El PP lamenta que la Junta «mantenga el aparato y la grasa política». ABC de Sevilla. 21 de Junio.
Andalucía
El PP lamenta que la Junta «mantenga el aparato y la grasa política»
La Consejera Carmen Martínez Aguayo critica la «falta de respeto a los trabajadores»
abcabcdesevilla / sevilla
Día 21/06/2012 – 15.44h
El diputado del PP Jose Antonio Miranda lamenta que la Junta con su plan de ajuste “no haya recortado en el Capítulo 4 del Presupuesto y mantenga el aparato político y la grasa política de la administración paralela”, frente a lo que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, considera “una falta de respeto a los trabajadores y empleados públicos el llamarlos ‘grasa política‘”.
En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha defendido su plan de ajuste, y aunque reconoce que “hay otras maneras de afrontar el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno, no es nuestra manera de trabajar, no queremos cerrar servicios y queremos mantener el empleo público”. La consejera ha criticado la “falta de respeto político” del PP al llamar “grasa política a los empleados públicos y funcionarios, lo que demuestra lo que piensa realmente el PP sobre el empleo público”.
Martínez Aguayo, quien ha enumerado las medidas contempladas en este plan de ajuste, ha reiterado su propuesta de “extender la reducción salarial de los altos cargos del 7,5 por ciento a todas las comunidades autónomas, de forma que todos los salarios de todas las comunidades deben armonizarse”. Ha reiterado su compromiso con la estabilidad presupuestaria y ha recordado que dicho plan de ajuste “ha venido condicionado y marcado por las medidas y decisiones del Gobierno central“, toda vez que “se nos imponen una serie de ajustes que son injustos desde el Ejecutivo central”.
En lo relativo a los ingresos, la consejera explicó que, entre otras medidas, el plan prevé un aumento de impuestos porque “todas las comunidades han tenido que subirlos para cumplir con el objetivo establecido de déficit”, aunque advirtió que “no todas lo hacen de la misma manera y en Andalucía se opta por la progresividad, subiendo ingresos a las rentas más altas”. En la vertiente del gasto, indicó que se han adoptado medidas que“garanticen el mantenimiento del máximo empleo público posible, no produzcan despidos en el sector público y no impliquen privatizaciones”, algo que también distingue a Andalucía de otras comunidades.
Por otro lado, la consejera de Hacienda y Administración Pública aseguró que Andalucía “cumplirá su compromiso” con la estabilidad presupuestaria, “aún a sabiendas de que su reparto es poco racional y profundamente injusto”. En comisión parlamentaria, la consejera criticó la distribución que, de forma unilateral, ha hecho el Gobierno central del objetivo de déficit para 2012, porque “obliga a las comunidades autónomas a hacer un esfuerzo superior al que se impone él mismo en la contención del déficit público”, algo especialmente injusto si se tiene en cuenta que “son las comunidades quienes tienen la responsabilidad de prestar la sanidad pública, educación, dependencia y demás servicios propios del Estado de Bienestar”.
Ha indicado que las comunidades autónomas realizan un gasto directamente ligado a hacer efectivos unos servicios definidos en normativa estatal, es un gasto dirigido a financiar las prestaciones sociales que los ciudadanos tienen garantizadas por ley“, argumentó la consejera, por lo que “difícilmente puede reducirse en época de recesión económica, al ser un gasto estructural”. La consejera consideró también “poco equitativo” que el Gobierno central haya fijado un objetivo de déficit igual para todas las comunidades, sin tener en consideración el grado de participación que ha tenido cada una en la generación de endeudamiento. Igualmente, consideró injusto el criterio de asignación del déficit en función del PIB, porque sólo tienen en cuenta la riqueza del territorio, no su población.
“Permitir una mayor capacidad de endeudamiento a las autonomías más ricas está aumentando las desigualdades entre los territorios, produciéndose considerables divergencias entre las Comunidades”, denunció. Siguiendo con este argumento, aseguró que el uso del PIB para establecer el límite de déficit desvirtúa un modelo en el que los servicios públicos se financian en función de la población, no de la riqueza de los territorios. Por ello, Martínez Aguayo reivindicó que se individualice el objetivo de déficit en función de la población, que es un criterio acorde con la financiación de las Comunidades, y en función del endeudamiento. Pese a todo, la consejera garantizó que Andalucía cumplirá su compromiso con la estabilidad presupuestaria, para lo que, recordó, ha presentado un Plan Económico Financiero en el que se establecen una serie de actuaciones a llevar a cabo para cumplir con el objetivo de déficit establecido para el año 2012.
