“Exigiremos responsabilidad penal a los cargos de la Junta”. Diario de Sevilla.

Son y están

“Exigiremos responsabilidad penal a los cargos de la Junta”

En el debate sobre cómo se debe gestionar la Administración, con más eficacia y con menos corrupción, toma la palabra quien formó parte del grupo de funcionarios autonómicos que, en 2010, inició la movilización de más envergadura social y persistencia en Andalucía, a la que ha dado la razón la Justicia en numerosos contenciosos

Actualizado 22.01.2012 – 05:03

Pedro Ruiz Trillo, ante el Parlamento andaluz, meta de muchas manifestaciones en las que ha participado.

ES a la vez el principal portavoz de laAsociación Defiendo mi Dignidad y la Gestión Pública, y miembro del equipo directivo delSindicato Andaluz de Funcionarios (Safja). Anuncia quese va a recrudecer la campaña en contra del decreto de la Juntapara la reforma de la función pública.

Su debut en la Administración regional fue en 1985, como inspector de campo para el proceso de reforma agraria. Sacó en 1991 oposiciones a ingeniero técnico agrícola. Estuvo de 1992 a 1995 en Málaga, en el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, y desde 1995 trabaja en Sevilla, sobre todo en la gestión de montes públicos, de espacios protegidos, de prevención de incendios forestales, competencias de lo que hoy esConsejería de Medio Ambiente. Cada vez más dedicado a temas de gestión, ha llegado a ser jefe de departamento, en la Red de Espacios Naturales Protegidos.

-¿Qué gota colmó el vaso de los funcionarios?

-No fue el recorte del sueldo en mayo de 2010, sino conocer el texto para reformar la función pública con el fin de quitarle su sitio a los funcionarios. Y eso fue tocar en las cocinas donde se cuece todo en las consejerías, donde los funcionarios llevaban muchos años callados viendo cómo se gestionaban los presupuestos. Y yo, antes que funcionario, soy un ciudadano preocupado y concienciado.

-¿Qué le alarmaba en el modo de gestionarse los presupuestos?

-Mucho, y lo decía a mis superiores, hasta el punto de que en abril de 2010, cuando llega un nuevo jefe de servicios, me dice que debo irme de mi área para poner en mi lugar a unapersona de su confianza, me lo argumenta porque tú pareces un poco coña. Y mete a una externa. Por todos los años que he estado en Medio Ambiente, puedo decir que es un reino de taifas donde cada dirección general es una taifa, y a su vez cada jefatura de servicio iba a su bola. El resultado es gestión sin control. Sobre el papel, había planes de inversión a largo plazo. Pero en el día a día, las actuaciones no tenían coherencia con esos planes. Se compite por gastarse antes el presupuesto, por presumir de que se invierte más, todo sin criterios de eficiencia. No se miraba cuánto costaban las cosas. Y se me caían los palos del sombrajo porque yo, por mi experiencia de gestión en empresas agrícolas, estaba acostumbrado a comprar o invertir, y me costaba mucho menos que inversiones similares desde la Junta. Y veía cómo en la dirección general donde estaba adscrito se licitaba muy poco. Se adjudicaban a dedo muchos temas por debajo de 3.000 euros, o por debajo de 18.000, o por menos de 60.000, los topes para licitación pública con más discrecionalidad.

-¿No le hacían caso sobre los proyectos sobrevalorados?

-Era frecuente que dijera que tal o cual proyecto de la empresa pública no tenía bien diferenciadas las partidas, y que su presupuesto no se atenía a las tarifas aprobadas por la Junta. He llegado a decir: Esto se puede hacer por la mitad de dinero. Y de los políticos dependía sacarlo a licitación o adjudicárselo a la empresa pública. Lo habitual era que se lo adjudicaran a la empresa pública por el importe que se había estipulado desde fuera, el doble de lo que yo estimaba correcto.

-¿Qué sucedió cuando empezaron los recortes por la caída de ingresos a causa de la crisis?

-Llegaban circulares de la Consejería de Hacienda para no se comprometiera el gasto por encima de lo asignado, pero todo era un caos. En una dirección general donde supervisé en junio de 2009 cuánto gasto había ya comprometido para su ejecución en obras y otros conceptos, sumaban 25 millones de euros por encima del dinero asignado. Tremendo. En abril de 2010, una directora general me dice, asustada: Pedro, tenemos que ahorrar como sea, que no hay dinero. Y le contesté: Si quieres ahorrar, monta un equipo de cuatro técnicos que te revise los proyectos, y de golpe se ahorra un 30%. Se calló, y mi propuesta no se hizo. El dinero se ha tirado. Y eso me duele.

-¿Cómo se crea la asociación?

