La Junta denuncia a cuatro ex directivos de EPSA por cobrar pluses indebidos. Malaga Hoy. 21 de Octubre.
LA ADMINISTRACIÓN PARALELA
La Junta denuncia a cuatro ex directivos de EPSA por cobrar pluses indebidos
Los altos cargos recibieron “privilegios de dudosa legalidad y moralidad”, diseñados a medida para saltarse la ley y recibir cuantiosas retribuciones, según el relato de la Administración.
La Junta de Andalucía ha denunciado ante los tribunales a cuatro ex directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) por el supuesto cobro de salarios y retribuciones indebidas mientras ejercían sus funciones. Estos miembros de la alta dirección de la empresa pública de vivienda denunciaron previamente a la Junta tras ser despedidos en julio en el proceso de reestructuración de los órganos directivos que llevan a cabo los nuevos gestores de EPSA, ahora en la Consejería de Fomento y Vivienda gestionada por Izquierda Unida. Los denunciantes entienden que tras el cese tienen derecho a una indemnización, negada por la Junta.
La Administración andaluza esgrime recientes decretos autonómicos por los que los altos cargos de las empresas públicas no tienen derecho a recibir indemnizaciones y se remite al momento procesal oportuno para explicar las razones por las que se opone a estas pretensiones. Pero lo novedoso en este tipo de conflictos es que la Junta de Andalucía se ha acogido a un instrumento jurídico poco frecuentado, la reconvención, una suerte de contraataque.
Si los denunciantes se presentan como empleados rasos y reniegan de su condición de altos cargos para tener derecho a la indemnización alegando despido improcedente, la Junta desestima ese argumento y les exige, en consecuencia, que devuelvan los ingresos salariales y dietas que recibieron por su condición de altos cargos. Estas reclamaciones han tenido un capítulo previo al judicial en el centro de mediación, arbitraje y conciliación de Sevilla, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Las cuatro vistas celebradas en las últimas tres semanas han concluido sin avenencia, por lo que el asunto acaba de entrar en vía judicial, por las dos partes. Hay un quinto ex alto cargo despedido que también ha denunciado a la Junta, por lo que el itinerario puede repetirse en su caso.
El conflicto ha permitido conocer algunas de las prácticas que se han llevado a cabo en esta empresa pública, una de las más importantes del oscurantista sector público andaluz, de actualidad esta semana por el recorte de 30 de sus directivos intermedios (se quedan en 68) decidido por el departamento que dirige la izquierdista Elena Cortés.
Los denunciados pertenecieron a la alta dirección de EPSA hasta el pasado mes de julio.Eran 10 y los puestos se han reducido ahora a cinco, tres ocupados por nuevos gestores de IU (incluido director y subdirector) y otros dos que se mantienen. De los ocho salientes, cinco denunciaron a la Junta y, por el momento,la Junta ha denunciado a cuatro.
El caso más llamativo de los que han pasado por el órgano de mediación es el de José Manuel Vergel, que fuera director de Recursos Humanos de EPSA. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva esta redacción, Vergel ingresa en EPSA mediante libre designación sin someterse a proceso selectivo alguno. La propia Junta asevera en el texto de reconvención que “ha sido práctica habitual en la empresa pública durante mucho tiempo que la selección de puestos de alta responsabilidad careciera de criterios objetivos y estuviera reservada a personas designadas esencialmente por su afinidad política”.
En el caso de Vergel su selección viene motivada por su “estrecha vinculación personal y política” con el entonces director de EPSA, Jorge Cara, que ocupó el cargo de 2007 a 2010 y fue subdirector desde 2004. Cara es desde junio secretario general de Formación Profesional en la Consejería de Educación que dirige Mar Moreno.
Vergel y Cara participaban en la dirección del PSOE de Roquetas de Mar. Vergel compatibilizó el cargo en EPSA con la responsabilidad de la Secretaría de Empleo del PSOE de Almería.
La Junta expone que en septiembre de 2007 Vergel “da instrucciones” para que se le prepare un contrato indefinido desde diciembre de 2006, constando una antigüedad cuantificada en 1.285 euros, y estableciendo que, “habida cuenta que el desempeño de cargo de directivo supone su desplazamiento a Sevilla desde el domicilio familiar de Almería, se pacte expresamente el abono de 7.000 euros brutos anuales, distribuidos en doce pagas, en concepto de indemnización por traslado”.
