Comentario del Blog de SIPEP-A - USO:
Su contenido no es claro y dá lugar a interpretaciones, por lo que debemos esperar a la publicación de la norma, asi como de las intrucciones que la puedan acompañar, para ver en ¿qué queda la cosa?, ya que tanto "propósito" no ayuda a nada más que a confundir.
Las medidas de ajuste garantizan una retribución mínima mensual de 1.000 euros y reduce en un 7,5% los sueldos del Presidente y los consejeros
Consejo de Gobierno, 19/06/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Laborales para el Reequilibrio Económico-Financiero de la Junta de Andalucía. Este texto recoge el plan que la Administración autonómica llevará a cabo para dar cumplimiento al objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5% del Producto Interior Bruto.
En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con el compromiso de mantener el máximo empleo público posible y la garantía de que ninún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación del Decreto-ley.
Asimismo, se reconoce expresamente que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Respecto a las retribuciones, se fija en un 7,5%, en lugar del 5% inicialmente previsto, la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (presidente y consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal al servicio del sector público andaluz, que será del 10% frente al 15% anunciado anteriormente.
El Decreto-ley plantea el doble objetivo de aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros y reducir el gasto de la Administración autonómica en 2.500. Se compensarán así los 3.500 millones que Andalucía dejará de recibir debido a las políticas de recortes impuestas por el Gobierno central y a las menores transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. Las medidas aprobadas, que se desarrollarán hasta finales de 2013, afectan a todos los capítulos del Presupuesto autonómico vigente, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos. Además, recogen las que el Gobierno central ha señalado de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas. Para hacer frente a esta exigencia, la Junta parte de principios básicos como preservar el sistema educativo público; no contribuir a la destrucción de empleo, y pedir un esfuerzo temporal y solidario del conjunto de empleados públicos, proveedores y organizaciones sindicales y empresariales. Respecto al primero de estos principios, destaca la decisión de no incrementar la ratio de alumnos por aula.
En el capítulo de ingresos, el Decreto-ley modifica los últimos tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pasa al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5% para rentas superiores a 120.000 euros.
Asimismo, se multiplica por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por dos el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola. Otras medidas en esta línea son la subida del tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados (del 1,2% al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas de azar y recreativas con premio.
Reducción del gasto
Respecto a la revisión de los capítulos de gasto, en materia de personal destaca la reducción de altos cargos derivada del menor número de consejerías, secretarías generales, direcciones generales y delegaciones provinciales tras la reestrucuturación de la Administración autonómica, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con sus homólogos de la Administración General del Estado. En Andalucía bajarán en un 7,5% las retribuciones del presidente de la Junta y los consejeros del Consejo de Gobierno; un 6,5% las de viceconsejeros y asimilados, y un 6% las de delegados provinciales y directores generales.
En aplicación de la normativa básica estatal, se aumenta a 37,5 horas la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, con carácter flexible. El personal funcionario fijo y laboral fijo podrá sustituir este aumento por una disminución proporcional en sus retribuciones. Además, se suspenden las horas extraodinarias y las gratificaciones salvo casos excepcionales que deberán ser autorizadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La realización de servicios fuera del horario habitual se compensará con tiempo de descanso. Asimismo, se reduce en un 10% la jornada del personal funcionario interino y del laboral temporal.
En materia retributiva, el Decreto-ley garantiza que la aplicación de sus medidas en en ningún caso podrá suponer una retribución mensual inferior a 1.000 euros. Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual se reducen hasta el 1% los complementos específicos de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre. La cantidad que se abone por este concepto se descontará, prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales. De igual modo disminuyen en un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable (productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos).
En el caso del personal laboral, se reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del complemento de convenio y del complemento de puesto de trabajo, correspondiente a los meses de junio y diciembre.
El personal docente de la enseñanza pública no universitaria y del Servicio Andaluz de Salud también verá reducidas sus retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de estas pagas adicionales. En el ámbito de la educación, este conjunto de medidas también será de aplicación al profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.
Por su parte, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia experimentarán una reducción del 5% de sus retribuciones periódicas brutas anuales, que se efectuará prorrateada en las retribuciones mensuales con cargo al complemento provisional específico.
Respecto a las entidades instrumentales y los consoicios, se establece una reducción del 5% de la masa salarial, que será definida en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Al personal directivo le será de aplicación el mismo régimen de retribuciones que a los consejeros de la Junta.
Se suspenden las jubilaciones anticipadas y las ofertas públicas de empleo, con la salvedad de aquellas cuyas convocatorias ya han sido publicadas. De igual modo, se suspende la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales para la financiación de gastos corrientes. Otras medidas recogidas son la suspensión de la convocatoria y concesión de ayudas de acción social y de la jubilación anticipada.
El Decreto-ley da un nuevo impulso a las medidas de eficiencia y ahorro que viene desarrollando la Junta de forma compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios. En este capítulo se plantea una disminución adicional del 10% del gasto operativo en bienes y servicios de la Administración pública, a través de medidas como la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos; la eliminación de la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de los entes instrumentales (salvo presidente y consejeros), y las bajadas de un 50% adicional en las partidas de información, divulgación y publicidad y reuniones, conferencias y cursos, y de un 15% adicional en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.
En el ámbito del gasto sanitario, las medidas aprobadas consolidan el programa de plataformas centralizadas de compra, con el que se espera un ahorro de 100 millones de euros anuales. Además, se prevé un ahorro anual de 190 millones de euros derivado de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno central: 166 millones por la nueva aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica y 24 millones por la aportación en las prestaciones básicas de la cartera suplementaria.
Fuente: Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/detalle/19_06_2012.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario