La consejera andaluza afirma que no está dispuesta a echar a nadie
Martínez Aguayo advierte que la alternativa al recorte salarial es precindir de 24.000 personas
Lourdes Lucio Sevilla 19 MAY 2012 – 18:27 CET7
Martínez Aguayo, antes de la entrevista. / GARCÍA CORDERO
La entrevista es 24 horas después del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a punto estuvo de rechazar el plan de ajuste andaluz.
Carmen Martínez Aguayo (Madrid, 1953) tendrá que hacer un
recorte extra de 220 millones. “No estoy dispuesta a echar gente a la calle”, dice.
Pregunta. ¿Le sorprendió que Montoro le advirtiera con tumbar el plan?
R. No me sorprende ya casi nada. Sí que creo que se podía haber evitado. Habíamos mandado la información con tiempo suficiente como para haber podido tener una reunión antes del Consejo y haber resuelto las discrepancias.
P. ¿Con cuánta antelación?
R. Estos procesos se hacen con mucha velocidad.
Mandamos la información del plan el día 15. El Gobierno nos contestó el 16 por la tarde, a las 16.30. Y nos ponemos a preparar la contestación. A las 4.40 de la madrugada del día 17 me mandan las tablas definitivas, me parece que están bien y a las 9.30 lo remitimos a Madrid. No hubo ningún otro contacto. Para mi sorpresa lo plantean allí, públicamente. Lo lógico hubiera sido resolverlo antes del pleno, pero el ministro lo hizo así. Me parece inapropiado. Dijo que había dos planes que no se consideraban idóneos, el de Asturias y el de Andalucía, lo cual llama la atención.
No quiero pensar que Montoro actuara de manera partidaria
P. La objeción del Gobierno son los ingresos de 506 millones por los fondos europeos.
R. La principal es esa, sí. Comparto que no es un objetivo fácil. Es difícil, puede que no lo obtengamos y si no lo obtenemos tendremos que tomar más medidas.
P. ¿Entonces?
R. Eso no significa que no se vaya a obtener. Tan difícil como puede ser bajar el sueldo a los funcionarios. Tan difícil como otros planes de otras comunidades. Pues, claro, pero le he dicho que vamos a montar un equipo que acelere las verificaciones. Es difícil, sí, porque, entre otras cosas, parte de la voluntad del Gobierno de tramitar la documentación con la mayor celeridad y parte también de la voluntad de Bruselas. Tiene su complejidad, pero partamos de que nada de lo que aquí se plantea es fácil, nada.
R. No quiero prejuzgarlo porque sé que él tiene las mismas dificultades que los demás, ¿no? Quiero pensar que la responsabilidad que tenemos es tan importante que eso no cabe aquí. No puedo ni quiero afirmarlo, ni quiero pensarlo. A nosotros se nos ha pedido información de una manera muy exhaustiva. Me gustará ver si eso es así con todos. No estoy de acuerdo con la cantidad de esfuerzo que se pide a Andalucía. ¿Cómo puede ser que Andalucía, una comunidad que tiene menos endeudamiento que la media, 3,3 puntos menos, sea la que aporte solo en esta medida de ajuste el 20,7%? No es razonable.
P. Llevan un año calculando ingresos por venta de inmuebles, pero el sistema financiero no está por esa operación.
Que se caigan las caretas y digan que se eche a interinos y eventuales
R. No, por esa operación no están los inversores. El sistema financiero no está con ninguna operación. Queda un año por delante, vamos a ver qué pasa. En el momento en que haya una ventana, esa operación saldrá. No ha salido porque los inversores no han querido hacerla al precio que el sector financiero ponía. Tampoco a nosotros nos interesa. Otras comunidades también lo tienen. No voy a renunciar a ese objetivo si supone un mayor ajuste del gasto.
P. ¿Están elevando la presión fiscal de manera indiscriminada con el céntimo sanitario por el consumo de gasolina y gasóleo?
R. Indiscriminada, no. Tomamos decisiones en el marco de nuestras competencias. No tenemos otras. Si tuviéramos competencias sobre el IRPF, si pudiera poner un impuesto a las grandes fortunas lo haría, sin duda.
P. ¿De dónde va a salir ese recorte extra de 220 millones?
P. ¿La inversión en cuánto se va a quedar?
R. No lo sé todavía. Bajará, si estábamos en 571 a 771, en lo que haga falta.
P. ¿Eso no va a repercutir negativamente en la economía?
R. Todo va a repercutir negativamente porque el presupuesto público es un multiplicador de la economía. Nadie puede pensar que si se tocan las retribuciones del sector público no va a repercutir en que haya un menor consumo. Por eso insistimos en que el camino de reducción exclusivamente es equivocado. Por eso hacemos un planteamiento de aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas que incida lo menos posible en el empleo. ¿Qué gana la economía poniendo a una persona en el desempleo? Un gasto más del Estado, una persona más destruida o con muchos problemas y con un daño enorme que ni consume y que solo tendrá miedo.
