Declaracion de intenciones

Esta plataforma está formada por empleados y empleadas de la Junta de Andalucia y tiene como objetivo defender nuestros derechos laborales ante los Decretos-Ley 5/2010, 6/2010 y la Ley 1/2011 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenacion del sector publico.
La plataforma se declara independiente y apolítica.
Nuestro objetivo fundamental es que tanto el personal laboral como funcionario, siga manteniendo exactamente la misma relacion ORGANICA Y FUNCIONAL con la Administración que la actual, RECHAZANDO rotundamente la integracion de nuestros puestos en ninguna otra empresa.
POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICAZ Y PROFESIONALIZADA, POR EL EMPLEO ESTABLE
NO A LA ADMINISTRACIÓN PARALELA Y POLITIZADA.

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lunes, 25 de junio de 2012

NOTICIAS DEL HOY


Funcionarios denuncian a la Fiscalía el caso de enchufismo en la Delegación de Innovación. El Mundo. 25 de Junio.

TRIBUNALES | Contrato irregular

Funcionarios denuncian a la Fiscalía el caso de enchufismo en la Delegación de Innovación

Creen que se han cometido delitos de prevaricación y usurpación de funciones
Francis Mármol / Marta S. Esparza | Málaga
Actualizado lunes 25/06/2012 08:23 horas
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha decidido denunciar a la Fiscalía la contratación en la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga de Inocencia Pereda Arquero, quien supuestamente no habría superado proceso selectivo alguno para convertirse en inspectora para el seguimiento de cursos de cooperativas, usurpando con ello funciones que competen al personal funcionario.
El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, David Delgado, presentó el viernes en la Fiscalía de Málaga una denuncia en la que argumenta que la contratación de Pereda podría ser un nombramiento ilegal, y que podrían haberse cometido varios delitos con su designación.
En concreto, la denuncia considera que Pereda podría haber cometido de forma continuada un delito de usurpación de funciones e intrusismo previsto en el artículo 402 del Código Penal, por haber ejercido de forma ilegítima actos propios de un funcionario público atribuyéndoles carácter oficial, y haber aceptado su nombramiento «sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles».
Según denunció hace un mes públicamente la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF)Pereda ha sido contratada a los tres meses de que la actualdelegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, se hiciera cargo del organismo, en octubre de 2011.
El Sindicato de Funcionarios considera que la delegada de Innovación, Marta Rueda, ha podido por su parte incurrir en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 405 del Código Penal al designar a Pereda, «en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad», ya que no concurrían «los requisitos legalmente establecidos». La pena prevista para estos casos oscila entre multas de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.
El sindicato de funcionarios CSIF denunció el pasado mes de mayo que Inocencia Peredalleva diez años siendo contratada por distintos organismos de la Junta de Andalucía de la misma forma en que se la ha contratado ahora por la Delegación de Innovación.
Pero junto a esos contratos, la afectada obtuvo otros. Así, en octubre de 2009 se le adjudicaron 30.000 euros para «tareas de formación» desde el Instituto Andaluz de la Juventud.
El contrato, por un importe total de 244.000 euros, fue adjudicado por partes a un total de ocho personas, entre las que figuraba Pereda, quien se hizo con el lote número 7 del contrato, según refleja el detalle de la adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía en internet.

La ejecutiva de IU-CA acuerda que sus diputados apoyen el plan de ajuste. Europa Press. 25 de Junio.

Por 23 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones

La ejecutiva de IU-CA acuerda que sus diputados apoyen el plan de ajuste

Diego Valderas, Hoy Ante Los Medios
Foto: EUROPA PRESS
SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
   La comisión ejecutiva de IU-CA, reunida este lunes en Sevilla, ha acordado por 23 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, una resolución que contiene una directriz para que los parlamentarios autonómicos de la federación de izquierdas “dejen pasar, con su voto favorable”, el decreto Ley promovido por el Gobierno andaluz, del que IU-CA forma parte, con las medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. “La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles”, avisa la resolución acordada.
   La resolución, recogida por Europa Press, recuerda que el pasado 19 de junio, el Gobierno autonómico nacido de la coalición entre PSOE e IU-CA aprobó el decreto Ley relativo al plan de ajuste financiero promovido por el Ejecutivo andaluz para reducir el déficit de la Administración regional. A tal efecto, la federación de izquierdas defiende que su posición “fue expuesta con toda claridad por nuestro Grupo Parlamentario desde la tribuna del Parlamento andaluz, en coherencia con la posición aprobada por el consejo andaluz de IULV-CA celebrado el 1 de junio de 2012″.