Un año después ordena que se le beneficie con una indemnización por vivienda. De 2007 a julio de 2012 recibe 53.073 euros en vivienda, una cantidad que la Junta, además, considera que responde a un criterio “absolutamente fraudulento”al tener domicilio familiar en Sevilla. El nuevo equipo de EPSA considera queestableció el abono de dichas cantidades para incrementar sus retribucionesy, además, pactó percibirlo en especie “para eludir las limitaciones establecidas legalmente” a partir de 2010, cuando los emolumentos no podían superar el sueldo del presidente de la Junta (68.981).
Vergel pacta incluso mantener estas retribuciones si abandona la alta dirección, “siguiendo una práctica habitual en la empresa de reconocer privilegios de dudosa legalidad y moralidad”, según el escrito de la Junta. Este alto cargo pasó de cobrar 55.977 euros como directivo intermedio a 78.179 euros.
La Junta, además, le achaca “negligencia profesional” en la defensa de los intereses de la empresa. EPSA perdió dos juicios contra dos ex altos cargos (Manuel León y Antonio Barrios) y culpa a Vergel de la estrategia, que pudo estar diseñada para “allanar su posible itinerario judicial posterior”.
La Junta también ha emprendido acciones legales contra otros tres ex altos cargos que han reclamado una indemnización tras su cese. Se trata de José María Salas, ex alcalde socialista del municipio jiennense de La Guardia, Federico Salmerón, ex director de Rehabilitación y Renovación Urbana de EPSA, y Antonio López Jiménez, amigo personal de Jorge Cara.
La política de mantenimiento del empleo público. Malaga Hoy. 21 de Octubre.
La política de mantenimiento del empleo público
La diana del recorte. Dado que no es posible ni conveniente subir impuestos y que el capítulo inversor es mínimo, será el gasto corriente la partida que tendrá que soportar el ajuste
| ACTUALIZADO 21.10.2012 – 05:04
Las restricciones presupuestarias derivadas de la reducción de los ingresos tributarios, y de los compromisos que limitan el déficit y la deuda pública, van a abocar a la Junta de Andalucía a violentar su máxima de “defensa del empleo público”. La Consejería de Hacienda está tratando de cuadrar un proyecto de presupuesto para final de este mes, y la tarea debe ser compleja, pues si bien la Junta de Andalucía ha conseguido que se reponga la autorización de endeudamiento al 15,1% del PIB, la exigencia de cerrar 2012 con un déficit máximo del 1,5% del PIB exigirá recortes adicionales antes de que acabe el año, mientras que el compromiso de seguir reduciendo el déficit hasta el 0,7% del PIB en 2013 será aún más complicado en un escenario de continuidad de la recesión (las previsiones disponibles apuntan a una reducción entre el 1,6 y el 2% del PIB para 2013) y, en consecuencia, de reducción de los ingresos fiscales. Adicionalmente, la petición al Fondo de Liquidez Autonómico de 4.906,8 millones de euros restringe severamente a la Junta de Andalucía la posibilidad de desviarse de los objetivos de déficit establecidos.
En este contexto, y dada la práctica imposibilidad (e inconveniencia) de aumentar los impuestos, la reducción del déficit exige recortar el gasto y, reducida a la insignificancia la inversión, será el gasto corriente el que tenga que soportar el ajuste. Es por ello por lo que inevitablemente habrá de reducirse el empleo público.
Según los últimos datos disponibles, facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y referidos al mes de julio de 2011, el empleo del conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía se elevaba a 499.961 personas, a las que debensumarse los empleados en empresas y otros entes públicos. El 50,8% del empleo público en la región correspondía a la Junta de Andalucía, y el resto a la administración estatal, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades. De la fuente de información referida se deriva que por cada millón de euros producidos en Andalucía hay 1,7 empleados públicos autonómicos (1,3 de media entre las comunidades autónomas), o que éstos significan el 9,1% del empleo regional (7,4% de media en España), lo que nos viene a poner de manifiesto la desproporción del empleo público con nuestra base productiva y laboral. Incluso el coeficiente entre empleo público autonómico y habitantes (30,1 empleados públicos por 1.000 habitantes en Andalucía frente a 28,6 de media en las CCAA) pone de manifiesto un exceso relativo de plantilla, lo que podría traducirse en unos servicios públicos de más calidad que la media española, aunque esta posibilidad no sería compartida por muchos ciudadanos, que probablemente explicarían el mayor peso del empleo público andaluz por su baja eficiencia relativa.
Esto es lo que perciben muchos usuarios de los servicios públicos, que vienen a coincidir en el exceso de plantillas y en la baja intensidad del trabajo de éstas, aunque esta consideración no sea generalizable a toda la administración autonómica, pues junto a departamentos con sobredotación de empleo existen otros con necesidad de personal. En cualquier caso, la posibilidad de ganancias de productividad es bastante generalizada en la administración autonómica, máxime en tiempos en los que la actividad se ha reducido por la crisis, especialmente en los departamentos inversores. En consecuencia, el ajuste del empleo público a las necesidades reales del trabajo no sólo es necesario para reducir el déficit público, sino también para aumentar la eficiencia de la administración pública.
