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Los funcionarios malagueños han perdido el 28% de su poder adquisitivo. La Opinión de Málaga.29 de Julio.

Cerca de 78.000 empleados en la provincia

Los funcionarios malagueños han perdido el 28% de su poder adquisitivo

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno ahondan en la reducción de los ingresos de este colectivo

Los funcionarios han salido a la calle para protestar por los recortes durante las últimas semanas en las principales ciudades españolas, como en Málaga. La Opinión

MIGUEL FERRARY Después de tres años de duros ajustes en el sector privado, con cierre de empresas, destrucción de empleo y pérdida de condiciones laborales, los funcionarios y empleados públicos han pasado al primer plano de los recortes. Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy han puesto en solfa las condiciones laborales de los trabajadores de las administraciones y empresas públicas, ahondando en la senda emprendida hace dos años por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, en dos años, los funcionarios malagueños llevan acumulada una pérdida de su poder adquisitivo que ronda el 28% y numerosos interinos y empleados públicos ven peligrar su puesto de trabajo.

Los últimos 24 meses han provocado un terremoto en este colectivo de trabajadores, formado por 2,6 millones de personas de los 12 millones de empleados en España, y que en la provincia de Málaga da trabajo a 77.800 personas con plaza de funcionarios, entre la administración estatal, autonómica, local y universidad. La cifra se eleva a 128.000 si se suman empleados públicos e interinos, los que se han quedado más desprotegidos con las reformas adoptadas de reducción de servicios públicos y los anuncios de próxima eliminación de organismos, fundaciones y empresas públicas.

El objetivo es reducir el déficit de la administración a costa de rebajar una de las grandes partidas de los presupuestos. No obstante, eso incluye una notable merma de los recursos de los trabajadores de los organismos y entes públicos.El sindicato de funcionarios CSIF apunta que los empleados públicos malagueños ya llevan

acumulada una caída del 28% de su poder adquisitivo, cifra que se alcanzó con las últimas medidas del Gobierno del PP. De hecho, ya habían soportado un 21% de descenso del salario acumulado durante los meses previos a las últimas medidas de recortes, tanto por los tijeretazos del anterior Gobierno como por los ajustes de la Junta de Andalucía.

Más allá del dato estadístico, la reducción salarial y de los complementos se traduce en un golpe a la economía de los funcionarios que se contabiliza en más de 300 euros mensuales de su sueldo, para una retribución media de 1.500 euros. Así, cada funcionario dejará de ingresar una media de entre 4.000 y 4.500 euros al año. Aunque es difícil calcular el ahorro para las administraciones en la provincia, por la disparidad de retribuciones, se calcula que los recortes reducirán el gasto de personal de las tres administraciones en más de 300 millones de euros anuales, de los que un tercio serán fruto de la suspensión de la paga extra de Navidad de este año que fue aprobada recientemente por el Ejecutivo de Rajoy para todos los funcionarios públicos.

De forma paralela, la Junta de Andalucía ha retirado una serie de complementos y prevé proponer una reducción voluntaria de las jornadas laborales, que tendrán su impacto en los ingresos mensuales. En el caso del descenso del número de horas, podrían rondar hasta el 40%. Del conjunto, ha anulado recientemente la retirada de un complemento de las pagas extras de junio y diciembre para 2012.

Desprotegidos

La situación de recortes afecta a todo el sector público por igual, pero son los empleados laborales e interinos los que se encuentran en una situación más delicada. La Junta de Andalucía ya ha anunciado el incremento del ratio de alumnos por clase, como establece la nueva orden ministerial. Eso implica menos personal en los colegios y unos 4.800 interinos andaluces ven peligrar su puesto de trabajo.

Además, ya se está preparando la segunda fase del Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional, que tiene como objetivo podar la estructura de empresas y organismos públicas para eliminar «duplicidades y triplicidades» de funciones. La idea es adelgazar la administración, eliminando empresas públicas y fundaciones con competencias similares a la administración.

A esa eliminación de organismos, que comenzó con 80 entidades estatales y la redacción de planes similares a nivel autonómico, que en Andalucía están en elaboración, se unen los cambios introducidos en educación y sanidad, que reducen servicios y prestaciones. Los empleados con plaza mantienen su puesto, no tanto el personal laboral e interinos, que apunta a ser los grandes sacrificados en el caso de bajar la necesidad de personal.

Casi 78.000 afectados

La provincia de Málaga cuenta con una plantilla de funcionarios que ronda los 77.8000 trabajadores públicos con plaza, a los que habría que unir otros 50.000 de interinos y personal laboral.

La Junta de Andalucía es la que mantiene la mayor estructura de trabajadores públicos en la provincia, siendo la sanidad y la educación los sectores con mayor plantilla. De hecho, suman 34.000 trabajadores, incluyendo funcionarios, personal laboral e interinos. Respecto a los funcionarios con plaza, la Junta dispone de 40.773 trabajadores en Málaga, frente a los 22.943 de la administración local, los 12.715 de la administración del Estado y los 1.299 trabajadores con plaza en la Universidad de Málaga, según los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En Andalucía, Sevilla tiene mayor número de funcionarios, con 121.090 empleados públicos, seguida por Cádiz, que con 79.357 funcionarios es la segunda provincia con mayor número gracias a la fuerte presencia del Ejército con varias bases militares y más de 12.000 soldados. Málaga es la tercera provincia, seguida de Granada (61.062) y Córdoba (48.824).

