La política de mantenimiento del empleo público
La diana del recorte. Dado que no es posible ni conveniente subir impuestos y que el capítulo inversor es mínimo, será el gasto corriente la partida que tendrá que soportar el ajuste
Las restricciones presupuestarias derivadas de la reducción de los ingresos tributarios, y de los compromisos que limitan el déficit y la deuda pública, van a abocar a la Junta de Andalucía a violentar su máxima de "defensa del empleo público". La Consejería de Hacienda está tratando de cuadrar un proyecto de presupuesto para final de este mes, y la tarea debe ser compleja, pues si bien la Junta de Andalucía ha conseguido que se reponga la autorización de endeudamiento al 15,1% del PIB, la exigencia de cerrar 2012 con un déficit máximo del 1,5% del PIB exigirá recortes adicionales antes de que acabe el año, mientras que el compromiso de seguir reduciendo el déficit hasta el 0,7% del PIB en 2013 será aún más complicado en un escenario de continuidad de la recesión (las previsiones disponibles apuntan a una reducción entre el 1,6 y el 2% del PIB para 2013) y, en consecuencia, de reducción de los ingresos fiscales. Adicionalmente, la petición al Fondo de Liquidez Autonómico de 4.906,8 millones de euros restringe severamente a la Junta de Andalucía la posibilidad de desviarse de los objetivos de déficit establecidos.
En este contexto, y dada la práctica imposibilidad (e inconveniencia) de aumentar los impuestos, la reducción del déficit exige recortar el gasto y, reducida a la insignificancia la inversión, será el gasto corriente el que tenga que soportar el ajuste. Es por ello por lo que inevitablemente habrá de reducirse el empleo público.
Según los últimos datos disponibles, facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y referidos al mes de julio de 2011, el empleo del conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía se elevaba a 499.961 personas, a las que deben sumarse los empleados en empresas y otros entes públicos. El 50,8% del empleo público en la región correspondía a la Junta de Andalucía, y el resto a la administración estatal, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades. De la fuente de información referida se deriva que por cada millón de euros producidos en Andalucía hay 1,7 empleados públicos autonómicos (1,3 de media entre las comunidades autónomas), o que éstos significan el 9,1% del empleo regional (7,4% de media en España), lo que nos viene a poner de manifiesto la desproporción del empleo público con nuestra base productiva y laboral. Incluso el coeficiente entre empleo público autonómico y habitantes (30,1 empleados públicos por 1.000 habitantes en Andalucía frente a 28,6 de media en las CCAA) pone de manifiesto un exceso relativo de plantilla, lo que podría traducirse en unos servicios públicos de más calidad que la media española, aunque esta posibilidad no sería compartida por muchos ciudadanos, que probablemente explicarían el mayor peso del empleo público andaluz por su baja eficiencia relativa.
Esto es lo que perciben muchos usuarios de los servicios públicos, que vienen a coincidir en el exceso de plantillas y en la baja intensidad del trabajo de éstas, aunque esta consideración no sea generalizable a toda la administración autonómica, pues junto a departamentos con sobredotación de empleo existen otros con necesidad de personal. En cualquier caso, la posibilidad de ganancias de productividad es bastante generalizada en la administración autonómica, máxime en tiempos en los que la actividad se ha reducido por la crisis, especialmente en los departamentos inversores. En consecuencia, el ajuste del empleo público a las necesidades reales del trabajo no sólo es necesario para reducir el déficit público, sino también para aumentar la eficiencia de la administración pública.
Sin embargo, el gobierno regional y los partidos que lo sustentan vienen defendiendo históricamente el mantenimiento del empleo público a cualquier precio, lo cual no deja de ser paradójico si observamos el entorno económico. Si las empresas han hecho frente a la reducción de ingresos con ajustes que en muchos casos se han traducido en reducciones de empleo, la Junta de Andalucía ha hecho frente a la caída de los ingresos con diversas medidas de menor racionalidad económica: por una parte, aumentando impuestos, trasladando así la ineficiencia pública a la reducción de la renta disponible de los ciudadanos y, en consecuencia, del consumo y la inversión; por otra, reduciendo drásticamente las inversiones públicas, lo que condiciona negativamente el futuro económico y reduce la actividad y el empleo de las empresas a través de las cuales se aplican las inversiones; por otra, reduciendo intensamente la contratación de servicios externos, lo que ha llevado al cierre a numerosas empresas que vienen trabajando para la administración autonómica y al paro a sus empleados; y, por otra, retrasando el pago a los proveedores hasta provocar la asfixia financiera de empresas eficientes y competitivas, que han tenido que cerrar y despedir a sus empleados. Por todo ello, la defensa a ultranza del empleo público ha tenido unos costes elevados para muchas empresas y familias a las que también representa el gobierno y cuyos intereses debe velar con semejante celo que al de los empleados públicos.