Sin embargo, el gobierno regional y los partidos que lo sustentan vienen defendiendo históricamente el mantenimiento del empleo público a cualquier precio, lo cual no deja de ser paradójico si observamos el entorno económico. Si las empresas han hecho frente a la reducción de ingresos con ajustes que en muchos casos se han traducido en reducciones de empleo, la Junta de Andalucía ha hecho frente a la caída de los ingresos con diversas medidas de menor racionalidad económica: por una parte, aumentando impuestos, trasladando así la ineficiencia pública a la reducción de la renta disponible de los ciudadanos y, en consecuencia, del consumo y la inversión; por otra, reduciendo drásticamente las inversiones públicas, lo que condiciona negativamente el futuro económico y reduce la actividad y el empleo de las empresas a través de las cuales se aplican las inversiones; por otra, reduciendo intensamente la contratación de servicios externos, lo que ha llevado al cierre a numerosas empresas que vienen trabajando para la administración autonómica y al paro a sus empleados; y, por otra, retrasando el pago a los proveedores hasta provocar la asfixia financiera de empresas eficientes y competitivas, que han tenido que cerrar y despedir a sus empleados. Por todo ello, la defensa a ultranza del empleo público ha tenido unos costes elevados para muchas empresas y familias a las que también representa el gobierno y cuyos intereses debe velar con semejante celo que al de los empleados públicos.
A pesar de la defensa numantina del empleo público, las restricciones para cuadrar el presupuesto de 2012 ha determinado que la consejera de Hacienda haya abierto la veda al ajuste del empleo en algunas empresas y entes públicos dependientes del presupuesto de la Junta de Andalucía, pero la resistencia del PSOE e IU al posible coste político de la reducción del empleo público ha llevado a algunos centros directivos a reinterpretar la decisión como reducción de directivos de empresas públicas, para satisfacción del PP que aboga también por no tocar el empleo público a excepción de los cargos directivos. Lareducción de cargos directivos será razonable, pero en términos presupuestarios no será determinante para ajustar el presupuesto al compromiso de déficit, y esquivará la necesaria reforma de la administración autonómica. Por ello, es posible que de nuevo se desaproveche la oportunidad de racionalizar el empleo público como ya ocurrió con el controvertido Decreto-Ley de julio de 2010 sobre reordenación del sector público andaluz, que se saldó con mucho ruido y con una cosmética reducción de empresas y entes público.
Los tiempos de crisis son tiempos de cambios y de reformas que no se abordan cuando las condiciones económicas son favorables. Es evidente que en la Junta de Andalucía hay un exceso de empleo público, que existen centros directivos cuyas funciones se superponen con otros entes públicos, que muchos organismos son prescindibles sin que la calidad de vida de los andaluces se vea afectada, quealgunas empresas públicas compiten deslealmente con empresas privadas,que las posibles ganancias de eficiencia en el trabajo público son notables, quela mayor parte de los empleados públicos se encuentran desmotivados o frustrados porque se ha preferido rebajar sueldos y quitar incentivos para que nominalmente se mantenga el empleo,…
En definitiva, es necesario abordar una reforma de la administración autonómica integral con criterios de profesionalidad y racionalidad económica y no determinada por los intereses políticos. Esa reforma debe afectar no sólo a las empresas públicas, sino también a la administración ordinaria y otros muchos organismos, debe favorecer una administración más flexible y adaptativa a los cambios en la demanda, en la tecnología y en la forma de proveer los servicios públicos,… Con el tiempo se hará, pero como casi siempre será tarde y en el camino perderemos los mejores empleados públicos y se habrá lastrado el desarrollo de Andalucía.
Sobre el empleo público. Editorial. Diario de Sevilla. 21 de Octubre.