“Es un plan fuertemente condicionado por las decisiones del Gobierno de España, como son el recorte de ingresos en áreas claves como dependencia, educación y políticas activas de empleo o la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos, entre otros, pero lo hemos adoptado por responsabilidad, porque somos conscientes de que la situación actual demanda unidad para fortalecer la posición de España en los mercados internacionales”, indicó la consejera.
Críticas del PP
Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda pide a la Junta que “mantenga prestaciones sociales, mejore el empleo y la calidad del empleo de los funcionarios y arbitre criterios de racionalización del gasto”. Miranda lamenta que “la soberbia de la Junta le impide hacer autocrítica” en torno a dicho plan y apunta que “la responsable de estas medidas es la Junta, el PSOE e IU, no el Gobierno central” y critica que Andalucía “es la última comunidad en desarrollo y la primera en desempleo” y lamenta que “en 30 años esté alimentando la administración paralela”. “La Junta castiga a los empleados públicos, no actúa sobre la grasa política y la administración paralela, sino que aplica recortes sociales, recorta la inversión productiva, sube impuestos y recorta derechos”, ha agregado Miranda.
La Junta mantiene los recortes en sanidad y se niega a eliminar agencias. ABC de Sevilla. 21 de Junio.
Andalucía
La Junta mantiene los recortes en sanidad y se niega a eliminar agencias
Médicos y sindicatos pedían que se empezara a recortar por las agencias y no por los sueldos o contrataciones
EFE
María Jesús Montero
María Jesús Montero
abcdesevilla/ sevilla
Día 21/06/2012 – 14.41h
Día 21/06/2012 – 14.41h
La consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido hoy el mantenimiento de la decena de agencias y entes públicos sanitarios de la Junta de Andalucía que responsables hospitalarios y sindicatos han pedido recortar antes que las nóminas del personal sanitario.
Montero ha señalado, a preguntas de los periodistas, que comprende el malestar del personal sanitario por la bajada salarial que le ha aplicado su departamento, “por imperativo legal” del Gobierno central, y que los afectados señalen posibilidades de recorte diferentes a las que se les aplican a ellos, pero ha defendido el mantenimiento de los entes instrumentales de su Consejería.
Ha explicado, como ejemplo, que la Agencia de Valoración Tecnológica es “una unidad administrativa de funcionarios” que no se debe de cerrar o que la Escuela Andaluza de Salud Pública ha recortado el 55 por ciento de su presupuesto en los últimos cuatro años.
“Además, no podemos renunciar a la formación de nuestros profesionales si queremos mantener un sistema sanitario de excelencia ni podemos renunciar a la investigación o a la acreditación de la calidad”, ha enfatizado.
Respecto a las advertencias del PP de que la sanidad pública andaluza es “un polvorín a punto de estallar“, Montero ha replicado que esta afirmación “es más un deseo del PP que la constatación de una realidad”.
“El PP tiene mucho interés por que los sistemas públicos de salud estallen y lleva mucho tiempo deseándolo”, ha señalado.
Ha asegurado que durante todo el periodo de negociación sobre los recortes aplicados a la sanidad pública andaluza ha explicado a los sindicatos del escaso margen de maniobra de la Junta de Andalucía al tratarse “de medidas que venían impuestas por el plan de ajuste que se nos exigía por el Gobierno central para que Andalucía pudiera tener financiación”.
En su opinión, las medidas alternativas implementadas por su departamento constituyen “el plan más progresista que se puede presentar en la situación injusta que se nos ha impuesto por el Gobierno central”
“Hemos evitado la pérdida de entre siete mil y diez mil trabajadores de la sanidad pública ante unas medidas del Gobierno central que iban persiguiendo el cierre o la disminución de servicios de centros sanitarios y el desmantelamiento del modelo público de salud”, ha apostillado.
UPyD pide a la Junta que “mantenga intacto” el sueldo de los funcionarios y “desinfle la administración paralela”. Europa Press. 21 de Junio.
UPyD pide a la Junta que “mantenga intacto” el sueldo de los funcionarios y “desinfle la administración paralela”
Foto: EUROPA PRESS
SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, ha pedido este jueves a la Junta que “mantenga intactos” los sueldos de los funcionarios y “desinfle la administración paralela compuesta por agencias públicas, fundaciones e institutos que ha alcanzado un sobredimensionamiento insostenible, desorbitado e ineficiente”.