A pesar de la defensa numantina del empleo público, las restricciones para cuadrar el presupuesto de 2012 ha determinado que la consejera de Hacienda haya abierto la veda al ajuste del empleo en algunas empresas y entes públicos dependientes del presupuesto de la Junta de Andalucía, pero la resistencia del PSOE e IU al posible coste político de la reducción del empleo público ha llevado a algunos centros directivos a reinterpretar la decisión como reducción de directivos de empresas públicas, para satisfacción del PP que aboga también por no tocar el empleo público a excepción de los cargos directivos. La reducción de cargos directivos será razonable, pero en términos presupuestarios no será determinante para ajustar el presupuesto al compromiso de déficit, y esquivará la necesaria reforma de la administración autonómica. Por ello, es posible que de nuevo se desaproveche la oportunidad de racionalizar el empleo público como ya ocurrió con el controvertido Decreto-Ley de julio de 2010 sobre reordenación del sector público andaluz, que se saldó con mucho ruido y con una cosmética reducción de empresas y entes público.
Los tiempos de crisis son tiempos de cambios y de reformas que no se abordan cuando las condiciones económicas son favorables. Es evidente que en la Junta de Andalucía hay un exceso de empleo público, que existen centros directivos cuyas funciones se superponen con otros entes públicos, que muchos organismos son prescindibles sin que la calidad de vida de los andaluces se vea afectada, que algunas empresas públicas compiten deslealmente con empresas privadas, que las posibles ganancias de eficiencia en el trabajo público son notables, que la mayor parte de los empleados públicos se encuentran desmotivados o frustrados porque se ha preferido rebajar sueldos y quitar incentivos para que nominalmente se mantenga el empleo,...
En definitiva, es necesario abordar una reforma de la administración autonómica integral con criterios de profesionalidad y racionalidad económica y no determinada por los intereses políticos. Esa reforma debe afectar no sólo a las empresas públicas, sino también a la administración ordinaria y otros muchos organismos, debe favorecer una administración más flexible y adaptativa a los cambios en la demanda, en la tecnología y en la forma de proveer los servicios públicos,... Con el tiempo se hará, pero como casi siempre será tarde y en el camino perderemos los mejores empleados públicos y se habrá lastrado el desarrollo de Andalucía.
En este contexto, y dada la práctica imposibilidad (e inconveniencia) de aumentar los impuestos, la reducción del déficit exige recortar el gasto y, reducida a la insignificancia la inversión, será el gasto corriente el que tenga que soportar el ajuste. Es por ello por lo que inevitablemente habrá de reducirse el empleo público.
Según los últimos datos disponibles, facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y referidos al mes de julio de 2011, el empleo del conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía se elevaba a 499.961 personas, a las que deben sumarse los empleados en empresas y otros entes públicos. El 50,8% del empleo público en la región correspondía a la Junta de Andalucía, y el resto a la administración estatal, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades. De la fuente de información referida se deriva que por cada millón de euros producidos en Andalucía hay 1,7 empleados públicos autonómicos (1,3 de media entre las comunidades autónomas), o que éstos significan el 9,1% del empleo regional (7,4% de media en España), lo que nos viene a poner de manifiesto la desproporción del empleo público con nuestra base productiva y laboral. Incluso el coeficiente entre empleo público autonómico y habitantes (30,1 empleados públicos por 1.000 habitantes en Andalucía frente a 28,6 de media en las CCAA) pone de manifiesto un exceso relativo de plantilla, lo que podría traducirse en unos servicios públicos de más calidad que la media española, aunque esta posibilidad no sería compartida por muchos ciudadanos, que probablemente explicarían el mayor peso del empleo público andaluz por su baja eficiencia relativa.
