lo hizo. Con ello se podrían haber acometido las conducciones de Melonares (41,55 millones); el proyecto de modernización del arroz (142 millones); la deudas de las depuradoras de Huelva (7,1); las actuaciones de La Rinconada (5,41 millones); las obras en el Río Pudio; la carretera de Las Marismillas (1,58); la defensa de Puente Genil (1,4 millones) y el control de la balsa de Lebrija (3,2 millones).