La Junta delega en las empresas públicas el futuro de sus plantillas
El sector público tendrá menos dinero para funcionar el próximo año
Carmen Martínez Aguayo y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno del martes.
El oxígeno financiero que el Ministerio de Hacienda ha insuflado a la Junta de Andalucía, al elevar su techo de endeudamiento para 2013, va a permitir a la Administración autónoma no detraer 2.700 millones de euros de sus cuentas para financiar los servicios públicos en 2013, pero eso no significa que todo el sector público andaluz vaya a mantener su empleo.
La reforma de este sector, puesta en marcha en 2010 con una gran contestación sindical y que afecta a unas 25.000 personas, culminará a finales de este año con la disolución de 95 Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local que afectan a varias administraciones. Pero la gran pregunta es qué va a pasar con empresas públicas deficitarias o sin actividad en las cuentas del próximo año.
Hoy por hoy, no hay certeza. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, respondió ayer con evasivas y con eufemismos a las preguntas que se le formularon sobre este asunto, pero sí dio algunas pistas. “¿Puede descartar que vayan a presentar expedientes de regulación de empleo (ERE) en las empresas públicas?”, se le inquirió. “No puedo contestar por entes que no son de mi competencia”, dijo. “¿Qué va a pasar con las empresas públicas que no tienen actividad, como la Empresa Pública de Suelo?”. Respuesta: “Irán teniendo una adecuación a nuevas funcionalidades o a un nuevo abanico de funciones que cada empresa tendrá que dilucidar. Estableceremos en el escenario presupuestario el marco financiero de las instituciones y será cada una de ellas las que tendrá que plantear las medidas adecuadas”.
Dos preguntas más tarde, la consejera de Hacienda explicó que serán las empresas las que tendrán que decidir si con el presupuesto que le va a asignar la Junta, reducen la jornada laboral o los salarios. Es decir, la Junta dotará con menos dinero a las empresas y estas tendrán que decidir cómo se apañan.La opinión del Gobierno andaluz de PSOE e IU es que el camino adecuado es reducir la jornada laboral para “mantener el máximo empleo posible”, que es lo que se ha hecho en este ejercicio presupuestario cuando ha tenido que amputar 2.500 millones.
No obstante, no hay que perder de vista lo que dijo el vicepresidente de la Junta y coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, en plena negociación del pacto de gobierno con los socialistas. Este señaló que en el caso de que hubiera que ir a la disminución de plantillas no se aplicará la reforma laboral de 20 días de despido por año trabajado patrocinada por el Gobierno del Partido Popular. En el plan de reequilibrio financiero de la Junta, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya se contempla la reordenación del sector público, por lo que la petición de dinero al fondo de rescate autonómico (FLA) no implica ninguna medida adicional sobre la ruta ya trazada, afirmó de manera insistente Martínez Aguayo.
La consejera destacó que Andalucía está cumpliendo con la reducción del personal de la Administración por efecto de la tasa de reposición —no se cubren las plazas que se quedan vacantes por jubilación—, con una caída global del 0,86% en el mes de julio. En las consejerías y organismos autónomos esta ha sido del 8,2%, mientras que ha crecido en Educación en un 3,1%. Por el contrario, en Baleares la tasa de reposición se eleva al 22,4%, en Cataluña del 3,6% y en Galicia, del 0,9%.
El Gobierno andaluz presentará en el Parlamento a finales de octubre, como es preceptivo, el proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad para 2013 que serán “restrictivos”, pero en los que la educación se mantendrá como principal política económica. Como el resto de las comunidades autónomas, Andalucía tiene marcado un techo del déficit del 0,7% del PIB, un margen que la Junta sostiene que no es justo. Pese a las buenas relaciones que mantiene ahora con el Gobierno, sobre todo con el Ministerio de Hacienda y Administración Pública que dirige Cristóbal Montoro, el Ejecutivo de Griñán no va a cejar en su empeño para que el déficit se reparta de manera más equitativa entre el Estado y las regiones. Para el próximo año, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas debe ser del 4,5%, pero el Estado puede incurrir en un 3,8%, mientras las regiones, en un 0,7%. Una distribución que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, consideró días atrás de “leonina”.
En cuanto al objetivo para este año, Aguayo afirmó que con los datos del primer semestre del año, “la previsión” es de cumplimiento del 1,5% fijado por el Gobierno central. Aguayo tampoco aclaró en qué margen se moverán las previsiones de crecimiento económico para 2013, dada la disparidad de estimaciones. Mientras el Gobierno central calcula que será del -0,5%, el Fondo Monetario Internacional lo sitúa en el -1,5%.
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