P. Pero estamos hablando de un recorte de 700 millones en un año de la inversión.
Que se caigan las caretas y digan que se eche a interinos y eventuales
R. Sí, sí, en los capítulos 6 y 7, en gastos de capital. No tengo detallado en cuánto afecta directamente a obra directa, que ya está muy afectada y se va a ver muy afectada. No se va a empezar nada nuevo. Hay que volver a decidir qué se hace y qué no y con qué criterio, porque la bajada es de tal magnitud que afecta a todo lo que está en marcha. Tenemos de alguna manera protegido lo que son las obras en los colegios, el tema de bosques, de lucha contra incendios. Pero el tema de las grandes obras es algo que hay que replantearse en su totalidad.
P. ¿Cómo les va a afectar a las 261.399 personas que perciben una nómina de la Junta el recorte salarial?
R. En bloque, 777 millones.
R. Cuando se acabe la negociación lo sabremos. Ahí están los sindicatos para decidir, pero es una decisión que tiene que tomarse junto con la parte social. Si después de discutir y negociar, lo que se dice es que prefieren que haya 37,5 horas y que haya una parte que se vaya a despidos, que lo diga la parte sindical. No estoy dispuesta a echar gente a la calle. Lo que tengamos que hacer viene obligado por el Estado. Tengo la obligación de poner la jornada laboral a 37,5 horas y a partir de ahí se abre un árbol de decisiones. El Gobierno ha puesto sobre la mesa cuál cree que es la decisión más correcta, pero si los sindicatos piensan que es otra, que lo digan.
P. Pero usted tiene que recortar 777 millones en salarios.
R. Sí, sí, ese es el dato.
La otra manera de reducir es despedir a 23.000 o 24.000 personas
P. Quieran o no los sindicatos.
R. Pero eso se puede hacer de muchas maneras.
P. ¿Y cuál es la otra manera?
R. Despedir a 23.000 o 24.000 personas. Esa es la otra manera.
P. Y quiere que eso se lo digan los sindicatos.
R. Yo quiero que los sindicatos opinen también sobre eso. La responsabilidad que hay que asumir ahora es colectiva: de la sociedad en su conjunto, del Gobierno y de la parte social, de todo el mundo, y todos tienen que dar su opinión.
P. Pero esa cifra va a misa.
R. Sí, la cifra va a misa y el cómo, que se diga. Todas las medidas que se están poniendo ahí, esas u otras, tienen que ir en un decreto ley que se va a tramitar. Es el momento de tomar una responsabilidad colectiva.
P. UGT y CC OO están en una posición más abierta y el sindicato Safja [el de los funcionarios] dice que a la Junta los trabajadores externos le cuestan 1.046 millones.
R. Nosotros tenemos 22.000 personas que mayoritariamente trabajan en el hospital de la Costa del Sol, en el hospital de Poniente, en la fundación que atiende a los enfermos mentales, en el personal que trabaja en el Infoca…
P. También en IDEA y en la Empresa Pública del Suelo.
R. ¿Todo eso sobra? ¿Todo eso es lo que quiere Safja que elimine la Junta? ¿La propuesta que hace Safja es que no tengamos Empresa Pública del Suelo, que no se tenga una agencia de desarrollo y promoción y apoyo al desarrollo empresarial? Que lo digan con claridad. No estoy ya dispuesta a escuchar demagogia de nadie, porque el momento de la demagogia pasó aquí ya hace mucho tiempo. Que se diga que se eche a todos los interinos y a los trabajadores eventuales que tiene la Junta. Que se les caigan las caretas al personal, porque me gustaría saber también si todos los funcionarios que el Safja representa han entrado con los criterios de pureza y de dignidad que reivindican.
P. ¿La reforma laboral se va a aplicar en empresas públicas?
R. No puedo contestar a eso. La reforma laboral tendrá cosas razonables y otras muchas que no. En lo que sea obligatorio, cumpliremos las leyes y en lo que sea optativo tomaremos nuestras propias decisiones.