EDITORIAL
Sobre el empleo público
| ACTUALIZADO 21.10.2012 – 01:00
LAS consejerías de Fomento y Salud de la Junta de Andalucía han eliminado esta semana numerosos cargos directivos de sus estructuras propias y de sociedades de gestión creadas por las mismas. La reestructuración ha sido bien acogida por la opinión pública como muestra de austeridad y ahorro. No obstante, resulta completamente insuficiente si lo que se busca es un ahorro determinante para enjugar el déficit público. Los dos partidos que gobiernan Andalucía en coalición (PSOE e IU) vienen proclamando la idea de que con estas medidas contribuyen a cumplimentar el objetivo de reducción del déficit -compromiso aún más firme e imprescindible después de que la comunidad autónoma se haya acogido al rescate del Fondo de Liquidez Autonómico-, pero la realidad dista mucho de esta visión optimista, teñida en buena parte de populismo y electoralismo. En efecto, el Gobierno andaluz y los partidos que lo sustentan consideran que la defensa del empleo público a cualquier precio es innegociable. Mientras las empresas andaluzas se ven obligadas a afrontar su caída de ingresos mediante ajustes que en muchos casos conllevan reducciones de empleo, la Junta hace frente a sus dificultades financieras con aumentos de impuestos que castigan la capacidad de consumo de los ciudadanos, bajada drástica de las inversiones que incide negativamente en la actividad económica y el empleo y cese de la contratación de servicios externos y retraso en el pago a sus proveedores. Todas ellas son medidas que afectan, para mal, a empresarios y trabajadores de Andalucía cuyos intereses también han de ser representados y defendidos por el Gobierno autonómico. El criterio para una reforma y reordenación del sector público andaluz -muy numeroso en base a cualquier parámetro objetivo con que se examine y desproporcionado con respecto a nuestra base productiva- no puede ser en exclusiva la continuidad del empleo que proporciona en sus numerosos departamentos, sociedades, consorcios, fundaciones y observatorios. Hay un exceso de empleo público, organismos prescindibles, otros que se solapan entre sí y algunos cuya actividad, por la propia crisis, no se corresponde con la dimensión que han adquirido. Urge una revisión a fondo.
Andalucía opta por la reducción de directivos para adelgazar el sector público. Diario SUR. 21 de Octubre.
ANDALUCÍA
Andalucía opta por la reducción de directivos para adelgazar el sector público
El recorte en los entes instrumentales de la Junta, clave de los Presupuestos para 2013, que se prevén muy restrictivos
21.10.12 – 01:24 -
MARÍA DOLORES TORTOSA | SEVILLA.
MARÍA DOLORES TORTOSA | SEVILLA.
El Gobierno andaluz ha optado por la reducción de cargos directivos en las empresas o entes públicos para reducir costes antes que el despido de trabajadores, aunque este no esté descartado del todo. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, han sido las primeras esta semana en anunciar medidas de este tipo, pero fuentes de la Junta señalan que no serán las únicas.
Cortés ha programado la supresión de 30 puestos directivos en la Empresa Pública de Suelo (EPSA) que, con un millar de empleados y apenas trabajo por laausencia de inversiones en infraestructuras, pesa como una losa en el presupuesto andaluz. El pasado verano había relevado a otros diez altos cargos. Montero, por su parte, también ha anunciado un recorte del 20% de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (63 de 354 directivos) para ahorrar cinco millones de euros. Para ellounifica la dirección de hospitales y centros sanitarios.
El Gobierno andaluz interpreta ambas medidas como una continuación de la reducción de cargos públicos anunciada por Griñán para aminorar gasto debido a la crisis económica y financiera. Primero tocó a la administración central, con la unificación de consejerías, desapareciendo tres de la pasada legislatura. Luego la periférica, con otra disminución de la mitad de las delegaciones. Y ahora toca al sector público.
Armonización de salarios
La eliminación de puestos intermedios sucede a otras medidas reductoras de emolumentos, entre ellas la armonización de salarios de los puestos directivos tanto de la Administración general como de las empresas públicas y que los de estas no cobren más que el presidente de la Junta, circunstancia que se daba en numerosos casos. Todo ello se recoge en el Plan de Ajuste de Medidas Económicas y Financieras aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de mayo para garantizar que Andalucía no sobrepase el objetivo del déficit público marcado para este año, el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Varias de las medidas responden a los decretos del Gobierno central de aumentar la jornada laboral de los empleados públicos y rebajar sus salarios.
La reducción última de directivos en los entes empresariales de la Junta coincide, no obstante, con las presiones del Gobierno de Rajoy para que las comunidades adelgacen su sector empresarial, sobre todo si como Andalucía se ha acogido al rescate del Fondo de Liquidez Autonómica. En realidad es una de las condiciones, como no se cansa de repetir el Partido Popular en Andalucía.
La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado por activa y por pasiva que la Junta no va a emprender otra reestructuración del sector público porque esta ya se acometió en 2010 con lareducción de 111 entes, proceso que culmina a final de este año con la supresión de 95 consorcios locales. Aguayo insiste en que el sector, que da empleo a 24.000 personas, no va a «redimensionarse» otra vez.