“RENEGAR” DE LOS AJUSTES

   “Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema económico  y una política neoliberal que obliga a aplicarlos de forma injusta e indiscriminada“, señala la resolución para aseverar que IU-CA “no es responsable de este plan de ajuste financiero”. A tal efecto, la resolución rememora los duros recortes promovidos por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy en materia de sanidad y educación y avisa, por ejemplo, de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 “quitan  a Andalucía 960 millones de euros en transferencias”.
   En esta resolución, la comisión ejecutiva de IU-CA alerta de que el Gobierno central “nos exige, mediante la amenaza de intervención de cuentas, que se pague escrupulosamente la deuda externa de Andalucía, que asciende a 813 millones de euros al año”, toda vez que los populares bloquearon en el Senado una propuesta de IU para que Andalucía gozase de un incremento de transferencias por valor de 680 millones de euros que “hubiese supuesto no tener que aplicar el plan de ajuste”.

LA AMENAZA DE “LA DERECHA”

   “Ante esta situación, Izquierda Unida podría declararse insumisa”, señala la resolución, que a continuación indica que “la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles”. “Esto supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto”.
   En ese sentido, la resolución alude de nuevo al plan de ajuste financiero del Gobierno andaluz y a las “mejoras” negociadas por IU-CA “para lograr que su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales”. A través de estas mejoras, según IU-CA,“la reducción salarial no afectará a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos” y el recorte en el capitulo I, relativo a personal, “será de 30 millones de euros menos y quedará en 747 millones en vez de 777 millones”, toda vez que “a los interinos se les reduce la jornada y el salario un diez por ciento y no el 15 por ciento inicial”.

“REVERSIBILIDAD”

   “No habrá despidos en la administración autonómica y la ratio profesor/alumnos no aumentará en Andalucía”, señala la resolución antes de indicar la “reversibilidad en 2013″ de los aspectos sometidos a ajustes. Así, la comisión ejecutiva de IU-CA ha acordado, con la votación ya referida al comienzo,“emplazar a un debate político con los andaluces y las andaluzas para elaborar el Presupuesto 2013, entendiendo que solo la movilización popular puede romper la lógica impuesta de la intervención e iniciar un proceso que ponga en el centro de la acción de gobierno un nuevo modelo de desarrollo, la creación de empleo de calidad y el bienestar de los andaluces y las andaluzas”.
   Igualmente, la resolución aprobada contempla una directriz a los diputados autonómicos de IU para “dejar pasar con su voto favorable el decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo para su tramitación como Proyecto de Ley”, aunque “con las mejoras” ya descritas.

Valderas advierte que votar contra el plan de ajuste puede tumbar el gobierno de la Junta. El Mundo. 25 de Junio.

RECORTES | División interna en IU

Valderas advierte que votar contra el plan de ajuste puede tumbar el gobierno de la Junta

