SAF, Sindicato Médico y APIA denuncian por “prevaricación” a la Secretaria de Administración Pública de la Junta. Europa Press. 23 de Octubre.

Por “excluirlos” de la Mesa General de Función Pública

SAF, Sindicato Médico y APIA denuncian por “prevaricación” a la Secretaria de Administración Pública de la Junta

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), formada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Asociación de Profesores de Instituto y Afines (APIA) han presentado una denuncia penal ante el juzgado de instrucción contra la secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Lidia Sánchez Milán, por un posible delito de “prevaricación” y otro de “incumplimiento manifiesto de una decisión de autoridad superior”, al haber sido “excluidos” de la Mesa General de Función Pública de la Junta.

   En una nota, la Faspi ha explicado que se ha formulado ya la denuncia ante el juzgado de instrucción y ha precisado que la denuncia en cuestión tiene como fundamento un posible delito de “prevaricación”, regulado en el Código Penal, y de otro de “incumplimiento manifiesto de una decisión de autoridad superior, dictada dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales necesarias”.

   Agrega que los hechos denunciados se encuadran en el tipo contenido al artículo 404 del Código Penal, que “castiga el dictado de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos y el hecho de que las autoridades o funcionarios públicos se negaran abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de formalidades legales”.

   La Faspi considera que en este supuesto, “no puede resultar más claro que la actuación de la denunciada intenta evitar el mandato contenido en el propio certificado, emitido por la autoridad competente, que le habilita para formar parte de la Mesa General de la Función Pública”.

   Ésta es la segunda medida en una semana tomada ante los tribunales por esta federación andaluza, integrada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

   Faspi presentó el pasado martes un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la no inclusión de Faspi en la Mesa General de Negociación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, constituida el 5 de octubre de 2012.

   En este recurso Faspi exige la suspensión cautelar de la constitución de la mesa y de cualquier acuerdo adoptado.

   La federación ha recordado que tras las elecciones sindicales, celebradas en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, durante los años 2010 y 2011, “la Faspi ha obtenido el respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo con los requisitos de representación que la legislación vigente exige para forma parte, con todos los derechos, de la Mesa General“.

   Ha explicado que esta circunstancia “ha sido puesta en conocimiento de la Presidencia de la Mesa, hasta en tres ocasiones, en las que se reitera la obligación de ser convocada a formar parte de la citada Mesa General, dada la trascendencia de los asuntos a tratar, y el hecho de que los acuerdos y negociaciones que pudieran llevarse a cabo no serían conformes a la legalidad vigente, al no encontrarse presentes los representantes legítimos de los trabajadores, con el fin de hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva”.

   “La actitud insistente de la Presidencia de la Mesa, personificada en la denunciada que, en todo momento se niega a convocar a los legítimos representantes de los trabajadores, supone un atentado al derecho a la libertad sindical, que no puede, ni debe quedarse en el mero ámbito “administrativo“, sino que por su trascendencia le hace merecedor de una sanción penal”, asevera la Faspi.

   En este sentido, considera “obvio” el propósito de la Presidencia “al evitar que organizaciones sindicales no afines a los postulados de la Administración participen en un debate tan importante como es el del mayor recorte social y económico que han sufrido los empleados públicos en Andalucía en toda su historia”.

   Insiste en que esta circunstancia “ha motivado que Faspi no tenga otro camino que el de los tribunales para hacer valer sus derechos y, principalmente, los de sus representados”.

“PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN”

   La Federación andaluza ya advirtió de los “perjuicios de difícil reparación” que pueden acarrear su “exclusión” de esta negociación, pues “se podrían adoptar acuerdos vinculantes que afectarían de forma indefectible a los funcionarios públicos, sin haber sido negociados con los sindicatos más representativos de dicho personal”.

   Además, recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que “además, también estarán presentes en estas mesas generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieren obtenido el 10 por ciento de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate”.

   La Faspi recuerda la necesidad de la figura del funcionario “como garante de la legalidad en la Administración” y denuncia que se haya convertido en “el centro de la diana de numerosos ataques, llegando ahora a recortar sus derechos más básicos como la elección de quienes les representen”.