Resultados de la reunión regional de coordinación de los Empleados Públicos de la Junta de Andalucía en Córdoba.

SECTOR PÚBLICO | Los denunciarán en la vía penal como colaboradores

Los funcionarios implican a los altos cargos en la lucha contra el enchufismo

Los portavoces de los empleados públicos andaluces, ante la Mezquita. | Madero Cubero

• Afirman que estarían cometiendo prevaricación y usurpación de funciones
• Además, los acusan de incumplir órdenes judiciales y revelación de secretos
• Los empleados públicos protestarán en el Congreso Federal del PSOE

Las denuncias se dirigirían a consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados y secretarios provinciales y jefes de servicio

Toñi Caravaca | Córdoba

Actualizado sábado 14/01/2012 19:34 horas

Representantes de los empleados públicos de la Junta de Andalucía de las ocho provincias han acordado este sábado, en una reunión celebrada en Córdoba, acudir a la vía penal para exigir responsabilidades a los altos cargos de la Administración autonómica por la polémica reordenación del sector público andaluz.

El objetivo es “preservar las potestades públicas de los empleados públicos de la Junta de Andalucía” e impedir que los jefes de servicio y los altos cargos de la Junta “sigan amparando, como colaboradores necesarios, la usurpación de potestades públicas”.

Los tribunales han paralizado la integración de más de 8.000 ‘enchufados’ en siete de las ocho agencias recurridas por los empleados públicos, sin embargo,la Junta de Andalucía no ha procedido a ejecutar estas sentencias. Éste es el motivo por el que el bufete de abogados Mariano Aguayo, encargado de la causa,prepara ya la documentación para solicitar en los próximos días en los correspondientes juzgados la ejecución forzosa de los fallos judiciales.

Fuentes consultadas por esta periódico aseguran que el personal externo sigue trabajando y cobrando su nómina de las cuestionadas agencias. Como suintegración está paralizada por los jueces, son funcionarios de carrera los que,en muchos casos, tienen que terminar firmando los documentos que ellos no pueden rubricar porque no pueden ejercer estas funciones.

Según los trabajadores de la Junta, estos altos cargos podrían estar incurriendo en cuatro delitos: prevaricación, usurpación de funciones, incumplimiento de resoluciones judiciales y revelación de datos sometidos a secreto. Lasdenuncias estarían dirigidas a consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados y secretarios provinciales y jefes de servicio.

El portavoz de los empleados públicos en Córdoba, José María Herrera, ha explicado a EL MUNDO.es de Andalucía que en las próximas semanas se van a empezar a mantener contactos en las ocho provincias andaluzas para fijar cuál es el mecanismo a seguir para acudir a la vía penal, cómo se va a gestionar y buscar un bufete que se haga cargo. Además, han acordado iniciar un nuevo calendario de movilizaciones antes de las elecciones autonómicas convocadas para el25 de marzo.

Así, se concentrarán a las puertas del Palacio de Congresos de Sevilla el 4 de febrero coincidiendo con la celebración del congreso federal del PSOE para elegir a su secretario general. Además, celebrarán una “macromanifestación” también en lacapital hispalense el día 18 de este mismo mes y volverán a concentrarse el Día de Andalucía en la ciudad donde se celebre el acto institucional, ya sea Sevilla o Cádiz.

Este mismo día, un grupo de empleados públicos saldrá andando de Sevilla en dirección al lugar donde fusilaron a Blas Infante, en Carmona, para participar en un acto simbólico “por lo que supuso su figura de lucha” y donde leerán un manifiesto del que después repartirán por toda la región un millón de copias. Yaen marzo, los empleados públicos han decidido solicitar reuniones con los diferentes grupos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas.

Andalucía

La protesta contra el enchufismo llegará al Congreso del PSOE

Los empleados públicos acordaron ayer una nueva campaña de movilizaciones y de acciones judiciales contra el «funcionariazo»

JOSÉ CEJUDO / sevilla

Día 15/01/2012 – 00.47h

Representantes de las plataformas de empleados públicos de las ocho provincias andaluzas acordaron ayer en Córdoba una nueva campaña de movilizaciones y de acciones judiciales contra la “ley de enchufismo”, como se conoce la normativa impulsada por la Junta para la reordenación de la Administración. Las protestas, a base de manifestaciones, concentraciones y acciones sorpresa, tendrán lugar enSevilla el 4 de febrero, en pleno Congreso Federal del PSOE; el 18, fecha elegida para una macromanifestación, y el 28-F, Día de Andalucía, respectivamente. Fuentes de las plataformas señalaron a ABC que todos los sindicatos, yel “conjunto de la ciudadanía”, están invitados a participar en este tipo de medidas, que se complementarán con caravanas de vehículos en las capitales.

En paralelo, los miembros de las plataformas de funcionarios decidieron acudir a la vía penal para exigir responsabilidades a los altos cargos de la Administración por el traspaso del personal externo de la empresas públicas a las nuevas agencias creadas con motivo de la mencionada reordenación. Para este último cometido se está gestionando la contratación de un bufete de abogados especializado en Derecho Penal. Consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generles técnicos, delegados y jefes de servicios serán losdestinatarios de las denuncias por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones, incumplimiento de resoluciones judiciales y revelación de datos sometidos a secreto. Esta última circunstancia ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía para que, si lo considera oportuno, abra una investigación. Esta nueva línea de actuación (la vía penal) no impedirá que las plataformas sigan confiando en el trabajo del gabinete jurídico de Mariano Aguayo en lo que se refiere a los recursos administrativos que aún están por resolver.

Funcionarios protestarán durante la precampaña

14 Enero 12 – - F. M.

Sevilla- Las plataformas de funcionarios que se oponen al decreto de reordenación del sector público empresarial se reunieron ayer en Córdoba para preparar nuevas movilizaciones. No se olvidan del «decretazo» y prosiguen con su lucha para su derogación. Acordaron que tendrán una presencia activa durante la precampaña: el primer acto lo tendrán el 4 de febrero en Sevilla, coincidiendo con la celebración del Congreso del PSOE en el que se elegirá al nuevo secretario general de los socialistas.

No será el único. El 18 habrá una nueva macromanifestación en la capital andaluza , en la que invitarán a la ciudadanía para que se sume en defensa de un sector público independiente. También tienen prevista una acción coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, el 28 de febrero.

Acciones judiciales

Las protestas en la calle irán acompañadas por la vía jurídica. Los participantes en la reunión ya han conseguido el dinero para pagar al bufete de abogados Mariano Aguayo, queha conseguido tumbar la integración del personal laboral en las nuevas agencias.

Además, explorarán la vía penal a través de un nuevo bufete especializado para denunciar la usurpación de funciones de los funcionarios.