En un comunicado, De la Herrán ha instado al Gobierno andaluz a “aclarar cuánto dinero le está costando a los ciudadanos mantener toda esa estructura elefantiásica, detallar la cantidad de subvenciones públicas que se destinan para perpetuar los cargos prescindibles de directivos políticos o puestos de confianza que encabezan las estructuras de todos estos entes instrumentales, y analizar cuántos de éstos y de sus 26.000 empleados poseen funciones reales que desempeñar”.
En su opinión, la actividad de estos organismos debe ser desarrollada por funcionarios, por lo que ha solicitado a la Junta que “les devuelva las funciones que nunca debieron haber dejado de ejercer” porque considera que “este sector no debe pagar con su trabajo y esfuerzo los excesos administrativos de la Junta”.
PLAN DE “SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA”
Por este motivo, UPyD propone un plan de “simplificación administrativa” con criterios de eficacia y eficiencia que mantenga “exclusivamente los organismos que sean imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión”. Dicho plan incluiría una “reducción significativa” de la administración a través de la“supresión de las empresas públicas y enajenación de las participadas, cuya existencia deteriora el tejido industrial y cuyas actividades deben estar cubiertas por empresas privadas”.
Según De la Herrán, el objetivo principal de UPyD se centra en mantener ”servicios públicos de calidad”, para lo que no considera “necesarios 26.000 puestos subvencionados públicamente, sobre los que se desconoce su productividad diaria”. En esta línea, ha defendido que “estos trabajadores que no son funcionarios pueden desempeñar perfectamente sus funciones en el ámbito privado y, si se demuestra con datos fiables, técnicos y económicos que sus actividades son necesarias en el ámbito público, la Junta debe convocar oposiciones donde se evalúe mérito y capacidad”.
Otras propuestas de UPyD son “un régimen disciplinario y un desarrollo del estatuto que permita una evaluación del desempeño, de modo que el resultado final sea que los funcionarios no ganen menos que ahora, sino más, y que el ajuste del gasto se produzca por dejar de subvencionar con un sueldo que no merece a quien no tiene trabajo real o a quien no hace su trabajo, sea empleado de empresas públicas o funcionario”.
ELIMINAR “ÓRGANOS SUPERFLUOS”
También plantea la eliminación de “órganos superfluos como consejos de administración, consejos asesores y consultivos y demás organismos equivalentes que suponen un coste prescindible y cuyas funciones son innecesarias o se pueden asimilar fácilmente a servicios y departamentos administrativos de las diferentes Consejerías”.
En esta línea, promueve la modificación del Reglamento del Parlamento andaluz “para establecer que todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deban rendir cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Parlamento, sobre los principales gastos incurridos, contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, entre otros”.
La Junta da un mes a las empresas públicas para recortar las nóminas. Málaga Hoy. 20 de Junio.
La Junta da un mes a las empresas públicas para recortar las nóminas
La Administración impone que los 25.000 trabajadores del sector público rebajen su sueldo toda vez que los recortes no se asimilaron en la anterior ocasión · Canal Sur podría quedar exenta del ‘tijeretazo’
A. Fuentes / SEVILLA, Sevilla | Actualizado 20.06.2012 – 09:20
Martínez Aguayo y Vázquez, ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Esta vez, sí o sí. En mayo de 2010, el tijeretazo a los funcionarios del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se homologó a los empleados públicos andaluces en una media del 5%,aunque no afectó a los trabajadores de las empresas públicas. Lo que hizo la Junta fueaminorar la subvención en ese porcentaje para instar a los directivos a aplicar ese recorte, pero la bajada salarial quedó condicionada a que se aprobara por convenio colectivo. En algunas empresas públicas no hubo recortes gracias a la mediación de los sindicatos.
Dos años después, el decreto ley de medidas fiscales, administrativas y laborales aprobado ayer por el Consejo de Gobierno obliga a la reducción salarial a los 25.000 trabajadores de entidades instrumentales y consorcios, confirmaronfuentes del Gobierno andaluz.
La masa salarial del personal laboral de estas entidades experimentará una reducción del 5%, si bien la distribución de esta reducción se llevará a cabo en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Entre otras medidas para este personal, se suspende el devengo y abono de las gratificaciones de cualquier tipo y, sólo excepcionalmente y por causas muy justificadas, podrán abonarse compensaciones económicas por servicios y siempre cuando se cuente con un informe previo favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La productividad, incentivos al rendimiento o consecución de objetivos se reduce en un 10%.