P. Valderas dijo que, llegado el momento, si hay despidos, no se aplicarán las indemnizaciones de 20 días, sino de 33.
R. Si lo dice el vicepresidente, lo dice con toda la razón. Habla por el Gobierno.
P. La consejera de la Presidencia no decía eso. Afirmaba que en ese caso un interventor no lo iba a autorizar.
R. No es incompatible lo uno con lo otro.
P. Si el Gobierno central le obliga, ¿tiene más margen?
R. El mundo está cambiando a tal velocidad, es tal la información que se tiene que aportar para saber lo que se tiene que hacer que sería irresponsable por mi parte hacer comentarios de ese tipo. Lo que tenemos que hacer es cumplir el plan para ganar confianza. Este país ha perdido mucha confianza. Nuestro país no se lo merece. Vamos a centrarnos en lo que hay que hacer entre todos y empezar a cambiar el rumbo de la economía.
El PP andaluz anuncia mociones contra el ‘recortazo del bipartito’ PSOE-IU. El Mundo. 19 de Mayo.
POLÍTICA | En un encuentro con blogueros
Sanz, en el encuentro ‘Coffee&politics’. | Efe
- San reclama que la Junta pague su ‘deuda histórica’ con las provincias
- Le reprocha que haya dejado de ejecutar 10.100 millones en los últimos 4 años
Europa Press | Sevilla
Actualizado sábado 19/05/2012 17:13 horas
El PP andaluz presentará
dos mociones en los ayuntamientos y diputacionesprovinciales de la región, una contra el que ha definido como el “
recortazo del bipartito”, en referencia al Plan Económico Financiero de Reequilibrio (2012-2014) de 3.500 millones presentado por la Junta de Andalucía, así como otra para reclamar a la Administración autonómica que pague su “deuda histórica” con las provincias por “no haber ejecutado 10.100 millones de euros en los últimos cuatro años”.
Así lo ha anunciado el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en el encuentro ‘Coffee&politics’ con blogueros y expertos en redes sociales organizado por su partido en Sevilla, donde también ha anunciado que llevará al Parlamento andaluz una propuesta de Agenda Digital Andaluza para “reducir la brecha digital” en la región a través de las nuevas tecnologías.
“Si la Junta hubiera hecho los deberes, Andalucía no estaría presentando recortes sino ajustes”
Así, Sanz ha indicado que, desde su fuerza política, promoverán una moción en las administraciones locales andaluzas porque “no es que no haya que hacer ajustes, sino queno cabe que siempre caigan sobre los trabajadores y los sectores más empobrecidos”.
En este sentido, ha manifestado que Rajoy, “nunca se ha atrevido ni se atreverá a plantear recortes a
los funcionarios como ha hecho el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y ya hizo antes José Luis Rodríguez Zapatero”.
Tras repetir que este “recortazo” es culpa del desastre de la gestión económica que ha presentado estos años el PSOE”, Sanz ha dicho que, que si la Junta “hubiera hecho los deberes”, Andalucía “no estaría presentando recortes, estaría presentando ajustes”.
La deuda de la Junta con las provincias ha impedido “hacer hospitales, centros educativos y sociales, infraestructuras y viviendas”, según Sanz
La segunda moción anunciada por Sanz tiene que ver con el “incumplimiento de la Junta con las provincias” con respecto a la ejecución presupuestaria, que ha cifrado en 10.100 millones en los últimos cuatro años. De este modo, el dirigente popular ha apuntado que, al igual que la Administración autonómica se caracteriza por su política de “buscar la confrontación” en sus exigencias al Estado, “ha llegado la hora de que las provincias reclamen su deuda”.
En este sentido, Sanz ha lamentado que, debido a la falta de ejecución presupuestaria, “no se han hecho los hospitales, centros educativos, los centros sociales, infraestructuras y viviendas” en Andalucía, al tiempo que “se ha puesto en peligro o ha hecho perder” más de 150.000 empleos.
El «tijeretazo» de Griñán quitará entre 700 y 3.200 euros a los funcionarios. ABC de Sevilla. 19 de Mayo.
Andalucía
CSIF seguirá con sus movilizaciones contra la bajada de salarios, al negarse la Consejería a dar marcha atrás
j. morilloabcdesevilla / sevilla
Día 19/05/2012 – 02.18h
Protesta de empleados públicos ayer en la sede de la Junta donde se reunió la mesa general. JUAN FLORES.