La obesidad de la administración paralela. La Razón. 29 de Julio.

La obesidad de la administración paralela

El sector público no aguanta el examen: empresas con casi 6.000 trabajadores y un sinfín de entes instrumentales

28 Julio 12 – – A. M

Sevilla- La Junta aprobó en el último Consejo de Gobierno ordinario una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto en el amplio anillo de empresas públicas. Entre estas medidas, la eliminación de coches oficiales o la limitación de sueldos para que ningún directivo cobre más que un viceconsejero: 59.564 euros. El presidente de la RTVA tiene unos emolumentos que rondan los 120.000 euros. En el plan de Reequilibrio Financiero 2012-2014 también se incluyen otras medidas de ajuste del sector empresarial, como la «extensión de la medidas de ahorro y eficiencia al sector público instrumental y culminación del proceso de reordenación», con un impacto de 23 millones. No obstante, la tupida red de empresas, fundaciones, consorcios y otros entes públicos prácticamente no los ha tocado el Ejecutivo de Griñán, pese a que a principios de 2011 se aprobó la Ley de Reordenación del Sector Público.

El espíritu de esta ley fue el de reordenar, no recortar y «enchufar» a 22.000 trabajadores provenientes de empresas mercantiles –el entrecomillado es de las plataformas de empleados públicos críticas con la Junta–, que vieron blindados sus puestos de trabajo.

Como ejemplo de la obesidad de la denominada administración paralela de la Junta, un botón. El catálogo de entes contenido en el Plan de Reequilibrio remitido al Ministerio de Hacienda. Hay más de un centenar de agencias, sociedades, fundaciones y consorcios de la Junta. Y no son todos con los que cuenta la Administración autonómica. El propio Gobierno andaluz reconoce en su informe que «no constituye un inventario exhaustivo de entidades dependientes de la Junta». El presidente del PP-A las cifró esta semana en el Parlamento en 372. En las cuentas de este año se reconocen unas transferencias para estos entes de  3.321 millones, aunque la oposición las eleva hasta los 5.000 millones. Hay casos llamativos de este anillo empresarial. La Radio Televisión andaluza cuenta con unas transferencias de 123.011.947euros y la oposición ya ha augurado que puede cerrar este año con un déficit que ronde los 60 millones. De las ocho macroagencias sobre las que pivota el sector público, la de mayor volumen es la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). En el Presupuesto de 2012 cuenta con 257 millones. El pago de nóminas se lleva la mayor parte: más de 150 millones de euros. Fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) señalan que cuenta con entre 5.500 y 6.000 trabajadores. La segunda en volumen es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). Tiene 230 millones de presupuesto. 108.494 es para gasto de personal. Cuenta con entre 3.000 y 3.200 empleados, según un acta interna a la que  accedió LA RAZÓN.

Es oportuno recordar que el secretario de Estado Antonio Beteta  aseguró a principios de julio que de las 600 empresas públicas que las comunidades deberían haber suprimido, sólo han liquidado dos, por lo que catalogó el cumplimiento autonómico como un «absoluto fracaso».

La Junta rectifica pero enciende a la Administración General. La Razón. 29 de Julio.

La Junta rectifica pero enciende a la Administración General

Tras retirar el recorte del 10% a los interinos del SAS, los sindicatos denuncian que existe trato discriminatorio

Los sindicatos amenazan con realizar nuevas protestas

Sevilla- La marcha atrás dada por el Gobierno andaluz con la que se elimina la reducción de un 10% de trabajo y sueldo al personal interino del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue bien acogida por los trabajadores de este sector, aunque los sindicatos ya han comenzado a lanzar las primeras críticas y hablan de «doble rasero». Aseguran que pese a ello, los recortes se mantienen para los interinos de la Administración General.

Tanto el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) como la central CSIF destacan que la pérdida de ingresos para los empleados puede alcanzar hasta el 20%, en contraposición del 7,5% que se «han autoimpuesto en Griñán y Valderas»,comenta Carlos Sánchez, secretario general de Safja, que añade que ésta es una medida para acallar las protestas de un sector muy sensible de cara a la opinión pública. Según Sánchez, frente a los interinos del SAS, hay unos 5.000 empleados que «verían cómo son discriminados por la Junta de Andalucía». En este mismo sentido se postula Alicia Martos, presidenta del área de Administración General de CSIF, quien mantiene de igual manera que los funcionarios interinos y los laborales temporales «no se pueden ver discriminados frente al resto de empleados».

Ambos ponen de manifiesto que es el colectivo que menos remuneración recibe de la Administración, de manera que serán los que mayor «desprotección» encuentren. «Son los que menos cobran», sentencia Martos, que asegura no entender cómo el Gobierno andaluz «puede cometer un agravio comparativo de esta naturaleza».