La Junta quiere poner coto a lo que durante años ha sido una gestión discrecional del personal de estas entidades y que las medidas sean homologables a las que afectan a los empleados públicos de la Junta, más de 270.000, a los que se recorta ahora 747 millones de los 2.700 del plan de ajuste.
El personal directivo de las entidades instrumentales verán reducidas sus nóminas en un 7,5%, como los altos cargos de la Junta.
Más complejo será que esta reducción de sueldos afecte a la Radio Televisión Pública de Andalucía, tanto para la plantilla compuesta por 1.600 personas, como para el personal directivo, señalaron fuentes de la Administración andaluza. Desde lareforma de la ley de la RTVA a principios de la legislatura pasada, este ente público depende del Parlamento.
El director general de Canal Sur, Pablo Carrasco, es el alto cargo andaluz con mayor retribución y gana 125.000 euros al año, casi el doble que Griñán (63.808). La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo,vinculó ayer la decisión de una rebaja salarial de la RTVA a lo que decida el Parlamento. Hace dos años la Junta le rebajó el sueldo un 10% sin esas alusiones.Dirigentes de IU han reclamado que Carrasco gane menos que Griñán.
Precisamente la reducción en un 7,5% del sueldo de Griñán llevó al portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, a proponer al conjunto de las administraciones queadapten los salarios de sus altos cargos a lo que ha hecho la Junta.
El presidente andaluz es el que menores ingresos tiene a excepción delpresidente de Cantabria, que gana 59.534 euros. Los consejeros andaluces(62.800 euros al año) sólo tienen ingresos mayores que los de Canarias, Baleares, Valencia y Cantabria, y los directores generales (49.195 euros) son los que menos ganan en España, según los datos aportados por la Junta.
Aguayo defendió que el plan de ajuste no sacrifica empleo público ni conlleva privatizaciones y aceptó el unánime rechazo sindical por unas medidas “injustas e insolidarias” de las que responsabilizó al Gobierno central. Desde IU, que se atribuyó la consecución de que el plan no afecte a los mileuristas y la aminoración del impacto en los interinos (30 millones en total que en lugar del capítulo de personal se sustraerá de gastos corrientes), la dirección admite en un boletín que tiene la “tentación” de declararse “insumiso” al vincular los recortes al Gobierno del PP, informó Europa Press.
El dirigente del PP, Rafael Carmona, aseguró ayer que el “fracaso” de la negociación con los sindicatos, que mantienen sus protestas, se ha debido a que Griñán ha optado por el camino de “no tocar su aparato político”, en vez de reducir una serie de gastos “suntuosos” a los que “no se quiere renunciar”.
Acusan de prevaricación al jefe del Servicio de Minas de Huelva. Andalucía Información. 20 de Junio.
ANDALUCÍA | ECONOMÍA
Acusan de prevaricación al jefe del Servicio de Minas de Huelva
La sede de la CEICE en Huelva · Jocase
Carmen del Toro
20/06/2012 23:22
20/06/2012 23:22
Los seis funcionarios que componen el departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva han presentado una querella criminal por prevaricación contra el jefe de Servicio de la provincia, Tomás Fernández Nuviala, porobligarles a firmar una resolución de la planta de tratamiento de aguas de Minas de Aguas Teñidas, Matsa, “contrario a la legislación minera”, una querella que extienden a la entonces delegada de Economía y actual directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio.
Según fuentes del sindicato Safja, que representa a los seis funcionarios, la querella fue presentada el pasado lunes 18 de junio ante el juzgado de Instrucción de Huelva por la comisión de un presunto delito de prevaricación, al considerar que el funcionario les presionó para emitir un informe favorable sobre la planta de tratamiento de aguas en Sotiel, dependiente de Minas de Aguas Teñidas, Matsa.
Los funcionarios exponen en los 22 folios de la querella y “con documentación”, según las fuentes, cómo recibieron presiones de Fernández Nuviala durante la elaboración del informe de tramitación previa de la planta de tratamiento de aguas inertes de Sotiel, en esos momentos con un permiso de explotación.
Según las fuentes, el 26 de abril los funcionarios comunicaron al jefe de Servicio que “no procedía” la salida a información pública del proyecto al no cumplirse los requisitos legales, iniciándose una serie de comunicaciones hasta que el 16 de mayo les obliga “como superior jerárquico a que lo hagan”,amenazándoles con responsabilidades penales y expedientes disciplinarios.