  • Envía una carta a sus militantes justificando los recortes.
  • Cree que si el plan no sale adelante se adelantarían las elecciones.
  • Dice que si gobernara el PP habría despido masivo de funcionarios.
Europa Press | Sevilla
Actualizado lunes 25/06/2012 14:03 horas
El coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha dirigido una carta a la militancia de la federación de izquierdas en la que le traslada votar en contra del plan de ajuste en el Parlamento andaluz, que debe convalidar el miércoles el decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno, supondría que fuera “rechazado con los votos del PP-A y de IULV-CA, que se produzca la caída del Gobierno andaluz y que se convoquen elecciones anticipadas, facilitando una estrategia de desestabilización tan perjudicial como inoportuna”.
En la misiva, fechada el pasado viernes 22 y a la que ha tenido acceso Europa Press, Valderas pide que no se juzgue la acción del Gobierno andaluz en sus primeros 46 días “por la aplicación de unas medidas de ajuste a las que IULV-CA se opone frontalmente”, ya que deja claro que la federación de izquierdas “no quiere ajustes ni recortes y reniega de un sistema liberal que obliga a aplicar los recortes impuestos por el Gobierno central de forma injusta e indiscriminada”.
“Frente a esta situación, IU podría entregar la llave del Gobierno a la derecha facilitando el despido masivo de funcionarios, el recorte de derechos y privatizaciones a todos los niveles, pero eso supera los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto”, subraya el líder andaluz de IU, que anima a “expresar con toda rotundidad” que “no hay recorte impulsado por la Junta de Andalucía, sino que viene del Gobierno central“.
Valderas reivindica que IULV-CA logró “paralizar” el pacto de ajuste en el Consejo de Gobierno “en un acto sin precedentes” para “evitar dañar las condiciones sociales de un sector de trabajadores de la función pública andaluza” habilitando un “plazo de negociación” que ha permitido introducir “mejoras” como que la rebaja salarial no afecte a empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a interinos sea del 10 y no del 15 por cientoprevisto inicialmente; que no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas” ni tampoco “despidos en la administración autonómica; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de “reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013″.
“Podíamos no adoptar estas medidas y votar en contra del plan de ajuste en el Consejo de Gobierno y en su posterior tramitación parlamentaria, provocando el siguiente escenario: que el plan sea rechazado con los votos de PP-A e IULV-CA, que se produzca la caída del Gobierno andaluz y que se convoquen elecciones anticipadas, facilitando una estrategia de desestabilización tan perjudicial como inoportuna”, prosigue el vicepresidente de la Junta, que rechaza “no aplicar unas medidas que permiten no despedir a trabajadores públicos ni cerrar servicios y que evitan privatizaciones”.
En este sentido, Valderas alerta de que el ‘no’ de IULV-CA supondría “dar paso a lo propuesto por los gobiernos autonómicos del PP que animan a no aplicar el ajuste de 747 millones en materia de personal, lo que provocaría el despido de 24.000 trabajadores de la función pública andaluza y cita como ejemplos que “la Comunidad de Madrid despedirá a 6472 trabajadores públicos, Castilla la Mancha cerrará 64 colegios rurales o el Gobierno de Aragón retirará 15.000 tarjetas sanitarias a personas residentes en la comunidad por encontrarse en situación irregular”.
“Andalucía no adoptará esas medidas porque hemos elegido gobernar de otra manera. Porque para avanzar socialmente debemos seguir siendo una fuerza de lucha y de gobierno. Toca ahora hacer en el Gobierno de la Junta lo que día a día nuestros alcaldes y concejales hacen en sus localidades: conjugar las dificultades de gestionar unos recursos escasos, dar servicios cada vez más esenciales y luchar a un tiempo por subvertir un sistema que no nos gusta por injusto e indeseable”, añade el coordinador general de IULV-CA, que anima a la militancia a “ser capaces todos juntos en este nuevo tiempo político de construir un poder que reparta mejor, priorice bien el gasto y construya la respuesta dando poder a la gente”.

Crítica solvente y fundada

En cualquier caso, Valderas traslada en su carta a las bases que la dirección de IULV-CA “no aspira a quedar exenta de la necesaria, imprescindible crítica de una organización viva y acostumbrada a debatir, porque creemos firmemente que todos cometemos errores y que solo la elaboración colectiva permite acertar en momentos de gran incertidumbre”.
No obstante, sí reclama la “construcción de una crítica solvente y fundada, hecha desde nuestros propios valores, buscando siempre lo mejor para el movimiento político y social que todos representamos y que aspira a ser referente de la lucha de un pueblo que trabaja por gobernar sobre la base de la justicia social”.
Al margen del plan de ajuste, el coordinador general de IULV-CA recuerda en su misiva que “el 80 por ciento de los militantes avalaron en la consulta de las asambleas de base el acuerdo programático con el PSOE-A y asumir tareas de gobierno para llevar a la práctica 250 medidas y 28 leyes esenciales para la transformación social y económica de nuestra tierra”.


CSIF ve “paradójico y cínico” que la Junta “despida a 413 promotores de empleo mientras defiende el plan de ajuste. Europa Press. 25 de Junio.