Los funcionarios de la Junta de Andalucía verán reducido su salario anual entre 700 y 3.200 euros brutos como consecuencia del recorte que va a efectuar la Junta sobre las pagas extraordinarias de verano y Navidad, según datos aportados porCSIF Andalucía. Este sindicato, junto a CC. OO. y UGT, se reunió ayer con responsables de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la mesa general de la función pública, donde constataron la negativa de la Junta a cambiar nada del plan económico financiero de reequilibrio, que contempla un ahorro de 777 millones en sueldos de los 240.000 empleados públicos y que fue aceptado el jueves por el Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.Por ello, desde CSIF entienden que la Junta se ha reunido con ellos cuando ya no tenía intención de negociar, por lo que seguirán con las acciones previstas a partir del 21 de mayo, entre ellas, una huelga en la educación pública el día 22 y unamovilización general de los empleados públicos para el día 29.
En la mesa general de la función pública los sindicatos han conocido al detalle dónde se van a aplicar los recortes y que afectarán, fundamentalmente, a los denominados complementos específicos, de destino, de productividad y a la acción social. La Junta habla de un recorte del 5% de media en el sueldo para funcionarios y laborales, y de un 15% de interinos. Sin embargo, el alcance puede ser mayor para los funcionarios, pues como señalan desde la sección de Educación de CSIF los recortes en este ámbito suponen una bajada de un 10% de media.
Tal como recordó ayer el presidente de CSIF, José Luis Heredia, los funcionarioshan perdido un 21% de su poder adquisitivo con las dos rebajas salariales, la del Gobierno socialista hace dos años y la nueva de la Junta, la subida del IRPF y los recortes del actual Ejecutivo. A partir de los datos conocidos ayer, desdeCSIF-A han realizado cálculos genéricos para delimitar las cuantías económicas que esos recortes van a suponer en los sueldos de los empleados públicos, advirtiendo también que son aproximativos, pues la casuística y las categorías de funcionarios y laborales de la Junta son muy amplias. Con todo, desde este sindicato calculan que en la administración general de la Junta el recorte para los funcionarios oscilará entre los 700 y los 3.200 euros brutos, que afectará alas dos pagas extraordinarias. El primer caso corresponde a un auxiliar administrativo del Grupo C, que cuenta con un complemento específico de 4.215 euros al año y que perdería 350 euros en cada una de sus pagas extraordinarias. El segundo es el de un alto funcionario de Grupo A, en concreto de un nivel 28, que perdería 1.600 euros en sus dos pagas sobre un complementoespecífico anual de 19.972 euros.
La responsable del sector de CSIF, Alicia Martos, señala para dar una idea del recorte que en los grupos A y B el complemento específico viene a suponer el 50% del salario total, por lo que la medida va a dejar a muchos funcionarios como«mileuristas» y rebajar, incluso, el salario trabajadores que no van a llegar este año a esa cantidad. A ello hay que sumar la bajada del complemento de productividad. Como ejemplo, en un nivel 18 administrativo supondrá otros cien euros menos al año.
En el ámbito sanitario también se van a dejar notar estos recortes de la Junta de Andalucía, según señalaban responsables de este sindicato. Para ello ponían como ejemplo que un médico especialista, con un sueldo de unos 3.000 euros al mespodía perder unos 3.400 entre las dos pagas dobles de verano y Navidad. En el otro extremo de la horquilla estaría, por ejemplo, un celador, con un sueldo de entre 900 y 800 euros al mes, puede perder unos 690 euros en las dos extraordinarias.
También es significativa la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los profesores de Primaria y Secundaria. Desde la rama educativa de CSIF ponen como ejemplo, en Primaria, la rebaja en los ingresos que sufrirá un profesor «raso» y un director al frente de un colegio con numerosas unidades y antigüedad. El primero,sufrirá un recorte de 2.070 euros en dos pagas, mientras que el segundo de 2.231. Si se trasladan estas variables a Secundaria, un director de un centro con 30 unidades y nivel 26 perderá 2.986 en las dos extraordinarias, mientras queun profesor «raso» perdería 2.294 euros.
Ante estos recortes, los sindicatos de la función pública pidieron al Gobierno andaluz que diera marcha atrás a las bajadas salariales recogidas en sus presupuestos, a lo que se negaron los responsables de la Consejería.
En consecuencia, desde CSIF, que achacan el recorte a la negativa de la Junta a cesar en el despilfarro de su administración paralela, reclamaron que en lugar de bajarle el sueldo a los funcionarios que se lo reduzcan en un 30% los cargos políticos de la administración, además de los políticos de forma progresiva y no en solo un 5%. UGT y CC.OO., que obtienen retribuciones millonarias de la Junta, achacan, al igual que esta, la bajada de sueldo a los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Reunión de hechos consumados con los sindicatos sin la consejera Aguayo. La Razón. 19 de Mayo.
