SECTOR PÚBLICO | ‘Una flagrante vulneración de derechos fundamentales’
SECTOR PÚBLICO | ‘Una flagrante vulneración de derechos fundamentales’
El TSJA anula la integración del personal de Egmasa en la agencia del 'enchufismo'
- Dos agencias de la Ley de Reordenación, con fallos contrarios
- Los magistrados critican el 'desprecio al Estado de Derecho' de la Junta
- La Junta situó a los 3.711 trabajadores de Egmasa en la agencia Amaya
Poco a poco, los tribunales están anulando los efectos de la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz de la Junta, también conocida como 'decretazo' o 'ley del enchufismo', porque ha supuesto laintegración de más de 20.000 trabajadores de los entes instrumentales del Gobierno andaluz en la Administración, también los enchufados.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado ahora la integración del personal de la empresa pública de la Junta Egmasa -3.711 trabajadores- en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), prevista en la del 'enchufismo'.
Es la segunda sentencia del TSJA que anula el punto más polémico de la reforma de la Junta, que es la integración del personal de las empresas públicas y otros entes instrumentales en las nuevas agencias. De las ocho agencias creadas, ya hay dos con fallos que declaran la nulidad de la integración de los trabajadores procedentes de la conocida como administración paralela de la Junta. En cualquier caso, la Junta puede interponer recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
Recientemente, ha habido más de media docena de pronunciamientos judicialestambién contrarios a la Junta, pero se trata de medidas cautelares, que paralizan la integración del personal, pero de forma provisional hasta que haya sentencia firme.
El último fallo del TSJA no se refiere a medidas cautelares, sino que directamente "declara la nulidad" de la disposición adicional del decreto por el que se aprueban los estatutos de la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua, que depende del departamento que dirige el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en un pleito impulsado por la Unión Sindical Obrera (USO) en el que también está personado UGT, pero alineándose a las tesis de la Junta.
UGT era el sindicato mayoritario en la empresa pública Egmasa, extinguida desde que se creó la agencia Amaya en virtud de la Ley de Reordenación del Sector Público.
El primer fallo del TSJA que anuló la integración del personal fue la referida a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en el pleito dirigido por el bufete Mariano Aguayo de Córdoba, que representa a lasasociaciones de empleados públicos Al Andalus y Defiendo mi derecho y la gestión pública.
La última sentencia del TSJA, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla, fechada el 15 de diciembre de 2011, pero recientemente notificada a las partes, acoge la argumentación del primer fallo e insiste en que el "acceso privilegiado" de los trabajadores de la 'administración paralela' a las nuevas agencias públicas supone un "desprecio al Estado de Derecho" y una "flagrante vulneración de derechos fundamentales".
"Una cosa es la subrogación empresarial de las normas laborales [esgrimido por la Junta en su defensa] y otra bien distinta la integración que convierte a este personal automáticamente en personal laboral de la agencia, con acceso directo a la administración instrumental de la Junta con atribución de potestades y funciones públicas", señala el fallo.
Los magistrados rechazan "este sistema excepcional de integración, carente de absoluta motivación", que ha situado a los 3.711 trabajadores de la extinta Egmasa en la nueva agencia Amaya.
La Junta presentó ante los tribunales un abrumador informe en el que advertía que habría "vidas humanas en peligro" y se desataría una "generalizada alarma social", si finalmente se paralizaba el protocolo de integración del personal de Egmasa en la nueva agencia.
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