Declaracion de intenciones

Esta plataforma está formada por empleados y empleadas de la Junta de Andalucia y tiene como objetivo defender nuestros derechos laborales ante los Decretos-Ley 5/2010, 6/2010 y la Ley 1/2011 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenacion del sector publico.
La plataforma se declara independiente y apolítica.
Nuestro objetivo fundamental es que tanto el personal laboral como funcionario, siga manteniendo exactamente la misma relacion ORGANICA Y FUNCIONAL con la Administración que la actual, RECHAZANDO rotundamente la integracion de nuestros puestos en ninguna otra empresa.
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viernes, 5 de octubre de 2012

La Junta de Andalucía veta a los sindicatos profesionales en la constitución de la nueva mesa general de negociación (Por Andalucía Libre) 2 de Ocubre


LA JUNTA DE ANDALUCÍA VETA A LOS SINDICATOS PROFESIONALES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN

La Junta de Andalucía veta a los sindicatos profesionales en la constitución de la nueva mesa general de negociación
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (FASPI) integrada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, el Sindicato Médico (SMA) y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), no ha sido citada el pasado viernes, 27 de septiembre de 2012, a la reunión celebrada para constituir la nueva Mesa General de Función Pública. O sea, además de incumplir las sentencias de los tribunales sobre la función pública, veta a quien la representa realmenteporque algunos de ellos arrasaron en los últimos comicios sindicales celebrados entre 2010 y 2011
Como ya hizo este año en anteriores reuniones, la Junta de Andalucía vuelve a hacer caso omiso a los últimos resultados electorales y vulnera el derecho constitucional manifestado en las urnas. Negando la convocatoria a FASPI para la constitución de la nueva Mesa General de Negociación de Función Pública, sus miembros consideran que “el Gobierno andaluz desvirtúa la representación manifestada por sus funcionarios públicos en un proceso democrático.”
FASPI reitera que la Federación ha obtenido el apoyo mayoritario en las últimas elecciones de 2010 y 2011, cumpliendo los requerimientos de representación que la Ley establece para ser parte de dicha Mesa con todos los derechos. Por ello, la Federación evidencia que la Junta ni siquiera respeta el voto del funcionario público.
FASPI está trabajando para llevar a cabo las medidas legales oportunas desde todas las vías posibles. Desde FASPI se han presentado con anterioridad diversos escritos solicitando la suspensión de las reuniones celebradas. El silencio ha sido la respuesta de la Junta de Andalucía a las denuncias de la Federación. Es más, representantes de FASPI se han presentado en el lugar de celebración de las últimas Mesas Generales, negándoles la administración el acceso a las mismas.
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes asegura que la Junta de Andalucía vulnera, entre otros, el Derecho a la Libertad sindical, consagrado en la Constitución Española, y el derecho a la negociación colectiva reconocido especialmente a las organizaciones sindicales como garantes de una efectiva negociación de las condiciones que afecten a sus representados.
Afirman que el Gobierno andaluz muestra un respeto nulo hacia la voz y el voto de sus propios trabajadoresy, por ende, de sus representantes. Más aún cuando entre los temas a negociar se encuentran el mayor recorte social y económico sufrido por los funcionarios públicos en Andalucía, siendo un asunto de vital importancia en el desarrollo de la Función Pública y del personal al que estos sindicatos representan.Este nuevo atropello a los derechos de los funcionarios tiene especial gravedad cuando, precisamente, los sindicatos vetados son los que arrasaron en los últimos comicios celebrados entre 2010 y 2011, y, además, son las organizaciones sindicales más beligerantes y críticas contra los recortes y la ley del enchufismo.

UN ANTECEDENTE ESCANDALOSO

Aunque se esté acostumbrado a la arbitrariedad, el comportamiento del gobierno Griñán respecto a los empleados públicos cada vez es más inquietante. Ya en febrero de 2012  metió a CC.OO y a UGT en la Mesa Sectorial a pesar de que no tienen representación sindical en la misma. SAFJA  fue el único sindicato que se ha manifestado en contra de la nueva composición de la Mesa Sectorial y ningún sindicato más. El gobierno Griñán permitió, pues, que los sindicatos de “clase” UGT y CCOO, a pesar de no obtener el porcentaje mínimo de representantes exigido en las pasadas elecciones sindicales de los funcionarios públicos, se sienten en la Mesa Sectorial.
El porcentaje de votos obtenidos y certificados por la Consejería de Empleofue el siguiente:
- SAFJA: 43,47 % – 99 delegados
- CSIF: 31,28 % – 71 delegados
- USTEA: 16,74 – 38 delegados
- UGT: 5,73 % – 13 delegados
- CCOO: 1,76 % – 4 delegados
- SAT: 0,88 % – 2 delegados
El porcentaje de representación en la Mesa Sectorial quedó de la siguiente manera:
- SAFJA: 47, 34 %
- CSIF: 34,30 %
- USTEA: 18,36 %
- UGT: 0 %
- CCOO; 0 %
La Junta de Andalucía con esta actitud, según SAFJA, burló la voluntad democrática salida de las urnas. “En una falta de respeto absoluta a las mínimas reglas de la DEMOCRACIA, la Administración no reconoce, no acepta y no acata los resultados electorales. Los funcionarios públicos que fueron llamados a las urnas, han dejado muy clarito quién quiere que los represente. Ni UGT ni CCOO ha obtenido el mínimo del 10% de los delegados necesarios.” Y sin embargo, van a tener presencia.
Seguía el comunicado de SAFJA diciendo: “Nos preguntamos qué clase de democracia es ésta. Los funcionarios públicos son convocados para votar a sus representantes de manera democrática y la Junta impone sus representantes, siempre favoreciendo a sus sindicatos afines, perceptores de millonarias subvenciones. La Administración de la Junta de Andalucía está deslegitimando lo manifestado en las urnas en las elecciones sindicales de 2011, y no sólo afecta a lo votado por nuestros afiliados y simpatizantes, sino también a todos los funcionarios públicos que libre y democráticamente han elegido a sus legítimos representantes.
La excusa esgrimida por la Administración fue que tanto UGT como CCOO tienen la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, según lo dictado por la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985. Esto es, se tiene en cuenta los resultados electorales en otros sectores que nada tienen que ver con el de funcionario público de la Administración General de la Junta, para poder meterlos en todos los foros de negociación. En ningún momento los representantes de la Administración certificaron los resultados globales de las elecciones sindicales a nivel estatal y autonómico, para poder verificar que realmente que estos sindicatos tienen la consideración de más representativos.

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