CSIF ve “paradójico y cínico” que la Junta “despida a 413 promotores de empleo mientras defiende el plan de ajuste

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
   El sindicato CSIF-A considera “paradójico y cínico” el despido de 413 promotores de empleo aprobado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la semana pasada, mientras la Junta de Andalucía defiende el Plan de Ajuste porque, según la propia Administración, “no destruye empleo público”.
   En una nota, CSIF-A considera “impúdico” que los 413 trabajadorescon contrato en vigor hasta diciembre de 2012, “sean despedidos por la Administración mientras que ésta sigue aumentando y defendiendo su costosa administración paralela”.
   Además, el sindicato critica que, mientras que la Junta de Andalucía anuncia que con el Plan de Ajuste “no se perderá empleo”, ahora dice que “no puede asumir los salarios de estos 413 promotores de Empleo y los recorta al amparo del plan de ajuste, manteniendo además la costosa y sobredimensionada administración paralela, a pesar de las numerosas sentencias en contra”.
   CSIF-A entiende que el SAE, adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, “debe reducir gastos de otras partidas y la Administración tendría que acometer reducciones en otros aspectos que no sean los del Capítulo I de los Presupuestos, como la reducción de altos cargos, la reducción de los salarios de los políticos o de coches oficiales”.
   Así, CSIF-A seguirá con su lucha contra el plan de ajuste y que tiene como cita relevante la concentración convocada para este martes ante el Palacio de San Telmo y a la que acudirán afiliados, delegados y simpatizantes de todas las provincias andaluzas.

El PP propone ahorros que evitarán bajar el sueldo a los funcionarios. ABC de Sevilla. 24 de Junio.

Andalucía

El PP propone ahorros que evitarán bajar el sueldo a los funcionarios

El portavoz de Función Pública del PP-A en el Parlamento autonómico, Rafael Ruiz Canto ha señalado que «se recortaría el gasto innecesario»

abc / sevilla
Día 24/06/2012 – 14.24h
El PP ha presentado en el Parlamento andaluz una moción para rebajar a la mitad los altos cargos de la Junta, reducir sus pluses salariales y recortar las subvenciones a partidos y sindicatos para no tener que acometer la rebaja de 770 millones de euros en el sueldo de los funcionarios públicos.
El portavoz de Función Pública del PP-A en el Parlamento autonómico, Rafael Ruiz Canto, ha dicho hoy en rueda de prensa que con esta propuesta “se recortaría mucho el gasto innecesario” y posiblemente no haría falta llevar a cabo el recorte salarial de los funcionarios que prevé el gobierno de coalición PSOE-IU.
A su juicio, “es injusto y arbitrario rebajar los sueldos y las ayudas sociales” a los funcionarios, pues con el recorte previsto 260.000 familias andaluzas verán “mermados notoriamente sus ingresos“, en una política que “siempre recae en las mismas personas, los más débiles dentro del marco de los empleados públicos”.
“El Gobierno progresista de Andalucía solo ha progresado en una nueva artimaña para mantener el despilfarro en la Administración pública”, ha afirmado el portavoz del PP.
La moción de su partido, que será debatida la próxima semana en el parlamento andaluz, propone no acometer una nueva rebaja de las retribuciones de los funcionarios y, a cambio,reducir el número de coches oficiales de altos cargos y protocolo, acortar las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, dejar de pagar las ayudas de vivienda a los delegados provinciales de la Junta, eliminar los contratos blindadosy un plan de remodelación de sedes y de reducción del gasto corriente.
Además, propone que las contrataciones externas se circunscriban a los casos realmente necesarios, limitar las encomiendas de gestión, rebajar el sueldo de los altos cargos, reducir los puestos de libre designación, profesionalizar el personal directivo y “promover mecanismos legales y políticos para exigir las responsabilidades debidas a los responsables públicos que hayan incurrido en una gestión negligente”.
Acometer una reducción del 50 por ciento en los altos cargos, una “efectiva supresión” de los gerentes provinciales de organismos autónomos y que la selección de personal directivo “responda a los criterios de competencia, profesionalidad y experiencia” son otros aspectos de la iniciativa.

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