-Un compañero había sufrido acoso por defender sus derechos. Y a la hora del bocadillo, en el patio de la Consejería de Medio Ambiente, un pequeño grupo de funcionarios, en un corrillo, se convence de que ha llegado la hora de protestar para que se hagan las cosas en condiciones. Me llamaron porque sabía que yo estaba también con esa idea, y decidimos crear una red de contactos e información a través del correo electrónico. Di el paso a la arena sindical, mientras otros compañeros quedaban en el anonimato por miedo a represalias. Me protegí debido a las acciones sin precedentes que íbamos a activar: proponer el cambio de la Administración de arriba abajo. Y defender los derechos fundamentales. Piense que, durante décadas, en la Junta todo era silencio, nadie se señalaba para denunciar el entramado. Todo era en apariencia perfecto. Y era mentira. Veinte años gestándose y los últimos diez se ha desmadrado.

-¿Cuál es el perfil del funcionario movilizado?

-Personas que hemos recobrado nuestra dignidad aportando a la sociedad nuestro grano de arena. Ya creía que no había de esas personas. Y el 80% de los que empezaron esto siguen activos. Son altruistas, con vocación de darse a los demás, querían dejar de estar con la cabeza agachada. Entre nosotros fluye un enorme caudal de información verbal y escrita. Están hartos de ver cómo personas sin atribuciones asumen potestades públicas, cómo se aprueban proyectos que no son necesarios, o cómo no se revisan bien cuánto valen las cosas. De la Asociación Defiendo mi Dignidad y la Gestión Pública forman parte más de 1.200 personas.

-Tras la espectacular victoria del Sindicato de Funcionarios, y el tremendo revés de UGT y CCOO en las urnas, ¿qué ha cambiado?

-La toma de conciencia. Antes, se tenía miedo a hablar, incluso cuando los funcionarios eran apartados al pasillo para que los empleados de las empresas públicas gestionaran los proyectos desde la propia Consejería, y cómo se cometían chanchullos. Lo anormal se convirtió en norma. Se ponía en los cargos a personas que siempre van a decir que sí. ¿Las normas? Arréglatelas como puedas. Y desprestigiaban a los funcionarios, decían que éramos una mierda. Todos hemos vivido que, si alguien se atrevía a decir algo, era arrinconado. Hoy hay más funcionarios que osan decir: Mire usted, creo que esto no se hace así. Y queremos abrirnos a los funcionarios municipales, provinciales, policiales, bomberos, sanitarios… Mal vamos si seguimos por separado.

-¿Van a intensificar su actividad antes de las elecciones?

-No sólo insistiremos en demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa, sino también por la penal, a tenor de la gran cantidad de sentencias a nuestro favor que la Junta se obstina en no cumplir, hasta el punto de prevaricar. La Administración se basa en el Derecho público, no en el privado a través de empresas interpuestas. Vamos a exigir responsabilidades penales a piezas básicas del organigrama de la Junta. Con nombres y apellidos, con documentación. Sabemos lo que hace cada uno en esa maquinaria burocrática. Una dirección general no es una empresa privada de su director general o de su jefe de servicio.

-¿El escándalo de los ERE que no se controlan es la excepción o la regla de cómo funciona la Junta?

-Es la punta de un iceberg. Hemos estudiado presupuestos completos de la Junta, y constatamos que el 80% del dinero para inversiones en las consejerías se ha transferido a la red de empresas públicas. Es decir, que en una Consejería como la de Medio Ambiente, de 1.050 millones de inversión en 2010, más de 800 los gestionaba Egmasa. Y para que eso ocurra, basta que un político diga: Toma equis millones y justifícamelos con un certificado. Si el dinero público se gestiona dando por bueno el proyecto que te hace el contratista, que además le pone el precio, y después le pasan el dinero a él, ¿yo qué puedo pensar?

-¿Qué puede decir de Egmasa?

-¿Cómo es posible que una empresa pública haga proyectos con beneficios que pueden rondar del 50% al 100%? Y si ha sobrado dinero para un proyecto, ¿por qué no se reintegra en la Consejería de Medio Ambiente? Éstos y otros ejemplos indican que se inventan los modelos para manejar libremente el dinero fuera de un control aséptico y neutral de profesionales cuyo salario no depende de un dedo político. Y entonces puede pasar de todo.

-¿Cuál es la solución?

-Es política, en la vía judicial estamos hartos de ganar recursos y nos torean para no cumplirlos. En la Administración hay que hacer borrón y cuenta nueva, reinstaurar el Estado de Derecho, fijar la profesionalidad en los cargos hasta un rango muy alto, reforzar la independencia de los interventores, aumentar la transparencia.

-¿Debe acabar el empleo ‘para toda la vida’ en la Administración?

-Sí, hay que cambiar las actitudes. Con lo público no se juega y hemos de ser los primeros que exijamos profesionalidad y control del rendimiento. Vagos hay tanto en lo público como en lo privado. Los funcionarios están cambiando su mentalidad, se dan cuenta de que han sido desprestigiados intencionadamente para quitarles trabajo, y después el puesto de trabajo. Los responsables de que haya funcionarios que no trabajen bien son quienes les dirigen. Han quemado a mucha gente que entró joven y con ilusión en la Administración.