Miércoles, 30 de Mayo de 2012 17:39
Redacción de Guardabosques
“La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Andalucía debe hacer cumplir la sentencia del TSJA para no incurrir en el delito de usurpación de funciones al estar encomendando potestades públicas a personal no funcionario contratado por las Agencias y empresas públicas.”
Así lo indica en un comunicado…………… la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.
Tras las intensas movilizaciones de los funcionarios andaluces que tuvieron lugar el pasado año contra el Decreto de Reordenación del Sector Públicoaprobado por el Gobierno de esta comunidad y como consecuencia del recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, en base a la cual se invalida mediante auto la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, estableciendo como medida cautelar que se retorne a la situación anterior, hecho que ya no es posible, dado que EGMASA ha dejado de existir como empresa pública.
La plataforma de empleados públicos que interpuso el recurso, volvió a presentar ante este órgano judicial una petición para que se adopte dicha medida cautelar, denunciando que diferentes trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA, antigua EGMASA) siguen realizando las mismas funciones que venían desempeñando, muchas de las cuales se consideranexclusivas para el personal funcionario. Al no existir ya EGMASA cuando se presentó el recurso, el titular del Juzgado considera que no cabe la posibilidad de retrotraer al personal de la AMAYA a tal situación, por lo que no debe ser de aplicación la medida cautelar que inicialmente se adoptó. Sin embargo, en un nuevo auto éste advierte de la imposibilidad de que el personal de la AMAYA realice funciones reservadas a funcionarios, porque podrían estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones.
Como consecuencia de esto, recientemente los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (antigua Consejería de Medio Ambiente) han recibido instrucciones directas de la Secretaria General Técnica, Macarena Bazán Sánchez, para que “ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda ser realizada por el personal no funcionario de la extinta EGMASA, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones”. Mediante esta orden, los Delegados Provinciales tienen la misión de detectar y analizar las tareas que vienen siendo realizadas por personal externo contratado por la Agencia (antigua EGMASA) y asegurarse de que no conllevan la realización de potestades públicas reservadas a los funcionarios, así como que éstas se desarrollen con sus medios, materiales y en sus centros de trabajo.
Desde la AAMAA esperamos que esto no quede en un simple papel para que alguien se cubra las espaldas ante posibles responsabilidades penales y se efectúe realmente esta devolución de competencias a los funcionarios públicosy, en el caso que nos ocupa, a los Agentes de Medio Ambiente que diariamente vemos cómo nuestras funciones van desapareciendo para ser realizadas por personal contratado, con la consiguiente duplicación de funciones y de presupuesto.
Son multitud de tareas las que, poco a poco, hemos visto como se desvanecen: censos de especies silvestres de flora y fauna, gestión de la caza en montes públicos, supervisión de trabajos forestales en montes públicos, manejo de especies amenazadas en diversos programas de recuperación, reintroducción o conservación (traslados, recogidas de pollos o huevos, capturas para controles veterinarios, capturas para traslocación o para traslado al CREA, levantamiento de actas para mantener la “cadena de custodia” de estos animales y evitar expolios, etc),información sensible que no se facilita a los Agentes de la autoridad pero que sí está en manos de personal externo ajeno a la Administración y un largo etcétera.
Especial mención merece también la usurpación de funciones en incendios forestales, donde actualmente y desde hace varios años nos encontramos inmersos en una total falta de responsabilidad por parte de la Administración de cara a la campaña del INFOCA. La antigua EGMASA ya se hizo en su día con la extinción, desplazando al Cuerpo de Agentes. La prevención, coordinación e investigación de incendios están ahora en juego y con ella nuestros montes y la seguridad del personal que participa en los mismos.