Sánchez afirma a este periódico que «no se puede tolerar que haya un doble rasero en la misma Administración», por lo que espera que en los próximos días haya un anuncio al respecto o habrá protestas. De la misma manera, recuerda que los recortes a los interinos de la Administración General van más allá de la reducción salaría, pues «a la vez que nos aumentan las horas se reducen complementos así como los días de asuntos propios».

Junto con los interinos de la Administración General, también están afectados por esta medida los funcionarios de Justicia.  A los que la Junta, pese a ser dependientes del Ministerio correspondiente, se encarga de su remuneración. Así, les rebaja su sueldo todos los meses cuatro euros por complementos. Se trata del 10% de lo que reciben en este campo, que es unos 40 euros de media según la antigüedad.

«¿Está mi nombre en la lista?». ABC de Sevilla. 29 de Julio.

ANDALUCÍA

«¿Está mi nombre en la lista?»

El CSIF recibe una «oleada» de llamadas de trabajadores de la Junta para saber si están en el listado de directivos afines al PSOE

ABC La delegada del Gobierno en funciones en Málaga, Marta Rueda.

P. D. A. / MÁLAGA
Día 29/07/2012 - 08.02h

El escándalo de los listados de promoción de directivos de la Junta de Andalucía afiliados al PSOE destapado en Málaga ha sacudido los cimientos del Administración regional. Numerosos funcionarios acuden a diario a los representantes sindicales de CSIF, que ha denunciado el caso en la Fiscalía, para saber si sus nombres aparecen en este informeinterno elaborado en el entorno de la Delegación del Gobierno a pocas fechas de la reestructuración de cargos por la presencia en el Ejecutivo regional de Izquierda Unida. Un caso ante los que los dirigentes socialistas siguen poniéndose de perfil con la única defensa de que no reconocen el documento porque no tiene membrete de la Junta y ante el que intentan reaccionar acusando al PP de haber despedido a cargos de confianza de la Diputación Provincial.

«¿Está mi nombre en la lista?», es la pregunta que con más frecuencia escuchan los miembros de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que destacan el revuelo que ha generado entre la plantilla de trabajadores públicos el conocimiento de estos «informes».

«La polémica ha desatado una oleada de llamadas y visitas a esta central solicitando información sobre la inclusión de determinados nombres, algunos de parte de terceros, en el documento interno de la Junta», explicó en un comunicado el sindicato, que incluso aseguró que «varios interesados han querido conocer si concretamente algunos de los afortunados, junto a los que se indica que «promociona», son afiliados de IU».

La CSIF está centrando sus críticas en la figura de la delegada del Gobierno en funciones, Marta Rueda, que también está al frente del área de Innovación y que curiosamente es el listado que contiene una información más exhaustiva.

Petición de cese

La organización sindical ha pedido el cese inmediato de Rueda «por tratarse de la responsable última del entorno en el que se elabora el discriminatorio documento», para precisar que partió, vía correo electrónico, de la propia secretaria particular de la delegada.

Y mientras el goteo de datos deja en evidencia al PSOE, los dirigentes socialistas pegan bandazos en su estrategia y se posicionan desde una postura de silencio hasta una serie de contraataques poco efectivos. La voz cantante la ha llevado el secretario regional de Política Municipal y portavoz del partido en la Diputación, Francisco Conejo. En un primer momento defendió como «normal» la elaboración de estos documentos, pero al percatarse de que otros cargos de la formación no reconocían el informe, decidió pasar al ataque.

Primero denunció que el PP despidió a 75 cargos de confianza cuando se hizo con el gobierno del ente supramunicipal sin percatarse de que podría haber gente que se preguntase cómo era posible que PSOE e IU contasen con tal número de empleados contratados a dedo. El segundo ataque se produjo el jueves cuando Conejo aseguró que los populares crearon dos plazas de libre designación en el ente supramunicipal para promocionar a una excargo de confianza y a una concejala de Vélez-Málaga. Una de las señaladas aseguró a este periódico que su plaza estaba creada con anterioridad.

La controversia de las listas ha silenciado al secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, quien evita pronunciarse sobre ella y se remite a las palabras de Conejo. La propia Marta Rueda, que en un principio no reconoció el documento, ahora evita dar explicaciones de las nuevas informaciones que van surgiendo.

«Delegables» en el informe

P. D. A. / MÁLAGA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ido más allá y ha realizado una lectura política del documento sobre el que dio debida cuenta ABC y alerta de que puede esconder los nombres de los futuros responsables de los organismos autonómicos aún por nombrar en la provincia. «Según los datos de afiliación y promoción de la relación de nombres que este sindicato ha denunciado, se vislumbran algunos cargos susceptibles de promocionar al frente de diversas delegaciones», apuntaron, para precisar que, «entre ellas se encuentran las delegaciones de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la de Agricultura y Pesca y la de Igualdad y Bienestar Social».

A los funcionarios no se les despide. Cartas al director. IDEAL. 28 de Julio.