Pero al mismo tiempo, la consejera ha anunciado que en las cuentas públicas que prepara para 2013 los entes instrumentales recibirán menos dinero para su financiación, lo que deja en manos de las consejerías de las que dependen las medidas «de restricción presupuestaria» que consideren más oportunas, siempre con la máxima de preservar puestos de trabajo. Elena Cortés ha sido la primera en aplicarse el cuento.
La Junta de Andalucía considera como propios 124 entes instrumentales que dependen de su Presupuesto (agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios). Pero la cifra es mucho mayor a efectos del Ministerio de Hacienda,que incluye las diez universidades y otras fundaciones o empresas participadas por la Junta. En definitiva, también dependen del Presupuesto autonómico.
Transferencias
En el ejercicio 2012 la previsión de financiación presupuestaria de los entes que la Junta considera como propios asciende a 3.322 millones de euros, en concepto detransferencias y subvenciones, según se recoge en la Ley de Presupuestos de este año. No se recoge el montante global del resto.
La consejera ha anunciado un Presupuesto «restrictivo» por la situación económica, que prevé un crecimiento negativo de más del 1% del PIB (aún sin concretar). Pero la gran espada de Damocles para el próximo ejercicio será la obligación de cumplir con un objetivo de déficit público del 0,7% del PIB, si el Gobierno no cede y flexibiliza este margen como desean las comunidades autónomas. El Gobierno andaluz lo ha calificado de «injusto». El incremento de la capacidad de endeudamiento dos puntos hasta el 15% supondrá un respiro de 2.700 millones de euros para el departamento de Aguayo, pero todas las fuentes gubernamentales avisan de lo peor. Serán unas cuentas duras. Si el pasado año fueron las inversiones las que sufrieron el mayor tijeretazo, todas las miradas apuntan esta vez al sector público empresarial.
Hasta ahora solo se ha dado a conocer que el empleo y el sustento de los servicios públicos del llamado estado del bienestar (educación, sanidad y dependencia) serán los luminosos de un presupuesto que se prevé parecido en cuantía al de 2012, que se aprobó en 32.000 millones de euros, pero al que se le sisó 2.700 millones con el plan de ajuste aprobado en mayo.
El empleo es una obsesión para el Gobierno de una comunidad que puede llegar el próximo año al 35% de su población activa en paro, según los analistas económicos. El consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, ha emplazado a las restantes consejerías a centrar sus programas en la creación de empleo.Izquierda Unida quiere que esto se traduzca en más fondos para los planes de políticas activas, como el plan de obras en colegios para parados (plan OLA), el de arreglos de caminos o el de rehabilitación de viviendas. Todos ellos dotados con 200 millones de euros. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, habla de presupuestos «solidarios» en respuesta también a un acuerdo con IU para reforzar el salario social para familias sin recursos.
Si bien la Junta quiere que las políticas de empleo sean la seña de identidad de las futuras cuentas autonómicas, las primeras del Gobierno de coalición PSOE-IU, este se topa con una paradoja, la de no poder asegurar que se puedan preservar los puestos de trabajo de la propia Administración autonómica.
¿De qué otra forma puede recortarse gasto en el sector público? ¿Será suficiente con la reducción o despido de los directivos intermedios? «No puedo contestar por centros que no son de mi competencia», ha dicho Aguayo.El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ya ha advertido de que sería «una contradicción» no predicar con el ejemplo. IU, no obstante, admite como el PSOE, quela finalidad es preservar «el mayor empleo posible», pero no descarta despidos.
Hospitales y hoteles
Hasta el PP, que tiene recurrida a los tribunales las normas de reestructuración del sector público por considerar que se colaba por la puerta de atrás de la función pública a «enchufados» del PSOE, ahora pide que se preserve el mayor empleo posible. «Hay margen para reducir sin afectar a los trabajadores», manifiesta Alicia Martínez, vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP -A.
La consejera de Presidencia ha dado una pista: «No puede tener el mismo tratamiento, por ejemplo, el hospital de la Costa del Sol o el Infoca que otro tipo de servicios que en este momento tienen un porcentaje de carga de trabajo bastante inferior». Y es que el entramado de las empresas públicas entranactividades tan dispares como las de Canal Sur, varios hospitales, el servicio de emergencias sanitarias, la Fundación Baremboin-Said, consorcios de transportes, los metros o el apartahotel Trevenque de Sierra Nevada. (Listado en la web de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas).
¿Cuál es el verdadero tamaño de la Junta?. Málaga Hoy. 21 de Octubre.
¿Cuál es el verdadero tamaño de la Junta?