Ahora nos encontramos con zonas en las que los incendios son dirigidos por personal no funcionario (totalmente ilegal) o por los directores de extinción de los Centros Operativos Provinciales sin personarse en el incendio, desde un despacho, cuando hay muchos fuegos que apagar y más de 1000 Agentes de Medio Ambiente entre cuyas funciones está la prevención, dirección de extinción e investigación de los incendios forestales. No existe la necesidad de pagar a nadie más para hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde.
Del mismo modo, la dotación de medios de la que carecemos los Agentes de Medio Ambiente, que siempre ha sido escasa y agravada por la situación económica actual, parece no afectar a la antigua empresa pública que disfruta de vehículos nuevos, perfectamente rotulados, cámaras fotográficas, dispositivos GPS, PDA, teléfonos sin restricción de llamadas y diverso material para desarrollar el trabajo que nos corresponde a los funcionarios con dinero público, todo ello bajo el paragüas de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que sí se elaboró para la empresa pública y sus empleados y que seguimos sin tener los Agentes de Medio Ambiente, algo totalmente ilegal que hemos denunciado en multitud de ocasiones.
El ciudadano debe saberlo, se está malgastando el dinero de sus impuestos en pro de empresas públicas y Agencias que no hacen más que duplicar funciones y doblar los presupuestos, además usurpando funciones propias de los funcionarios públicos.
Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA)
Trabajadores de la Agencia de la Dependencia afectados por los recortes han comenzado a movilizarse. Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. 30 de Mayo.
Noticias del Colegio
Somos trabajadores pertenecientes a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (anteriormente Fundación Andaluza de Servicios Sociales) y nos dirigimos a ustedes para que nos ayuden a poner voz a la lucha que mantenemos diariamente por conservar nuestros puestos de trabajo y nuestra dignidad.
Diariamente venimos realizando nuestro trabajo concienzudamente, con afán de superación y con gran esfuerzo, ilusión y seriedad, puesto que trabajamos en los casos de aquellas personas en situación de desventaja social y que requieren de los servicios que la Ley de Dependencia oferta para poder llevar una vida lo más normalizada y digna posible. Con ello, destacar que dicho por la propia Secretaria de Bienestar Social del PSOE de Andalucía, somos la Comunidad Autónoma a la cabeza en el desarrollo de la Ley de la Dependencia.
Reconocidos como personal externo, trabajamos codo a codo con el personal funcionario e interino de la Junta de Andalucía, dentro de las distintasDelegaciones Provinciales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Ha llegado el momento de rebelarnos de algún modo, puesto que el estrés, la humillación, la desinformación y la presión a la que estamos sometidos diariamente son inaguantables. Nos encontramos además sin apoyos de ningún tipo, por decirlo de algún modo estamos “en tierra de nadie” y desorientados e impotentes al escuchar directa o indirectamente todas las barbaridades y mentiras que se dicen acerca de nuestro trabajo.
Somos personal externo a todos los efectos, por ejemplo en aspectos referentes asueldo (más bajo) asuntos propios (menos días) plus de productividad (no lo cobramos) etc. pero sí nos rebajaron el 5% de sueldo al igual que al personal funcionario. Ahora además, a ellos les quitan otro 5% de sueldo, pero para el personal externo esa rebaja será del 20%.
Por todo ello, y muchas más anécdotas diarias que sería imposible resumir en este texto, a través de su medio, que nos da la oportunidad de expresarnos públicamente, quisiéramos aclarar una serie de cuestiones que se han venido tergiversando por distintas fuentes y medios.
Como primer punto, y al contrario de lo que se ha hecho hacia nosotros, vamos a defender nuestros derechos como trabajadores sin insultar, menospreciar ni rebajar el trabajo de aquellos funcionarios e interinos compañeros nuestros de trabajo.
Segundo: Desde que la Ley de Dependencia fue implantada se han ido realizandoprocesos de selección de personal a través de empresas destinadas a tal fin, por lo que se ha valorado nuestra formación, experiencia laboral y demás méritos para finalmente formar parte del personal de la Agencia.