Los funcionarios insisten en que el conflicto no se debe a “diferencias de criterios u opinión” como alega la Inspección de Servicio, donde pusieron en conocimiento los hechos, quien consideró que no hay una “flagrante vulneración de la Ley”, alegando que no pueden ponerse de acuerdo -como recomendaba la Inspección- con Fernández Nuviala ni esperar la respuesta de la Dirección General de Minas, que ahora dirige la anterior delegada en Huelva, María José Asensio, “que también ha tenido parte importante en esta historia”, según el sindicato.
La querella, que también hace referencia a otra denuncia presentada contra Fernández Nuviala en el juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino,incluye la documentación y los informes cruzados que se han remitido las partes y que reflejan la “actitud contumaz del querellado” para que se firmaran las resoluciones que ellos veían contrarias a la legislación vigente.
Discrepancias técnicas
Por su parte, fuentes cercanas a la Administración ha circunscrito la querella en un conflicto derivado por cuestiones “estrictamente técnicas” entre el jefe de servicio y el jefe de departamento y sus colaboradores, recordando que la propia Inspección de Servicio, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su resolución del 11 de junio, negaba la existencia de infracciones legales a tenor de la documentación aportada y por los hechos que se describían en el escrito presentado por los funcionarios.
Según las fuentes, la resolución de la Inspección afirmaba que no se apreciaba una “infracción manifesta del ordenamiento jurídico”, por lo que no procedía a su actuación, y recomendaba que el departamento adoptara una “solución técnica consensuada” y que las dudas las resolviese la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estamento competente para aportar una opinión técnica superior.
Añaden las fuentes que los funcionarios sí se han puesto en contacto con la Dirección General, pero que en paralelo han interpuesto la querella criminal contra el funcionario y la ya exdelegada provincial, actual titular de este departamento.
Egmasa, en el punto de mira. ABC de Sevilla. 20 de Junio.
Andalucía
Egmasa, en el punto de mira
El consejero del ramo admite que estudia «un replanteamiento» de las agencias públicas
abcabcdesevilla / sevilla
Día 20/06/2012 – 13.21h
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha admitido hoy en el Parlamento que ha abierto “un replanteamiento” del papel que las agenciaspúblicas de su departamento deberán desempeñar en el futuro y ha pedido a la oposición “tiempo suficiente” para consolidar sus conclusiones.
“Las agencias merecen un replanteamiento; este es un momento nuevo en el que hay que plantearse, en función de la estructura de la nueva Consejería, cuál es el papel ejecutivo de las agencias; es un trabajo que va a llevar un tiempo y que necesita de reflexión y de trabajo interno”, ha dicho Planas en un debate con la portavoz del PP, Carolina González Vigo.
El consejero ha negado que los recientes fallos judiciales que han anulado la encomienda de gestión dictada por esta Consejería en 2010 a la antigua Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía (EGMASA) hayan paralizado actividades de su departamento y ha anunciado que aprobará una nueva encomienda de gestión que asumirá las recomendaciones de estas sentencias y las del Consejo Consultivo.
Planas ha asegurado que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) -que fusionó EGMASA y la Agencia del Agua de Andalucía- funciona con normalidad, al contrario que González Vigo, quien ha opinado que los fallos del Tribunal Supremo y del TSJA han dejado inactivos a muchos empleados que asumían funciones reservadas a los funcionarios.
El consejero ha señalado que la nueva encomienda de gestión incorporará las cautelas esgrimidas en los fallos judiciales para preservar las competencias exclusivas de los funcionarios, a la vez que garantizará la prestación del servicio público “de manera eficaz”.
Esta encomienda explicitará los protocolos de actuación y las “tareas de auxilio al personal funcionario que tendrá que estar presente en cuantas actividades no automatizadas se realicen” en diversas materias.
El consejero ha preservado el escrupuloso cumplimiento de la sentencia” con el simultáneo desarrollo de “las tareas necesarias para el bien público”.
Carolina González Vigo ha discrepado de “la tranquilidad” con la que, en su opinión, el consejero ha afrontado estas sentencias, y ha denunciado “la huida del derecho administrativo” que, a su juicio, ha caracterizado a la Consejería de Medio Ambiente en las últimas legislaturas.
La diputada del PP ha destacado “el nuevo varapalo judicial” sufrido por Medio Ambiente, departamento al que ha acusado de fomentar “una administración paralela” para colocar a dirigentes socialistas y de protagonizar “una abusiva y sistemática huida del derecho administrativo”.
Planas ha criticado en su réplica “el mitin” que, en su opinión, ha pronunciado la diputada del PP y le ha espetado: “Le está usted hablando a un funcionario por oposiciónde cuatrocientos temas que sabe perfectamente de lo que habla”.
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