La Administración paralela le cuesta al ciudadano al menos 2.500 millones de euros al año · Los inventarios de entes del Ministerio y la Consejería no coinciden
Fede Durán / SEVILLA | Actualizado 21.10.2012 – 05:04
Adelgazar, adelgazar, adelgazar. El verbo más pronunciado en Bruselas es el más temido en Andalucía. Porque el sujeto de la frase es la Junta, atrapada en un discurso imposible que dice que gastar menos con el mismo bastidor es perfectamente viable. El Gobierno español, fiel recadero del alemán, impuso un plan de austeridad a todas las comunidades autónomas: antes del 1 de enero de 2013, los deberes deben estar hechos. El pulpo andaluz es imponente: 380 entes que deberán convertirse en 269, según el inventario del Ministerio de Hacienda. Y ahí comienzan los problemas.
Porque esa lista incluye, por ejemplo, a las universidades. Porque los cálculos de la Junta e incluso de los sindicatos difieren. Porque los Presupuestos, que son la verdadera brújula de control, sólo incorporan a los destinatarios de transferencias de financiación (18 agencias públicas empresariales, nueve sociedades mercantiles, diez consorcios y una fundación).
La Junta se movió rápido: el 17 de febrero de 2011 aprobaba la ley de reordenación del sector público de Andalucía, a la que seguirían un puñado dedecretos y resoluciones. Se creaba la Agencia del Conocimiento, que absorbía a tres entidades; la de Servicios Sociales y Dependencia, que se zampaba dos fundaciones; Amaya, que fusionaba Egmasa y la Agencia del Agua; la Agencia de Obra Pública, que asumía el hueco de Ferrocarriles de la Junta y Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Extinciones puras y duras, sin recolocaciones o digestiones, había pocas: apenas tres sociedades mercantiles.
Presionado por IU, los sindicatos y su propio pasado, el Ejecutivo andaluz es muyreacio a asumir recortes de personal, así que de momento insiste más en la nomenclatura. Buenos ejemplos son el de la Faffe, con alrededor de 1.200 trabajadores integrados ahora en el SAE; el de la antigua Egmasa, donde parte de sus casi 5.000 efectivos pertenecen hoy a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua; o el de las más de 70 oficinas comarcales agrarias engullidas por las delegaciones provinciales de Agricultura. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha esbozado ya el próximo movimiento: borrará del mapa 95 consorcios, las denominadas unidades territoriales de empleo y desarrollo local y tecnológico, abriendo así una oscura grieta laboral. UGT-A denuncia que unos 800 trabajadores han sido despedidos en vez de incorporarse al SAE como estaba previsto. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) rebaja la cifra a 70.
Asumidas las dudas sobre las hechuras del Polifemo, sí es factible, por el contrario, tasarlo económicamente. Los Presupuestos de 2012, los de las 18 agencias, diez consorcios, nueve empresas y una fundación, iluminan casi todo: unas partidas agregadas (globales) de 3.625 millones de euros, un coste para el ciudadano de 2.564 millones (el dinero destinado a la Administración paralela vía transferencias y subvenciones), unos gastos de personal de 877 y un desfase entre beneficios y pérdidas de 8,4, aunque ésta sea una cifra maquillada por las transferencias y otros trucos contables.
El pastel presupuestario está desigualmente repartido. Entre las agencias gana la de Servicios Sociales y Dependencia (1.178,1 millones); seguida del Ente Público Andaluz de Infraestructuras (373,2); la Empresa Pública del Suelo (268,4); la Amaya (257,2); RTVA (219,6); la agencia IDEA (187,9); las agencias públicas empresariales sanitarias de la Costa del Sol (154,9), Almería (134,4) y el Alto Guadalquivir (125,5); la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (98,8); la Agencia de Cooperación Internacional (58,7); la APE sanitaria del Bajo Guadalquivir (53); la Agencia de Puertos (51,4); las de Instituciones Culturales (39,5); Obra Pública (19,3); Energía (10,9); y Conocimiento (9,7).
La Fundación para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) presupuestó 42,1 millones en 2012; mientras que los consorcios sumaron 120,4 y las sociedades mercantiles (Extenda, Inturjoven, Cartuja 93, Promonevada, Sogefinpa, Cetursa, la Empresa Pública de Gestión de Activos, la de Turismo y Deporte y la Escuela de Salud Pública) concentraron 209,2.