Tercero: no pretendemos que nos hagan funcionarios ni quitarle el puesto de trabajo a nadie, sólo queremos que se nos deje realizar nuestro trabajo, tan simple como eso.
Cuarto: Sabemos los tiempos que corren, la situación laboral en España, y por ellosnos sentimos privilegiados de tener un puesto de trabajo, pero rogamos que nosdejen de hacerlo pagar con insultos, mentiras y humillaciones.
Quinto: Vamos a luchar por nuestro puesto de trabajo, no vamos a callarnos más, utilizaremos todas las armas posibles en esta guerra en la que nos vemos inmersos y esperamos conseguir todos los apoyos posibles de los andaluces, porque SÓLO QUEREMOS TRABAJAR.
Miles de funcionarios se plantan contra el «atropello» a sus sueldos. ABC de Sevilla. 30 de Mayo.
Andalucía
Ayer se sucedieron las protestas ante las sedes de la Junta y los centros hospitalarios
J. C. / SEVILLA
Día 30/05/2012
KAKO RANGEL
Concentración de personal de la Sanidad ante el hospital universitario Virgen Macarena
Los funcionarios andaluces, al igual que han hecho en los últimos meses con la denominada «ley del enchufismo», están dispuestos ahora a dar la batalla para evitar que se recorten sus sueldos, como se contempla en el plan de ajuste presentado por la Junta, y ayer arreciaron las protestas contra lo que consideran un «atropello». Miles de empleados públicos de toda la Comunidadsecundaron las convocatorias de los sindicatos y se sucedieron lasconcentraciones ante las sedes de las consejerías y los centros hospitalarios.
CSIF, que aseguró haber congregado a 3.500 delegados sindicales en las ocho provincias andaluzas, se congratuló de que los empleados públicos «hayan vuelto a salir a la calle para hacerle ver a la Junta que debe tomar otro camino». Según el presidente regional de esta central, José Luis Heredia, si bien el Gobierno ha aceptado abrir un periodo de negociación, el objetivo de CSIF es «no parar hasta que el plan de ajuste se paralice definitivamente».
Otro sindicato, Safja, elevó por su parte el número de participantes en las movilizaciones a 4.000 trabajadores, y señaló que los recortes son un auténtico«atropello» al propio servicio público, al mermar «las calidades del mismo».Y resaltó que con el plan de ajuste «la Junta blinda al personal externo, a costa de la nómina de los funcionarios, y privatiza los servicios públicos». Para elpresidente de Safja en Sevilla, Alfredo Pérez, los recortes son «abusivos» y los empleados públicos son «los únicos que pagan el ajuste».
Las concentraciones de Safja fueron acordadas con otras organizaciones sectoriales, como el Sindicato de Enfermería (Satse), la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA), la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería (USAE), el Sindicato Independiente (ANPE) y el Sindicato de Médicos de Andalucía (SMA). En elámbito sanitario, informa Ep las protestas tuvieron lugar ante los centros hospitalarios de Andalucía y ante las delegaciones de Salud.
Al respecto, el secretario general de Satse, Francisco Muñoz, reprochó también a la Junta de Andalucía que aún no haya abierto el proceso para la negociación con los sindicatos sobre el plan de ajuste, e insistió en que antes de tocar las nóminas de los empleados públicos «hay muchas medidas a tomar, como retirar todas las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y empresarios».
La aprobación del plan de ajuste, en cualquier caso, no se ha aplazado, pero sí se ha ampliado el periodo de negociación con los colectivos afectados, según resaltó ayer la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.
Un plan que no contará con el apoyo del parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo. Ayer señaló que «nunca» va a «comulgar» con los recortes a los derechos de los trabajadores. Sánchez Gordillo insistió en que «no lo voy a aceptar ni por imperativo legal ni por nada», y aseguró que el plan de ajuste económico de la Junta supone «la primera rueda de molino» que «IU se va a tener que tragar» por pactar con el PSOE.