Esto es lo que perciben muchos usuarios de los servicios públicos, que vienen a coincidir en el exceso de plantillas y en la baja intensidad del trabajo de éstas, aunque esta consideración no sea generalizable a toda la administración autonómica, pues junto a departamentos con sobredotación de empleo existen otros con necesidad de personal. En cualquier caso, la posibilidad de ganancias de productividad es bastante generalizada en la administración autonómica, máxime en tiempos en los que la actividad se ha reducido por la crisis, especialmente en los departamentos inversores. En consecuencia, el ajuste del empleo público a las necesidades reales del trabajo no sólo es necesario para reducir el déficit público, sino también para aumentar la eficiencia de la administración pública.
Sin embargo, el gobierno regional y los partidos que lo sustentan vienen defendiendo históricamente el mantenimiento del empleo público a cualquier precio, lo cual no deja de ser paradójico si observamos el entorno económico. Si las empresas han hecho frente a la reducción de ingresos con ajustes que en muchos casos se han traducido en reducciones de empleo, la Junta de Andalucía ha hecho frente a la caída de los ingresos con diversas medidas de menor racionalidad económica: por una parte, aumentando impuestos, trasladando así la ineficiencia pública a la reducción de la renta disponible de los ciudadanos y, en consecuencia, del consumo y la inversión; por otra, reduciendo drásticamente las inversiones públicas, lo que condiciona negativamente el futuro económico y reduce la actividad y el empleo de las empresas a través de las cuales se aplican las inversiones; por otra, reduciendo intensamente la contratación de servicios externos, lo que ha llevado al cierre a numerosas empresas que vienen trabajando para la administración autonómica y al paro a sus empleados; y, por otra, retrasando el pago a los proveedores hasta provocar la asfixia financiera de empresas eficientes y competitivas, que han tenido que cerrar y despedir a sus empleados. Por todo ello, la defensa a ultranza del empleo público ha tenido unos costes elevados para muchas empresas y familias a las que también representa el gobierno y cuyos intereses debe velar con semejante celo que al de los empleados públicos.
A pesar de la defensa numantina del empleo público, las restricciones para cuadrar el presupuesto de 2012 ha determinado que la consejera de Hacienda haya abierto la veda al ajuste del empleo en algunas empresas y entes públicos dependientes del presupuesto de la Junta de Andalucía, pero la resistencia del PSOE e IU al posible coste político de la reducción del empleo público ha llevado a algunos centros directivos a reinterpretar la decisión como reducción de directivos de empresas públicas, para satisfacción del PP que aboga también por no tocar el empleo público a excepción de los cargos directivos. La reducción de cargos directivos será razonable, pero en términos presupuestarios no será determinante para ajustar el presupuesto al compromiso de déficit, y esquivará la necesaria reforma de la administración autonómica. Por ello, es posible que de nuevo se desaproveche la oportunidad de racionalizar el empleo público como ya ocurrió con el controvertido Decreto-Ley de julio de 2010 sobre reordenación del sector público andaluz, que se saldó con mucho ruido y con una cosmética reducción de empresas y entes público.
Los tiempos de crisis son tiempos de cambios y de reformas que no se abordan cuando las condiciones económicas son favorables. Es evidente que en la Junta de Andalucía hay un exceso de empleo público, que existen centros directivos cuyas funciones se superponen con otros entes públicos, que muchos organismos son prescindibles sin que la calidad de vida de los andaluces se vea afectada, que algunas empresas públicas compiten deslealmente con empresas privadas, que las posibles ganancias de eficiencia en el trabajo público son notables, que la mayor parte de los empleados públicos se encuentran desmotivados o frustrados porque se ha preferido rebajar sueldos y quitar incentivos para que nominalmente se mantenga el empleo,...
En definitiva, es necesario abordar una reforma de la administración autonómica integral con criterios de profesionalidad y racionalidad económica y no determinada por los intereses políticos. Esa reforma debe afectar no sólo a las empresas públicas, sino también a la administración ordinaria y otros muchos organismos, debe favorecer una administración más flexible y adaptativa a los cambios en la demanda, en la tecnología y en la forma de proveer los servicios públicos,... Con el tiempo se hará, pero como casi siempre será tarde y en el camino perderemos los mejores empleados públicos y se habrá lastrado el desarrollo de Andalucía.
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