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Esta plataforma está formada por empleados y empleadas de la Junta de Andalucia y tiene como objetivo defender nuestros derechos laborales ante los Decretos-Ley 5/2010, 6/2010 y la Ley 1/2011 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenacion del sector publico.
La plataforma se declara independiente y apolítica.
Nuestro objetivo fundamental es que tanto el personal laboral como funcionario, siga manteniendo exactamente la misma relacion ORGANICA Y FUNCIONAL con la Administración que la actual, RECHAZANDO rotundamente la integracion de nuestros puestos en ninguna otra empresa.
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jueves, 20 de septiembre de 2012

‘No es normal que la Junta me abandone en este palacete’. El Mundo. 19 de Septiembre.


FUNCIÓN PÚBLICA | Entrevista con una funcionaria ‘aparcada’ sin tarea

‘No es normal que la Junta me abandone en este palacete’

Guillermina Bermejo, ante la sede de la Junta donde está 'aparcada'. | Conchitina
Guillermina Bermejo, ante la sede de la Junta donde está ‘aparcada’. | Conchitina
  • Guillermina Bermejo dice que hay muchos profesionales sin competencias
  • ‘Para consolidar el régimen hace falta una Administración sumisa’
  • ‘La profesionalidad no se valora. El emblema aquí es ver, oír y callar’
Silvia Moreno | Sevilla
Actualizado miércoles 19/09/2012 12:42 horas
La funcionaria de la Junta Guillermina Bermejo, presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, cumple este miércoles 76 días de «abandono» y sin trabajo en la Casa Rosa de Sevilla, antigua sede la Consejería de Medio Ambiente, un edificio que ha quedado prácticamente vacío por el traslado de los empleados públicos a otro inmueble de la nueva Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Tras presentar una denuncia en el juzgado por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores y contar su caso en EL MUNDO de Andalucía, sigue sin respuestas y sin trabajo que hacer. La Junta tampoco quiso ayer ofrecer a este diario una explicación sobre la situación de esta funcionaria, «atrapada» en un palacete fantasma.
En una entrevista publicada hoy en EL MUNDO de Andalucía, Guillermina explica que la Junta sigue sin darle ninguna explicación por su situación: “Ni una palabra. Antes y verbalmente, me indicaron que la coordinación administrativa se iba a trasladar a la sede de la calle Tabladilla porque así se había ordenado. En otra ocasión, alguien me dijo que no contaban conmigo, pero sin aportarme ninguna razón. Y la última vez alegaron que no hay sitio donde está el resto de mis compañeros…”
La Asociación ‘Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública’ que preside ha impulsadodecenas de pleitos contra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo. Y Guillermina Bermejo cree que es evidente que su situación “no es normal”. No quiere hablar de “represalia” porque se resiste a juzgar los comportamientos de sus superiores. Ella expone los hechos y cada cual que saque conclusiones. “En la Junta no se admite un ‘no’ por respuesta… ¿Represalia o sinsentido? Yo, simplemente, siento y vivo esta sinrazón”.
Asegura que hya muchos funcionarios como ella que han sido despojados de su trabajo; “esto se permite porque la profesionalidad no es valorada“. “La sumisión, el ver, oír y callar, y el ‘sí, mi amo’ es el emblema de nuestra institución. La Junta y lo de su reordenación es un ejemplo. Hay que restablecer la legalidad”.
“La Junta, para consolidar el régimen, necesita una Administración clientelar y sumisa, que es todo lo contrario a una profesional. No quieren servidores públicos de verdad que apliquen la legalidad o sean imparciales, sino que buscan el interés partidista. ¿Qué quieren, que se politice la gestión de la Administración? Es peligroso porque si alguien va al médico quiere que lo atienda un profesional, no un político que le suelte un discurso. Con nosotros pasa lo mismo. Ante cualquier conflicto, la Administración debe aportar una resolución técnica. Y lo demás, sobra”.
Con la reordenación del sector público, la Junta ha conseguido ‘mezclar’ a los funcionarios con los trabajadores contratados por empresas públicas y, pese a lo demoledor de las sentencias, da la sensación de que no hay marcha atrás. Para Barrero, esa mezcla diluye la responsabilidad. “La Junta ofrece un trato privilegiado a los más de 25.000 trabajadores que se integraron en las nuevas agencias y no protege a sus empleados públicos sino a su clientela, a los intereses del partido”.

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