La Junta se niega a aplicar un recorte a lo Hollande del 30 por ciento de los salarios
Un grupo de empleados públicos se concentró a las puertas de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública – Foto: Manuel Olmedo
19 Mayo 12 – - A. Muriel
SEVILLA- Las casi tres horas de reunión entre altos cargos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y representantes de los tres sindicatoscon voz en la Mesa General (CSIF, CC OO y UGT) dieron para poco más que unalectura en voz alta del Plan Económico (2012-2014) que aprobó el jueves el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El de ayer fue unencuentro de hechos consumados porque ya es practicamente imposible deshacer los recortes aprobados por Madrid.
La Junta, pese al rechazo sindical, no está dispuesta a mover las líneas principales del plan. Una de ellas, la más polémica, la eliminación a los empleados públicos de los complementos específicos de las pagas extras de junio y diciembre, así como el recorte del 10 por ciento de las percepciones variables. Un «tijeretazo»que supondrá una bajada de sueldo de en torno al 5 por ciento de media. En el caso de los interinos, un 15 por ciento.
Pese a la excepcionalidad del recorte, la consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, no participó en la reunión, convocada estratégicamente en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, y no en la sede de Torretriana,escenario de una multitudinaria protesta cuando Martínez Aguayo –en aquella ocasión sí acudió a la Mesa General– sacó adelante con CC OO y UGT el segundo«decretazo» de la reordenación del sector público. Ayer delegó en un grupo de altos cargos encabezado por el secretario general para la Administración Pública, Manuel Alcaide.
La Junta pidió propuestas creativas a los representantes sindicales. El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, propuso abrir la vía de François Hollande en Francia, con un recorte del 30 por ciento del sueldo de los altos cargos, tanto en la Administración como en la empresas públicas; además de ladisminución progresiva de la nómina de los 109 parlamentarios; el adelgazamiento de la denominada «administración paralela» (el conjunto de empresas que ha permitido la entrada por la puerta de atrás de 20.000 puestos«a dedo»); o el recorte en gasto suntuario como coches oficiales –hay en torno a300 y la Junta se ha comprometido a dejarlos en la mitad– o telefonía móvil – existen 36.000 terminales–. La Junta se negó a meter la tijera en este terreno.El plan de reequilibrio sí recoge una reducción del 5 por ciento del sueldo del presidente de la Junta, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado, quese suma al 15 por ciento de recorte previo.
CSIF, por tanto, manifestó su rechazo rotundo a las medidas. La responsable delárea de Función Pública de este sindicato, Alicia Martos, también presente en la reunión, aseguró a este periódico que «hay muchas partidas en las que recortar antes de meter la mano de nuevo en el bolsillo de los empleados públicos. Han optado por apretar el botón, que es lo más fácil». El sindicato sigue adelante con sus movilizaciones previstas para el lunes y el día 29.
Por su parte, el coordinador del área pública de CC OO-A, José Blanco, mostró aLA RAZÓN el rechazo del sindicato a las medidas de recorte «lesivas para el empleo público y los servicios básicos». CC OO reclamó una negociación «real, más en profundidad» y que el plan se tramite en la Cámara autonómica como Proyecto de Ley. La Junta aún no ha decidido qué fórmula legal adoptará.
Hacienda ha dado de plazo a los tres sindicatos hasta el lunes a las seis de la tarde para que aporten propuestas. CSIF y CC OO no las van a presentar. El secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, sí las entregó ayer sobre la marcha. Una de ellas es que la Junta adquiera un compromiso de ley de la recuperación de cada una de las medidas que afectan a más de 260.000 empleados públicos andaluces.
Los manifestantes comienzan el ensayo
Un grupo de empleados públicos se concentró a las puertas de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, en la capital hispalense, donde tuvo lugar la reunión de la Mesa General. Con pitos, pancartas y protestas al plan de ajuste saludaron a los miembros de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que entraron al cónclave. Se prolongó casi tres horas. La Junta evitó exponerse a una convocatoria en Torretriana, sede de la Consejería de Hacienda, donde los funcionarios se han manifestado masivamente en múltiples ocasiones.
Veto al grupo de sindicatos que encabeza Safja
La federación compuesta por el Sindicato de Funcionarios de la Junta (Safja), de profesores de instituto Apia, de enfermería Usae, Anpe, de educación, y SAM, de médicos de Andalucía, reclamaron ayer su derecho a estar presentes en la Mesa General. Lo estarían, esgrimen, si se hubiera actualizado el reparto después de las últimas elecciones sindicales. A las puertas de la Dirección General hicieron sus críticas al plan y se sumaron a las movilizaciones del día 29.
Aurea Buenosvinos Marín.
Carmen Bravo
Juan José Caballero Serrano.
Carlos Rodríguez Estacio
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