Pero la clave está en otros números, los de las plantillas. La Junta es la gran empleadora de la región, con casi 260.000 efectivos entre funcionarios y laborales.Aunque de nuevo las cifras bailen en función de a quién se pregunte, el departamento de Aguayo recuenta 22.485 funcionarios y 23.289 contratados adscritos a laAdministración General de la Junta. Sanidad y Educación suponen 200.000 profesionales más, y la cuenta definitiva se redondearía con los de Justicia. En losPresupuestos de 2012, los gastos de personal ascendían a 9.853 millones, un 0,9% más que en 2011, lejos del espíritu de contención proclamado por los guardianes de la Eurozona. Ilustra mejor el peso de la cifra su valor relativo: la Junta se gasta en su ejército de trabajadores casi un tercio de sus recursos anuales.
¿Es posible ir más allá, descender al detalle, saber a ciencia cierta cuál es la cuña de la tarta laboral que se queda la Administración paralela? En realidad, todavía no, al menos si la idea es ceñirse al presente. El desbarajuste es tal que la propia Junta acordó el pasado 24 de julio reclamar información relativa a los“puestos de trabajo, tipos de contratación, estructura retributiva y medidas de ajuste en materia de gasto de personal”. Aunque daba tres meses de plazo a agencias, consorcios, fundaciones y empresas para concretar, aún no hay novedades al respecto. Aquello fue una confesión implícita de incompetencia -el titán que no controla a sus huestes-, pero existen otras vías de investigación.
La más útil es el Registro Mercantil Central, que combina los últimos datos disponibles de un puñado de agencias y empresas. La antigua Egmasa contaba con 4.971 empleados (personal laboral) a cierre de 2010; Canal Sur Radio y Canal Sur TV agrupaban a 1.727 en 2011; la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol a 1.662 (2010); la Agencia Pública del Suelo a 753 (2010); Inturjoven a 393 (2010); Cetursa Sierra Nevada a 353 (2011); la Agencia Pública de Obra Pública a 129 (2010); la Escuela Andaluza de Salud Pública a120 (2010); y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones a 84 (2011).
Las dimensiones del conflicto son monstruosas. La Junta tendrá que:
- Aclarar por qué no supo controlar el crecimiento de su brazo paralelo una vez se oficialicen los datos de su tamaño real,
- Justificar el mantenimiento del empleo (IU presionará en esa dirección)pese al imperio del déficit bajo control, y
- Asumir lo que decida el Tribunal Supremo sobre la supuesta ilegalidad de los protocolos de integración del personal laboral, donde no se han respetado, según el TSJA, los principios de publicidad, capacidad, igualdad y mérito en el acceso a las plazas provisionadas.
El callejón no tiene salida. Francisco Iglesias, secretario de Acción Sindical del CSIF, advierte que “la Junta no puede conservar el entramado actual. Hay que elegir más selectivamente al personal laboral. Hay que eliminar duplicidades. No se trata de recortar puestos de trabajo sino de reasignar funciones. Salud, educación y dependencia son intocables y hasta mejorables, pero actualmente no hay carga de trabajo y hay trabajadores que asumen funciones que no les corresponden”, sintetiza. José Manuel Mateo, secretario general del SAF, va más allá: “Nuestro objetivo es derribar la Administración paralela porque le quita competencias y trabajo a los funcionarios. Es verdad que hay ciertos servicios que pueden derivarse porque la Junta no los tiene previstos en las relaciones de puestos de trabajo, pero la mayoría están duplicados y triplicados. Habría que estudiar cuáles son esos servicios imprescindibles a los que no alcanza el funcionario y entonces ofrecérselos a una agencia mejor administrativa que privada”. Mateo considera que la Junta tendrá que tragarse el sapo del personal laboral si el TS falla en su contra. “Ganan hasta tres veces más que un funcionario y muchos son ex altos cargos del PSOE. A ver qué hace con esos 30.000 contratos”.
Presuntamente antes de noviembre, la Junta quitará el precinto a la cuna y enseñará al mundo su criatura: peso y altura, dieta, constantes vitales. Lo que suceda después es un misterio.
PCA apoya “aligerar la estructura burocrática” del sector público andaluz “reduciendo directivos, pero no empleados”. Europa Press. 20 de Octubre.
Reunión del Comité Central en Humilladero (Málaga)
PCA apoya “aligerar la estructura burocrática” del sector público andaluz “reduciendo directivos, pero no empleados”
José Manuel Mariscal
Foto: EUROPA PRESS/ARCHIVO
Foto: EUROPA PRESS/ARCHIVO
Respalda la huelga general y propone conceder el próximo 28 de febrero el título de Hijo Predilecto a título póstumo a Manuel García Caparrós
HUMILLADERO (MÁLAGA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Comunista de Andalucía (PCA) se ha mostrado este sábado partidario de“aligerar la estructura burocrática” del sector público andaluz reduciendo para ello el número de directivos, “pero no de empleados” en el seno de aquellas empresas que se encuentren “más saturadas de burocracia”.
Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, quien ha participado en la reunión del Comité Central de este partido que se ha desarrollado en la localidad malagueña de Humilladero, y en la que los comunistas andaluces han aprobado un informe en el que definen las líneas de acción que, en su opinión, deberían servir a la Junta de “criterios” a tener en cuenta para la elaboración de sus presupuestos de 2013.
Una de dichas políticas, ha señalado Mariscal, es la de la “defensa del mantenimiento del servicio y el empleo público” y el rechazo a cualquier “recorte en sanidad o servicios sociales”, si bien ello no les impide apoyar una reducción del número de directivos en empresas de dicho sector en las que hay “muchos capitanes y pocos soldados”.
El líder del PCA ha puesto en este sentido como ejemplo la labor que está llevando a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), para aligerar la estructura directiva de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) a través de la eliminación de cargos directivos.
Se trata, ha explicado Mariscal, de reducir la “red clientelar creada por los socialistas” en sus años de gobierno de la Junta, y reducir un sector con empresas en las que “hay mucha saturación”, todo ello sin llevar a cabo eliminaciones de entidades públicas como las anunciadas este viernes por el gobierno de la Comunidad Valenciana que dirige Alberto Fabra (PP), una decisión que en Andalucía sería vista por el PCA “no como una línea roja traspasada, sino como una bomba atómica”.
Además, el secretario general de los comunistas andaluces ha detallado que el mencionado informe, que ha recibido el respaldo de 45 votos frente a nueve abstenciones, aboga también por materializar la concesión de una “renta social”, como defiende IU, y por “dotar de contenido” la labor de la Junta contra los desahucios.
Igualmente, el PCA ha vuelto a reclamar la creación de una “banca pública” y ha abogado por reformar el sistema impositivo de la comunidad para “mejorar la recaudación” aumentando los tributos a los que “más tienen”.
RESPALDO A LA HUELGA GENERAL
Por otro lado, el Comité Central del PCA también ha aprobado el apoyo del partido a la jornada de huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre, y para la que se pondrán “a las órdenes de los sindicatos”.
En ese sentido, los comunistas, según Mariscal, han respaldado la idea de UGT y CCOO de convertir dicha jornada en un día de “paro cívico” más que de huelga, para que“paren el consumo y toda actividad, y no sólo los trabajadores”.
TÍTULO DE HIJO PREDILECTO PARA MANUEL GARCÍA CAPARRÓS
Por último, el PCA ha aprobado también en su Comité Central instar a la Junta de Andalucía a conceder, de cara al próximo 28 de febrero, el título de Hijo Predilecto a título póstumo al malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando participaba en una manifestación por la autonomía andaluza.
IULV-CA avala la reducción de “decenas” de cargos directivos en las empresas públicas “sobredimensionadas”. Europa Press. 19 de Octubre.
García: “Es lo normal y racional”
IULV-CA avala la reducción de “decenas” de cargos directivos en las empresas públicas “sobredimensionadas”
SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado de IULV-CA Ignacio García ha avalado la reducción de “decenas” de cargos directivos que se ha producido en los últimos días en empresas públicas de la Junta “sobredimensionadas”, destacando que en los próximos meses se va “repensar” la situación del sector público andaluz, a través de una reflexión “obligada” para servir de la forma “más eficaz” al conjunto de la sociedad andaluza.
En un comunicado, García ha recordado que si el miércoles la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunciaba el cese de otros 30 directivos de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), este jueves fue la consejera de Salud, María Jesús Montero, la que comunicó que reducía en un 20 por ciento los directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro de la reestructuración de la Administración autonómica.
García ha hecho hincapié en que el camino emprendido por IU de reestructuración de la administración pública andaluza tiene como objetivo “mejorar la gestión” con “la optimización de los recursos”. A su juicio, estas iniciativas se corresponden con el planteamiento de Izquierda Unida en la Junta, consistente en mantener el trabajo priorizando los recursos disponibles.
Asimismo, el diputado de IULV-CA ha señalado que la medida emprendida por Cortés el pasado miércoles “no es aislada”, ya que el pasado mes julio la consejera ya redujo a la mitad el equipo directivo de EPSA, pasando de diez a cinco el número de altos directivos y de ocho direcciones de área a tres, manteniendo los cargos de director y subdirector.
Además, en agosto, la consejera decidió eliminar cesantías e indemnizaciones del cuerpo directivo mediante una modificación de su estatuto del directivo intermedio, lo que supuso, en palabras de Elena Cortés, “la eliminación de unos privilegios injustificados”.
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